CC OO se suma al plantón de UGT por el Presupuesto
Los dos sindicatos se niegan a acudir a la presentación de las cuentas de 2015
Las relaciones entre el Gobierno andaluz de coalición PSOE-IU y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT atraviesan el momento más delicado de la historia autonómica. La reclamación de más de 15 millones de euros del Gobierno de Susana Díaz a UGT por las irregularidades con subvenciones públicas al sindicato han sido el detonante de una crisis larvada desde hace meses. Tanto Comisiones Obreras como UGT han decidido por primera vez en dos décadas no acudir a la cita que tienen cada año con el Gobierno para la presentación del Presupuesto de la comunidad. Es más, CC OO ha acordado la convocatoria de concentraciones y una movilización este mes contra los Presupuestos de la Junta y los del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Históricamente, la Junta de Andalucía ha mantenido una magnífica relación con los sindicatos y con la patronal a través de la llamada concertación social. La concertación era el instrumento que utilizaban el Gobierno autónomo y los agentes sociales para negociar las grandes líneas de la política económica de Andalucía. Además, dotaba de importantes recursos a sindicatos y empresarios, fundamentalmente a través de los cursos de formación.
Precisiones de UGT
"Ante las últimas informaciones publicadas, UGT Andalucía quiere hacer las siguientes aclaraciones:
En primer lugar, el pasado miércoles, UGT Andalucía celebró un consejo ordinario, como hace normalmente con los secretarios generales de las Uniones Provinciales, las Federaciones Regionales y la Comisión Ejecutiva Regional. Esta reunión entra dentro del trabajo sindical de nuestra organización.
El tema principal no fue, como se deja ver entrelíneas, las relaciones del sindicato con la Junta. En dicho consejo se debatió sobre muchísimos otros aspectos que atañen a los problemas de los trabajadores, que es en lo que se basa nuestro trabajo.
En el transcurso de la reunión se decidió por unanimidad de todos los miembros que componen el consejo que no se iba a asistir a la presentación de los Presupuestos de la Comunidad para 2015, por dos motivos: Primero, para trasladar con este gesto a la Junta de Andalucía nuestro malestar por la causa general abierta contra UGT. Hecho este que ya dejamos patente la semana pasada con la presentación de los recursos por vía contencioso-administrativa en los juzgados de Sevilla contra la Junta de Andalucía.
Y dos, porque no estamos de acuerdo con esos presupuestos, tal como lo dejamos claro ese mismo día con el envío de un comunicando haciendo la valoración de estos.
Así mismo es totalmente falso que a los afiliados de UGT-A que tengan la doble militancia, se les vaya a exigir posicionarse, preferentemente en favor del sindicato. UGT es una organización democrática y en ningún momento se nos ocurriría hacer decidir a nuestros afiliados sus preferencias políticas, porque defendemos totalmente la libertad de todos nuestros afiliados a pertenecer a los partidos políticos que deseen.
Queremos dejar claro que la presencia de UGT Andalucía en “actos institucionales” se limitará a los que la organización entienda necesarios por el interés general de los trabajadores y trabajadoras de la comunidad autónoma. Eso no nos exime de participar institucionalmente en los órganos en los que por nuestra representatividad tengamos derechos a estar presentes, porque vamos a seguir peleando por los derechos de la ciudadanía".
El descubrimiento de irregularidades en los cursos de UGT (la Guardia Civil sospecha que el sindicato se ha financiado durante años mediante el dinero que recibía de la Administración para las actividades formativas) ha supuesto, entre otras cuestiones, un parón en la concertación, que ha garantizado la paz social en la comunidad durante años y que la Junta se ha propuesto “abrir en canal” tras las irregularidades destapadas y que están siendo investigadas por varios juzgados.
El mayor desgarro es con UGT, el sindicato hermano del PSOE que ahora lidera Carmen Castilla, que considera que el Gobierno autónomo le ha abierto “una causa general” por la reclamación de 15 millones de euros. La Junta exige este dinero al sindicato tras culminar una veintena de expedientes administrativos en los que se han detectado anomalías con la justificación de las facturas presentadas por UGT. Los dos anteriores líderes de la central (Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla) están imputados, precisamente, por la presentación de facturas falsas para justificar subvenciones de la Administración. El sindicato, por su parte, ha recurrido las solicitudes de reintegro del Ejecutivo andaluz al creer que no están justificadas.
La dirección de UGT, además de no acudir a la presentación del Presupuesto autónomo, ha decidido acudir solo a los “actos institucionales” de la Junta que entienda “necesarios para el interés general de los trabajadores”. Este enfrentamiento se produce además en plenas elecciones sindicales en algunas entidades públicas de la Junta de Andalucía, hecho que siempre propicia que se aviven las discrepancias con el Ejecutivo.
En este tiempo, los sindicatos se han mostrado, además, especialmente dolidos porque estiman que la movilización que hicieron en las elecciones autonómicas de 2012 fue clave para que el entonces líder del PP, Javier Arenas, no lograra la mayoría absoluta y se abriera paso al Gobierno de coalición de PSOE e IU.
El líder de Comisiones Obreras, Francisco Carbonero, fue este viernes especialmente crítico con la actitud del Gobierno ante las irregularidades en los cursos de formación. “La Junta ha sido bastante torpe para afrontar la crisis que han provocado sus chapuzas administrativas”, aseguró Carbonero, informa Europa Press.
El Gobierno autónomo, a través del consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, intentó tender puentes y confió en que pronto se recupere la normalidad de las relaciones. “Hay que darle a las cosas tranquilidad, pero cada uno tiene que hacer lo que le corresponde, y eso es lo que ha hecho el Gobierno”, afirmó Jiménez Barrios.
Por su parte, el vicepresidente andaluz, Diego Valderas (IU), abundó en esta idea. Subrayó que el Gobierno autónomo “no se casa con nada ni con nadie” y que tiene la obligación de defender el “erario público”.
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