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La investigación del Supremo a Chaves y Griñán deja al PSOE en vilo

La decisión de que dejen el escaño si resultan imputados aumenta la presión sobre los expresidentes de la Junta

Susana Díaz, en un acto en la Universidad Pablo de Olavide. Ampliar foto
Susana Díaz, en un acto en la Universidad Pablo de Olavide. EFE

En los tres largos años que lleva el caso de los ERE marcando la agenda política de Andalucía, el PSOE ha pasado por todos los estados de ánimo posibles: zozobra, desconcierto, indignación, depresión, incertidumbre, nerviosismo. Ahora se encuentra en vilo una vez que el caso ha llegado donde querían que llegara: al Tribunal Supremo, el ámbito judicial que les ofrece mayor garantía y que investigará la participación de dos expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la concesión de las ayudas sociolaborales con dinero público. Ambos representan 23 años de Gobiernos socialistas en los que la llamada paz social ha sido una seña de identidad ahora abierta en canal y cuestionada por la falta de controles administrativos que permitieron el fraude de fondos públicos. Los exconsejeros de la Presidencia Gaspar Zarrías y Mar Moreno y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, todos aforados, también se someterán al escrutinio del alto tribunal. Otros cuatro exconsejeros (Carmen Martinez Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio y Francisco Vallejo) comparecerán en el Tribunal Superior andaluz al ser diputados autonómicos.

Pero lo que ha zarandeado internamente al PSOE andaluz ha sido la decisión de su secretaria general y presidenta de la Junta, Susana Díaz, de anticiparse a lo que pueda ocurrir si los aforados son imputados. “Tendrán que dejar el escaño”, dijo el jueves día 6. Desde entonces ha matizado esta declaración que va mucho más allá de lo que establece el código ético de su partido que sitúa esa raya en el momento en el que se abra juicio oral. “Si cuando comparezcan ante un juez se le imputa un delito no me va a temblar el pulso”, precisó el jueves pasado. En la misma posición se manifestó este viernes, 24 horas después, el secretario federal, Pedro Sánchez.

Esta decisión, marcada por el contexto y la coyuntura política, ha añadido más presión sobre los aforados y ha supuesto “un desgarro interno importante”, admiten varias fuentes del PSOE. Salvo Alfonso Guerra, de despedida de su larga carrera política, nadie la ha cuestionado en público, pero en privado sí se oyen muchas críticas y dudas. Eso sí, se acata. “Esto es lo que hay”, asegura una fuente de la ejecutiva regional.

Parlamentarios y dirigentes del PSOE no entienden que Susana Díaz haya puesto el foco mediático en sus dos antecesores. “Lo que tenga que hacer llegado el momento, que lo haga pero no antes”, se queja un diputado. Otro reclama “consideración y respeto” hacia los expresidentes de la Junta “de los que nadie puede decir que se han llevado ni un solo euro”.

Desde el entorno de la presidenta de la Junta de Andalucía explican el paso dado por Díaz solo en clave política. “El contexto actual reclama mayor nivel de exigencia, la gente está harta de la corrupción. O tomamos la iniciativa o te la arranca la oposición y Susana Díaz no va a tolerar un debate en el Parlamento con cinco diputados imputados sentados detrás”, afirman estas fuentes. Y añaden: “Ahora estamos en otro registro, aún a costa de que la decisión pueda resultar injusta”.

En esta órbita se situó ayer el secretario de Organización federal, César Luena. En declaraciones a Onda Cero admitió que se podría cometer una injusticia si se les exige el escaño y luego son absueltos, pero que en el contexto actual “quizá sea mejor pecar por exceso que por defecto”.

Esta opinión la rebaten otros dirigentes con el siguiente símil: “El liderazgo también se demuestra con temple. Lo fácil es lo que pasaba en el coliseo romano, hacer lo que dice la plebe y mandar a los leones”.

Todos confían en que cuando los expresidentes declaren ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo la borrasca política y jurídica quede en nada. Pero aunque los abogados de los encausados les transmiten mensajes de tranquilidad, no hay certezas de que eso vaya a ser así. “Se sabe como se entra en un tribunal, pero no como se sale”, asegura uno de los aforados.

Las defensas de los ex altos cargos no las pagará el PSOE, según fuentes de este partido. La dirección andaluza se desentiende de esta decisión y subrayan que es una cuestión que debe decidir en exclusiva la ejecutiva federal.