Una huelga encubierta de basuras torpedea a la nueva alcaldesa de Parla
Ayuntamiento y oposición coinciden en denunciar que se trata de "un boicot"
Una huelga encubierta del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras ha convertido a Parla en apenas una semana en una ciudad maloliente y con las aceras intransitables por la porquería acumulada. Vecinos, Ayuntamiento, sindicatos y oposición coinciden en que se trata de una huelga “no declarada” con un trasfondo político: torpedear a Beatriz Arceredillo, alcaldesa socialista de la localidad de 125.000 habitantes desde mediados de noviembre y crítica con la gestión de sus dos últimos antecesores, Tomás Gómez (regidor de 1999 a 2008 y secretario general del PSM) y José María Fraile, su sucesor e imputado en la Operación Púnica.
Desde 2011 cinco concesionarias se han encargado del servicio
La adjudicataria del servicio de basuras, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Garbialdi y Sadifer, con cerca de 200 empleados, exige al Consistorio que le abone los 5,5 millones que le debe (algunas partidas se remontan a mayo). Como medida de presión, los empleados se han llegado a manifestar ante el Ayuntamiento. Arceredillo se ha comprometido a pagarles la mitad en menos de dos semanas, pero no puede liquidar toda la deuda. “Mi compromiso es saldar la deuda pendiente con todos los proveedores, pero no dispongo de liquidez para hacerlo de una vez. Eso no quiere decir que no pretenda hacerlo”, señala la regidora, que recuerda que acaba de cumplir su cuarta semana al frente del Ayuntamiento. Es decir, que es un problema heredado, como los 369 millones de déficit... Y que no es nada nuevo. “Parla lleva años teniendo problemas de pagos con las distintas concesionarias que se han encargado de la limpieza de la ciudad, y nunca hubo ni huelgas ni manifestaciones casi diarias... ¿Por qué ahora sí lo hacen? ¿Será porque resulto incómoda para algunos?”, se pregunta Arceredillo.
Esos precedentes alimentan sus “sospechas” y las de los demás partidos representados en el pleno —el PSOE sacó 22 votos más que el Partido Popular y gobierna con 11 ediles, el PP tiene los mismos, IU cuatro y UPyD uno—, que no creen en “las coincidencias en política”. Pocas veces el diagnóstico de todos los partidos de un Ayuntamiento coincide. Y en Parla es unánime. “Los ciudadanos están pagando las consecuencias de las guerras internas de un PSM que solo está preocupado por sus luchas de poder y no de atender los problemas de la ciudad, todo ello porque el PSM no controla a esta alcaldesa. Es un boicot”, denuncia el líder de la oposición y portavoz del PP, Miguel Ángel López.
“Siempre se cobraba tarde, pero no hubo ni manifestaciones”, dicen los sindicatos
“Nunca se había parado el servicio y ni siquiera han convocado la huelga”, añade Eugenio Santos, portavoz municipal de IU. “Otras veces se ha tardado más de 15 días en pagar a los trabajadores y no se había dado esta situación, con los puntos de recogida de basura saturados”, añade el responsable de la coalición de izquierdas, que ve “una campaña de mobbing” contra la alcaldesa. “Lo que está ocurriendo no es casual... La ciudad no se merece sufrir por las ambiciones políticas de algunos”, observa Juan Carlos Machuca, portavoz local de UPyD. El responsable magenta apunta que, como alternativa a los problemas de liquidez, el Ayuntamiento ha dotado de vehículos, como barredoras, sufragados por el Plan Prisma, a la adjudicataria actual, que a cambio se encargaría de su mantenimiento.
Como ejemplo, todos los partidos y fuentes sindicales recuerdan que en septiembre de 2011 Valoriza renunció al servicio de recogida y limpieza de basuras, asfixiada por la deuda municipal de 80,2 millones. La Cámara de Cuentas reflejó que el Consistorio llegó a estar 47 meses sin pagar a la concesionaria. Aun así, no hubo ni huelgas ni protestas. A Valoriza la sucedieron tres empresas: Himalaya, que aguantó ocho meses; Editec, que no llegó a cumplir el año; y Parla Limpio, una Unión Temporal de Empresas, que tampoco pasó del año. Garbialdi-Sadifer, la actual UTE adjudicataria, lleva desde septiembre de 2013.
“Todas se fueron yendo dejando dinero a deber a los trabajadores. Abandonaron el servicio debido a la cantidad de dinero que el Ayuntamiento les adeudaba… Siempre se cobraba tarde, con hasta dos semanas de retraso, pero nunca se interrumpió el servicio ni hubo manifestaciones”, destacan fuentes sindicales, que recuerdan que la gestión de Editec y Parla Limpio “está judicializada”. “Cada una de esas concesionarias debe unos 2.000 euros a cada trabajador entre convenio colectivo, mensualidades atrasadas y liquidaciones”, resaltan los sindicatos.
El Ayuntamiento debe 5,5 millones a las empresas concesionarias
Entretanto, un paseo por Parla dibuja un escenario en el que la suciedad acapara las conversaciones. “Esto no es habitual, no sé adónde vamos a ir a parar”, refunfuña una pareja de mediana edad indignada por la acumulación hasta de colchones en la calle. Un perro callejero se acerca al trote y orina en un jergón. “Los trabajadores llevan meses sin cobrar, es normal que estén hartos”, interviene el dueño de un colmado. “No quieren trabajar, pero yo sí. Me preocupa que el mal olor de los contenedores de aquí a la esquina afecte a mi negocio”, protesta un asiático al frente de un ultramarinos. “¡Los camiones pasan de largo sin recoger la basura!”, eleva el tono molesto.
Mientras, a pocas calles, un barrendero hace la guerra por su cuenta en la calle Real, por donde circula el tranvía del municipio, polémico por su coste. “Hago mi trabajo, pero por mucho que haga...”, deja la frase en el aire, con la mirada triste, mientras mete en varias bolsas de plástico las hojas muertas de los árboles que le rodean. “Al menos hace frío. Si hiciera buen tiempo, ya estaríamos temiendo una alerta sanitaria por falta de higiene”, reflexiona un jubilado. Sujeta a su mascota, un fox terrier, con fuerza. “Está nervioso. No sé si ha visto una rata entre la basura”, dice inquieto.
La regidora se persona en Púnica
La alcaldesa de Parla se personó la semana pasada como acusación particular en la Operación Púnica, que investiga una presunta trama que obtenía contratos públicos mediante comisiones ilegales. Beatriz Arceredillo acudió el viernes al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
El juez Eloy Velasco establece en un auto que Fraile, alcalde desde 2008 hasta el pasado octubre, cuando fue detenido —está en libertad tras haber pagado una fianza de 60.000 euros—, adjudicó a la firma energética Cofely un contrato en julio de 2013 por 54,7 millones y 15 años “en el que se detectó que se había seleccionado como auditora a la empresa Ruta Energética”, vinculada al constructor David Marjaliza, otro detenido por la Guardia Civil e íntimo de Francisco Granados, exconsejero de Transportes, Presidencia y Justicia de la Comunidad y ex secretario general del PP de Madrid, además de diputado regional y senador. Fraile habría incurrido en siete delitos, según el juez.
Además de Fraile, fueron detenidos su jefe de gabinete, Antonio Borrego, conocido como El Maletines, la ingeniera municipal Elena María Fernández y Avelino Pérez Pallarés, asesor en el área de obras y mantenimiento de edificios públicos. También está imputada la concejala Victoria Muñoz.
Arceredillo fue una de las protagonistas del Día de la Constitución que la Comunidad celebró el viernes en la Puerta del Sol. Acompañada de su jefa de gabinete, Rocío González, la regidora manifestó a escasos metros de Tomás Gómez su intención de no dimitir y concluir la legislatura pese a las fricciones con la dirección del PSM. El encuentro entre ambos, resuelto con un saludo frío, evidenció la distancia que les separa.
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