Una auditoría revela que Parla debe 180 millones a la empresa del tranvía

El Ayuntamiento de Parla (PSOE) debía 180 millones de euros al cierre de 2013 a la empresa que gestiona el tranvía inaugurado por Tomás Gómez, actual secretario general del PSM, en 2007, según una auditoría de Deloitte sobre las cuentas del ejercicio pasado de la concesionaria, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La cuenta general del Consistorio del año pasado —aprobada por PSOE (11 concejales) e IU (4) y con el voto en contra de PP (11) y UPyD (1)— muestra que el Gobierno local no pagó en el último ejercicio ni un euro de los 24 millones que le tocaba abonar por el tranvía. Ese impago total se ha repetido este año.

Sagasta Corporate, de Luxemburgo, compró 73 millones de la deuda

Tranvía de Parla, SA, es la marca comercial con la que la compañía Globalvia gestiona, entre otros, el polémico proyecto que impulsó Gómez, y que distintos organismos oficiales, como la Cámara de Cuentas, no han dudado en calificar como la principal causa de que el municipio de 125.000 habitantes, con una deuda de 369,4 millones (sin contar la deuda del tranvía), se haya convertido en la segunda ciudad de más de 50.000 personas con la mayor deuda per capita de toda España: 2.941 euros por vecino. Solo por detrás de Jaén (3.558 euros cada uno de sus 116.000 residentes), donde otro tranvía es el principal responsable de las dificultades económicas.

Un informe del Tribunal de Cuentas también coronó a Parla como el Consistorio de más de 5.000 habitantes con mayor deuda a proveedores por habitante a 31 de diciembre de 2011, con un total de 250 millones (2.047,9 euros de media). Eso, sin contar el endeudamiento a corto plazo. Desde 2009, la ciudad promedia 25 millones de pérdidas. La intervención municipal concluía en un informe reciente que la situación de “déficit corriente crónico no puede mantenerse por más tiempo”.

La concesión del tranvía fue adjudicada en 2005 y su explotación comenzó en junio de 2007, con un tránsito anual de 4,5 millones de viajeros en 2013.

La adjudicación, por un periodo de 40 años, comprende la construcción, suministro de material móvil, explotación, operación y mantenimiento de los 8,5 kilómetros de doble vía de la infraestructura.

La ciudad de 125.000 habitantes tiene otros 369,4 millones de déficit

Las obras se adjudicaron inicialmente en 108 millones (93,5 millones más IVA), a los cuales se sumaron otros 41 por obras añadidas sobre la marcha y adjudicadas sin concurso público en 2006, con Gómez todavía al frente del Ayuntamiento, y en 2009, ya con su sucesor y exconcejal de Hacienda, José María Fraile. Este se encuentra imputado en la Operación Púnica. Está en libertad tras haber pagado una fianza de 60.000 euros.

La actual alcaldesa, la socialista Beatriz Arceredillo, crítica con Gómez y Fraile y en el cargo desde mediados de noviembre, se estrenó como concejal en Parla tras las elecciones de 2011 y no tiene ninguna sombra en su trayectoria municipal. Arceredillo, que desde el primer momento se ha encontrado con la oposición de un sector nutrido del anterior equipo de gobierno pese a ser de su propio partido, se ha comprometido a auditar las cuentas locales y revisar los contratos sospechosos de irregularidades.

FCC y Bankia, que participan al 50% en Globalvia, han acelerado durante las últimas semanas los trámites para vender la sociedad. El plazo para presentar ofertas termina el 9 de diciembre. Fuentes municipales señalan que han mostrado interés en la operación Ferrovial y varios fondos de inversión extranjeros, concretamente de China, Malasia y Canadá.

La actual alcaldesa del PSOE no participó en las decisiones de sus antecesores

Globalvia, que se promociona como “líder en España en la gestión privada de transporte ferroviario de pasajeros”, ya vendió el año pasado parte de la deuda que arrastra con el Ayuntamiento de Parla a Sagasta Corporate, un fondo de Luxemburgo. Sagasta compró 73 millones de esa deuda municipal por facturas pendientes desde 2012 hasta 2015, aunque sólo pagará a Tranvía de Parla, SA, algo más de 60 millones. Los otros 12 se los embolsará como beneficios. Aunque esa compra de deuda trascendió a principios del pasado septiembre, el Gobierno local, todavía con Fraile a la cabeza, aseguró entonces que se había enterado “por terceros”.

Sin embargo, documentos del propio Consistorio a los que ha tenido acceso este diario confirman que, al menos dos meses antes, el Ayuntamiento ya tenía conocimiento de esa operación. Así lo demuestran los decretos por los que se ordenaron en julio sendos pagos de 65.000 y 180.000 euros a Sagasta, más otro de 100.000 euros en septiembre, justo después de conocerse la operación con el fondo de Luxemburgo.