Torredembarra debe devolver un crédito de 2,5 millones al ICO
El dinero, que la entidad prestó para la nueva sede de la Policía, se dedicó a gasto corriente
El Ayuntamiento de Torredembarra deberá devolver el próximo ejercicio un crédito de 2,5 millones de euros concedido por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) porque el dinero prestado, que es finalista, se destinó a gasto corriente, ha explicado el alcalde, Enric Granjel (PSC).
El ICO prestó dinero al antiguo equipo de gobierno presidido por Daniel Masagué (CiU) para edificar la nueva sede de la Policía Local y rehabilitar el antiguo matadero como centro cívico.
Sin embargo, en vez de construir la comisaría, se alquiló una nave a la empresa Vicsan (que ahora ha quebrado), donde dos años después se inauguró la comisaria, aunque al cabo de poco sufrió goteras.
Tampoco se realizaron las obras en el antiguo matadero y "contablemente, el Ayuntamiento siempre arrojaba superávit, porque las facturas -impagadas- pasaban de un año a otro", señala Granjel.
Los préstamos del ICO vencen el próximo mes de junio y ni se han hecho las obras, ni hay dinero para devolver estos créditos, por lo que Granjel teme que los intereses sean a precio de mercado y no los del ICO, más blandos.
"Solo nos queda negociar con el ICO, para poder devolverlo a plazos", señala el alcalde, decidido a tomar "medidas, por impopulares que sean, para enjugar el déficit".
Granjel recuerda que el Ayuntamiento también tendrá que devolver 800.000 euros a la Generalitat si no pone en marcha el Teatro Auditorio, aún por acabar, que subvencionó el gobierno catalán.
El juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona) investiga, bajo secreto de sumario, el alquiler de la comisaria de la Policía Local, entre otras muchas irregularidades cometidas, presuntamente, bajo la alcaldía de Masagué.
Están imputados por un delito contra la administración pública, además del exalcalde, seis concejales, la jefa de contratación, la interventora, el excordinador de urbanismo y un ingeniero de obras municipal.
El juez también ha imputado a tres empresarios locales -uno, el propietario de la actual comisaría-, y a otro de Barcelona.
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