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El juez José Castro interrogará en Valencia a 15 testigos de Alfonso Grau

José Castro y el fiscal tomarán declaración a los 13 patronos de la Fundación Un funcionario de la intervención y un catedrático de Derecho declararán también

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El titular del juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, reabrirá en próximos días la instrucción del caso Nóos para interrogar, previsiblemente a finales de este mes, a 15 testigos cuya declaración solicitó el pasado mes de junio el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, según han informado fuentes jurídicas. Para ello, tanto Castro como el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, se desplazarán a la Ciudad de la Justicia de Valencia a fin de tomar declaración, en concreto, a los 13 miembros del Patronato de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), parte de cuyos fondos fueron destinados a la organización, por parte del Instituto Nóos, de las tres ediciones de los denominados Valencia Summit.

Además de los patronos, Grau también pidió la comparecencia de un funcionario de la Intervención General de la Administración del Estado y de un catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Madrid, autor de varios dictámenes aportados a la causa a instancias del vicealcalde valenciano.

A pesar de que el caso Nóos se encuentra en fase de calificación -en la que las acusaciones deben determinar a quiénes acusan y qué penas solicitan para ellos-, el juez Castro acordará estas diligencias y dará respuesta al reciente recurso en el que Grau alegaba que, por parte del juez instructor, no se le ha comunicado si vuelve o no a estar imputado en esta causa, lo que le permitiría poder proponer las pruebas que considere pertinentes.

Se da la circunstancia de que el pasado mes de junio Castro archivó la causa para el vicealcalde así como para otros numerosos imputados, si bien la Audiencia acordó recientemente reabrir las investigaciones para el alto cargo de Valencia a instancias de los concejales del PSPV del Ayuntamiento. Grau defiende, sin embargo, que es el propio juez instructor quien debe decidir sobre esta cuestión, y no la Audiencia.

El abogado de Grau asevera que "no solo no le ha sido dado intervenir en ninguno de los seis años de instrucción, sino que ni siquiera ha dispuesto de la opción de recurrir" el auto por el que Castro puso fin a la instrucción del caso Nóos o de solicitar pruebas para su defensa, generándole todo ello "una insuperable indefensión".

En esta línea, la defensa recrimina que su patrocinado "nunca ha podido proponer ni mucho menos practicar -fuera de las cuatro documentales aportadas en el escaso tiempo que se le otorgó para su declaración-", como tampoco el Juzgado de Instrucción le ha detallado "la relación de los hechos que se le imputan" ni las penas que serían aplicables a los mismos. "Es claro y evidente que se sume a mi defendido en la mayor de las indefensiones", incide al respecto.

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Por su parte, el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia aceptó los argumentos expuestos por los regidores socialistas al incidir en el papel que Grau habría desplegado en las negociaciones de los convenios que fueron suscritos en 2004, 2005 y 2006 para la celebración de los Valencia Summit, por cuya organización el Instituto Nóos percibió 3,6 millones de euros, a pesar de que para ello únicamente empleó 910.600 euros.

Se trata de unas contrataciones en el marco de las cuales, según la Audiencia, se orilló el interés general, se prescindió de los cauces administrativos de contratación, no se llevó a cabo ningún estudio previo de viabilidad ni de ajuste a los precios de mercado así como tampoco se fiscalizó el desarrollo del convenio ni se pidió al Instituto Nóos que justificara el destino de los fondos recibidos.

Unas pautas que eran obligadas, añadía la Audiencia, al recalcar que los fondos que manejaba la FTVCB, entidad que junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) y Nóos plasmó su firma en el convenio de 2004 y en las dos adendas posteriores, y de cuyo Consejo Rector era miembro Grau, eran de naturaleza pública.

En contra de estas consideraciones, el vicealcalde defendió el carácter privado de la FTVCB y negó por tanto que desde el consistorio valenciano hubiera podido producirse un desvío de fondos públicos con motivo de la organización de los eventos. Asimismo, apuntó que el precio de los Valencia Summit vino dado desde Cacsa, previa determinación por parte del Instituto Nóos presidido entonces por Iñaki Urdangarin. Según un informe de la Agencia Tributaria, solo en 2004 Nóos destinó a la preparación del primer Valencia Summit 194.436 euros, a pesar de que para ello había percibido un total de 1,044 millones públicos. Un año después, de los 1,5 millones que recibió, tan solo gastó en facturas de la segunda edición 395.597 euros, mientras que en lo que a la tercera edición se refiere, el Instituto recibió 1,049 millones, de los que empleó 320.635 euros para el evento. Así, hasta un total de 3,6 millones de euros recibió Nóos de la Administración pública valenciana por las tres ediciones del evento deportivo.

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