Castedo aprueba los presupuestos de 2015 con toda la oposición en contra

El Ayuntamiento de Alicante ya tiene presupuestos para 2015. La que posiblemente será la última gran decisión de Sonia Castedo como alcaldesa del PP ha sido aprobada únicamente con los votos de la mayoría absoluta de los populares. El resto de la oposición ha votado en contra de unas cuentas que creen que benefician al principal contratista del Ayuntamiento, Enrique Ortiz, imputado junto a Castedo en dos juzgados alicantinos por presuntamente amañar el urbanismo alicantino en favor del primero.

Los presupuestos aprobados dejarán a las empresas relacionadas con Ortiz unos 44 millones de los 240,2 millones que las arcas municipales tienen previsto gastar en 2015, año en el que empresario y alcaldesa podrían compartir bancada de acusados en caso de abrirse juicio oral en alguna de las causas por las que están imputados.

El concejal de Hacienda, Juan Seva, ha acusado de “persecución política” a una oposición que ha argumentado su rechazo a las cuentas porque beneficiarían al empresario. El PP, por su parte, ha rechazado el medio centenar de enmiendas presentadas por el PSPV y Esquerra Unida. La única que ha sido aceptada fue la iniciativa de UpyD para que se publiquen las subvenciones concedidas en la web municipal.

Esquerra Unida ha intentado sin éxito recusar a la alcaldesa y la ha instado a ausentarse del pleno argumentando que existe una relación de “amistad íntima” entre ella y Ortiz, también constructor. En las escuchas policiales del caso Brugal, ambos mantienen un trato coloquial y cercano mientras hablan de los planes urbanísticos de la ciudad.

Castedo no ha accedido ante la petición del concejal de EU, Miguel Ángel Pavón. Para insistir en el trato favor al empresario, el regidor ha recordado que las cuentas contienen un sobrecoste de más de 3 millones para una contrata de basuras en la que participa y gestiona Ortiz, algo que no permite el Ministerio de Hacienda en los ayuntamientos con las finanzas rescatadas por el Gobierno central, como es el caso de Alicante.

La argumentación dada por la concejalía de Hacienda es que se libera esa cantidad para la unión temporal de empresas que limpia la ciudad, UTE Alicante, porque la contrata aumentará su carga de trabajo en el vertedero al recibir basuras de otras comarcas y, por tanto, los beneficios de esa actividad empresarial recaerán sobre las arcas municipales.

Sin embargo, los técnicos del ministro Cristóbal Montoro demandaron al Ayuntamiento que fiscalice la actividad de la empresa y si no se produce la previsión de recibida de basuras se recorte la cantidad pagada a la mercantil. Actualmente, UTE Alicante ya cobra 435 millones de euros por ocho años (prorrogables a 12) para gestionar las basuras de una ciudad en la que muchos barrios protestan por falta de limpieza.

De espaldas al Ayuntamiento

Frente al Ayuntamiento y de espaldas, una representación de la Plataforma Antipobreza de Alicante, que aglutina una veintena de asociaciones, se ha concentrado simbólicamente de espaldas a la fachada del consistorio para criticar unos presupuestos que consideran “antisociales”, más en una ciudad en la que, según la asociación, el 25% de sus ciudadanos vive bajo el umbral de la pobreza.

El colectivo ha reclamado un cambio de actitud mientras desplegaba una pancarta con el lema "Primero las personas. Contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad social". Un representante de la plataforma, en declaraciones a Efe, ha exigido un plan de choque por la inclusión social, alegando que la capital alicantina “no cumple” los parámetros europeos relativos a la puesta en marcha de ese plan de un plan de choque ante la crisis económica que se sufre en muchos países del marco de la Unión Europea.

En 2011, la Plataforma contra la Pobreza de Alicante fue premiada por la Universidad de Alicante por su trayectoria y compromiso de ya más de 16 años en defensa de las libertades y los valores cívicos y ciudadanos.