Los imputados del puerto de Valencia alegan que devolvieron el dinero

Los primeros directivos de la Autoridad Portuaria de Valencia que han declarado este lunes en la causa abierta por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación han alegado en su defensa que no sabían que tenían prohibido cobrar un salario de la institución y, al mismo tiempo, de una sociedad propiedad del puerto. Los dos directivos y el técnico llamados a declarar por el titular del juzgado de Instrucción número 14 de Valencia se han defendido, además, resaltando que han devuelto o están en proceso de devolver las cantidades percibidas de la sociedad Plataforma Intermodal Logística, encargada de comercializar la zona de actividades logísticas, con intereses incluidos.

Los tres declarantes, que han sido llamados dos días antes de que comparezca ante el juez el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Aznar, también imputado, han coincidido en su versión, que no deja en buen lugar al secretario general del consejo de Administración del puerto. Según la versión de los directivos, su doble retribución, que enmarcaron en el pago de las horas extras que realizaban en la otra empresa, fue avalado por el secretario del consejo, al que han descrito como un abogado del Estado que por tanto debe conocer "la legalidad".

Cuando el mismo consejo de administración les informó, tras una investigación de la Intervención General del Estado, de que los cobros, que tuvieron lugar entre 2009 y 2011 y ascendieron a cantidades que oscilaron en total de 23.000 a 71.000 euros según el caso, habían sido indebidos, los tres han afirmado que devolvieron o empezaron a reintegrar los importes. Han manifestado, además de su desconocimiento, su malestar por el hecho de haber desarrollado según su versión unos trabajos por los que finalmente no han recibido compensación.

Los dos directores del puerto, Ignacio Pascual y Juan Antonio Delgado, han sido interrogados también sobre el uso de vehículos oficiales, otra de los elementos puestos en duda por la fiscalía, que inició las pesquisas a raíz de una denuncia anónima. Según los directivos que se han encargado en los últimos años de la gestión comercial y de las infraestructuras del puerto, no tienen asignado ningún coche, pero dado que tienen que desplazarse frecuentemente por motivos de trabajo (la Autoridad no solo tiene a su cargo el puerto de Valencia, sino también los de Sagunto y Gandia) utilizan alguno de la flota de vehículo de que dispone la institución. Ambos han negado que utilizaran también los coches para ir del trabajo a sus casas.

El Consell todavía no ha encontrado sustituto para Aznar tras relevar al también imputado Ripoll de la presidencia del puerto de Alicante

La denuncia que ha dado lugar al procedimiento judicial apuntaba a otras posibles irregularidades, como pagos realizados por la Autoridad Portuaria con motivo de la Navidad, la celebración de carreras de Fórmula 1 en Valencia o entradas para el Palau de les Arts. Y cuestionaba el funcionamiento de la fundación del puerto, que pagaba sueldos que alcanzaban los 120.000 euros, y cuya justificación fue cuestionada por la Intervención General del Estado.

El Gobierno valenciano, tras conocerse la imputación de Aznar hace unas semanas, anunció que su relevo era inminente, poniéndolo al mismo nivel que al entonces presidente del puerto de Alicante y exlíder popular, José Joaquín Ripoll, implicado desde 2010 en el caso Brugal. Ripoll ya ha sido reemplazado, pero para Aznar el Consell, que deberá consensuar la elección con el Gobierno, todavía no ha encontrado sustituto.