Rivas dice que es legal que Sánchez refrendase un contrato a su hermano

Pedro del Cura, alcalde de Izquierda Unida en Rivas-Vaciamadrid, lo tiene claro: la firma de aprobación de un contrato municipal por parte de los concejales es un trámite sin trascendencia. “Se ratifica, no se emite voto”. Así que, valiéndose de este argumento, respaldó este jueves en una rueda de prensa que Tania Sánchez, exedil y candidata de su partido al Gobierno regional de Madrid, refrendase con su firma la adjudicación de 137.000 euros a Aúpa —la cooperativa de su hermano Héctor— para realizar unos talleres musicales. De igual manera, actuó el padre de la diputada. Raúl Sánchez, entonces y hoy concejal, refrendó también el contrato a su hijo por 1,2 millones de euros.

La explicación del regidor, que en los años de las adjudicaciones (2002-2008) era el concejal de Infancia y Juventud —el área que proporcionaba los contratos de Aúpa—, contradice la Ley de Administraciones Públicas. Hay que abstenerse en una votación si “hay parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados...”. Sin embargo, el Consistorio ha elaborado un informe jurídico, basado en sentencias del Supremo de los años ochenta, para defender que si un voto no es determinante en un contrato puede ejercerse.

“Pero si en las adjudicaciones pone que el acuerdo es por unanimidad, ¿no hay votación?”, preguntó un periodista. “No, no hay votación, hay asentimiento”, contestó muy serio Del Cura. El Ayuntamiento reconoce que Raúl Sánchez estuvo en “la mayoría” de los contratos de Aúpa, pero la copiosa documentación que se entregó a la oposición y a la prensa no permite cuantificar las veces.

Al lado del regidor se sentó en la rueda de prensa el portavoz municipal, Curro García Corrales, que mantuvo un discurso en la misma línea, contrario a lo que hizo hace unos días. El segundo teniente alcalde abandonó la sala cuando se adjudicó hace un par de semanas un contrato a Asociación Respeto, Capacidad Crítica y Diálogo para un taller de dinamización musical —como los de Aúpa y con la Concejalía de Juventud de por medio— de 2.479 euros. Así consta en el acta: “Una abstención por ausencia en el momento de la votación”. Después, volvió a la reunión. EL PAÍS no ha podido contactar con el portavoz para conocer los motivos.

Su comportamiento no es atípico. En un Ayuntamiento con el gobierno sumido en guerras intestinas —Del Cura es alcalde desde mayo, cuando el grupo forzó la dimisión de José Masa— es habitual que los concejales muestren su descontento votando en contra de su propio partido. María Paz Parrilla, hoy teniente alcalde, votó a principios de año en contra de dos decisiones municipales.

Del Cura no contestó por dos veces a la pregunta de su relación con Aúpa. No solo los contratos salieron de su concejalía, sino que dos de las cuatro fundadoras —Yolanda Pérez y María Abril Barceló— dejaron la empresa para ser técnicas infantiles como él mismo. Es más, en 2009, Del Cura fue juez y parte. Convocó una oposición en su concejalía a la que se presentó y gracias a la cual dejó de ser interino. Junto a él tres técnicos más mejoraron sus condiciones, entre ellos las citadas Pérez y Barceló.

Mientras tanto, el alcalde asegura que se ha abierto un expediente informativo a todo profesional citado por los medios, excepto a él mismo. Sin embargo, no se actuará contra el funcionario que era, a su vez, apoderado de una empresa de tenis contratada por la Concejalía de Deportes, comandada por Raúl Sánchez. Del Cura reconoce la “incompatibilidad manifiesta”, pero considera que ha prescrito.

La oposición insiste en que la obligación de los Sánchez era abstenerse. “Es por ley y, además de motivos jurídicos, están los éticos. Hay que depurar responsabilidades”, afirmó José Antonio Riber, portavoz adjunto del PP, tras la Junta de Portavoces en la que les entregaron documentación.

Guillermo Magadán, portavoz del Partido Socialista, recuerda cómo en 2010 el concejal de Mantenimiento, que era de su partido —gobernaron durante 20 años casi de forma continua con IU—, dimitió tras haber refrendado un contrato de 3.500 euros a una empresa en la que su mujer tenía una participación del 15%.

PP y PSOE reclamaron conjuntamente una comisión de investigación específica para el caso y ayer se les concedió. Hace una semana, IU les negó esta opción y barajó incluir los expedientes del hijo del concejal en la Comisión de Vigilancia de la Contratación, lo que alargaría los plazos. Este rechazo a la investigación provocó que dos concejales de IU abandonaran el pleno. Del Cura no quiso opinar sobre un posible expediente disciplinario a los dos ediles díscolos.

La comisión empezará a trabajar el martes y previsiblemente la presidirá el PP. El coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, pidió que si existe “un hilo de sospecha” sobre posibles irregularidades en los contratos se investigue.