Testigos de la causa por corrupción de Porriño admiten amenazas ante la juez

Presiones y amenazas. La Operación Multiusos que investiga la supuesta corrupción en la adjudicación de obras por parte del gobierno local de Porriño y en la que están imputados el alcalde popular Nelson Santos, dos de sus concejales, un funcionario y empresarios vinculados al PP, atenaza a los testigos. Varios de ellos han asegurado ya ante la juez que han recibido amenazas y el interventor municipal, cuyos informes contrarios fueron levantados por el regidor, pidió el traslado a la Diputación de Ourense, en donde ya ejerce.

El último que ha denunciado amenazas ha sido el encargado de obras del Ayuntamiento durante 2010 y 2012. El trabajador intentó además alterar la semana pasada ante la instructora, Olalla Díaz, la declaración que había realizado inicialmente ante la policía judicial y en la que reconoció que las facturas expedidas al Ayuntamiento por Impi, una de las empresas implicadas, eran falsas. En su segunda declaración, ya ante la juez, lo negó pero, acorralado por las preguntas de la instructora, acabó reconociendo que antes de comparecer ante ella había repasado su declaración inicial con el regidor en su despacho.

Según la comparecencia incorporada a las diligencias, el exjefe de obras del Ayuntamiento aseguró que había declinado comparecer por segunda vez ante la policía judicial porque había “recibido amenazas”. Manifestó que había recibido una nota en el buzón de su casa advirtiéndole de que “sabían que iba mucho por Tui [sede de la policía judicial], que tuviera cuidado” y una llamada telefónica “en los mismos términos” desde “un número oculto”.

Tras estas primeras declaraciones, el testigo intentó desmontar ante la juez su versión inicial. Entonces había dicho a los agentes que existía supuesta facturación falsa de obras municipales a una de las empresas imputadas. Cuando al comienzo del interrogatorio ante la instructora ésta le plantea el formalismo de si se ratifica en aquella declaración, el funcionario responde afirmativamente pero matiza que “está un poco adornada” y que “hay ciertas cosas que no las diría en la forma en la que están redactadas”.

Considerando que los testigos leen y firman sus declaraciones pero no reciben copia, la instructora le pregunta si él se había llevado una. El trabajador municipal contesta que no, pero reconoce que hace unos días se la enseñaron “en el Ayuntamiento”. Hasta cuatro veces tuvo que requerirlo la instructora para que dijera quién se la había mostrado. Finalmente, tras ser advertido de su obligación de decir verdad y apercibido de multa, responde: “El alcalde”.

Tras ese reconocimiento, el testigo insiste en intentar modificar su declaración inicial, desdiciéndose de que una de las empresas implicadas hubiese facturado al Ayuntamiento por obras que realizaron cuadrillas municipales. Pero, al enseñarle la juez documentación que acreditaba la participación de operarios del consistorio, el exencargado de Obras acaba admitiendo que “ayudaron” en esas tareas.

Esta misma semana la juez emitió un auto desestimando la petición del alcalde de repetir las declaraciones del secretario y el interventor. Santos alegaba que su nuevo abogado no había estado presente.