Los directores de colegios trasladan su cansancio burocrático a Català

Es inusual que los equipos directivos de los centros manifiesten un malestar colectivo como el que representantes de los directores de colegios públicos de las tres provincias trasladaron ayer a la consejera de Educación, María José Català. La nueva tramitación de la información del comedor escolar, las sesiones de 45 minutos impuestas por la LOMCE y el anticipo del inicio del curso lectivo han sido tres gotas que han colmado el vaso de un descontento que viene de lejos, explican, por la sobrecarga burocrática contra la que protestan, al no disponer de ayuda administrativa en los centros.

 “La Administración Educativa está convirtiendo cada día más a los equipos directivos en simples burócratas”, denuncian en la carta modelo que están haciendo llegar a la consejera de educación y que ayer llevaron en mano a la consejería directivos y miembros de las asociaciones de directores de Primaria. Reivindican tiempo para ejercer sus responsabilidades organizativas y pedagógicas, a las cuales lamentan no de poder prestar la atención necesaria.

“Un instituto con 150 estudiantes puede tener un auxiliar administrativo, pero un colegio de 450 alumnos, no tiene ni uno a media jornada”, señalaba gráficamente Vicent Ripoll, presidente de la Asociación Valenciana de Directores de Infantil y Primaria.

Lo corroboraba a su lado Ginés Pérez, presidente de la asociación de Alicante y director de un centro con más de 500 alumnos en El Campello, poco antes de entrar en la consejería para ser recibidos por una jefa de área que se limitó a escucharles y comprometerse a trasladar las demandas a la instancia pertinente.

Las exigencias de los equipos directivos comienzan por el nombramiento de auxiliares administrativos en los colegios públicos, así como el aumento de la asignación horaria para los cargos directivos, e incluye el respeto a las decisiones de los centros sobre el Proyecto Lingüístico y el rechazo a la encuesta a las familias sobre la lengua del centro; la eliminación de la obligatoriedad de las sesiones de 45 minutos, dando autonomía al centro en la distribución horaria, y la vuelta al inicio de las actividades lectivas en la segunda semana de septiembre, entre otras demandas.