Parla no formaliza la dimisión como alcalde de Fraile por falta de quórum

El Ayuntamiento de Parla (PSOE) no pudo formalizar ayer la dimisión como alcalde de José María Fraile, imputado en la Operación Púnica y en libertad tras pagar una fianza de 60.000 euros, pese a que ayer convocó un pleno de forma extraordinaria y urgente. La sesión estaba fijada originalmente para las 9.00 de hoy. Pero lo que debía ser una formalidad derivó en una escena surrealista por falta de quórum y empeoró aún más la imagen de los gestores socialistas, que gobiernan solos con 11 ediles, frente a 11 del PP, cuatro de IU y uno de UPyD.

El juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, estima que Fraile —regidor desde 2008 en lugar del secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, del que fue concejal de Economía y Hacienda en su mandato (1999-2008)— habría incurrido presuntamente en los delitos de organización criminal, malversación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad documental y fraude. El PSOE le expulsó la semana pasada del partido. Fraile tardó en renunciar como regidor un día más. El alcalde en funciones es Fernando Jiménez, el responsable de Economía con Fraile.

El Consistorio impidió la presencia de periodistas gráficos

Los detenidos junto a Fraile son Antonio Borrego, su jefe de gabinete y conocido como El Maletines; la ingeniera Elena María Fernández y Avelino Pérez Pallarés, asesor en el área de sostenibilidad, obras y mantenimiento de edificios públicos. Victoria Muñoz, concejal de servicios a la comunidad, está imputada.

El Consistorio convocó por sorpresa la sesión pasadas las 11 de la mañana, provocando la sorpresa e indignación de los ediles de la oposición, que veían dificultada su labor, especialmente los del PP, que no están liberados; esto es, que no tienen exclusividad, por lo que deben que compaginar su función institucional con sus trabajos como autónomos o por cuenta ajena.

Fraile aprovechó en su día la Ley de Reforma de la Administración Local para dejar al portavoz del grupo popular como el único edil del PP con sueldo fijo en el Consistorio. Los demás concejales de ese partido cobran solo por asistencia a plenos y comisiones. “Los ediles del PP no han podido acudir al pleno porque no podían abandonar sus puestos de trabajo. Habían avisado a sus empresas de que necesitarían la mañana de este miércoles, que es para cuando estaba convocada originalmente la sesión”, señaló el portavoz municipal, Miguel Ángel López. “Nos ha pillado desprevenidos”, lamentó Juan Carlos Machuca, edil por UPyD. “Se están conculcando los derechos del pleno. Hay concejales que no están liberados y la manera en que se nos ha convocado es una absoluta falta de respeto”, añadió.

Para el quórum se requerían 14 votos a favor de los 27 concejales que hay en el Ayuntamiento: en la primera votación solo había 13 en total (ocho del PSOE). La negativa de Machuca a votar junto a PSOE e IU pese a las llamadas insistentes de Pablo Sánchez Pastor, el concejal de Presidencia y candidato socialista a las elecciones de 2015 tras ganar las recientes primarias locales, provocó la suspensión de la segunda convocatoria del pleno. “No podía hacer otra cosa. Aparte de las formas es que lo que hicieron era ilegal”, explicó el portavoz de UPyD. El decreto con que se citó de urgencia al pleno recoge que “en el supuesto de que no se pudiera celebrar la sesión en primera convocatoria por falta de quórum, de conformidad con lo establecido, tendrá lugar en segunda convocatoria 48 horas después”. El PSOE intentó en vano que fuera una hora más tarde, a las 14.00. Todo ello con Rosa María Alcalá, la presidenta de la gestora constituida para abordar la crisis interna y además diputada autonómica y secretaria de Administración del PSM, presente. En teoría, este jueves debería celebrarse el pleno en el que se ratifique la renuncia de Fraile. A continuación habría unos diez días para resolver quién le sucede.

Todo sucedió en un ambiente de caos. El Ayuntamiento impidió el acceso al hemiciclo de los fotógrafos y camarógrafos enviados por una docena de medios de comunicación. “Prohibido hacer fotografías sin la autorización del gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Parla”, rezaban dos carteles en la entrada a la sala de juntas. Este periódico pidió a los responsables de comunicación municipales que dejaran hacer su función a los reporteros. “No se puede grabar ni fotografiar, nosotros facilitaremos las imágenes”, respondió un empleado.

En ambos carteles se justificaba la medida por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Los reporteros criticaron la medida y llegaron a llamar a la Policía Nacional para que les explicara por qué no podían ejercer su trabajo. Al final, tuvieron que esperar fuera del edificio la salida de los concejales. “Es incomprensible, un pleno municipal de por sí ya es público, igual que los representantes políticos y el tema que se debía de abordar”, criticaba una vecina mientras aguardaba en vano la segunda convocatoria del pleno.

“Pido disculpas por la imagen que se está dando. Los vecinos no se merecen esto”, abundó Beatriz Arceredillo, concejal socialista crítica con la gestión tanto de Fraile como del anterior alcalde y hoy líder del PSM, Tomás Gómez. “Yo dejé la alcaldía de Parla a Chema, que se convirtió en José María Fraile, presunto autor de un delito. Las personas pueden cambiar”, se defendió Gómez.

Fraile fue detenido después de que la localidad de 125.000 habitantes firmase en julio de 2013 con la empresa energética Cofely un contrato por 15 años a cambio de 54,7 millones de euros. La idea era que Parla lograse un ahorro del 40% del consumo en alumbrado público y más del 6% en el de edificios. “Era todo muy raro porque igual te encontrabas a las 10 de la mañana las farolas de una calle encendidas... Preguntabas qué pasaba y en el Ayuntamiento nos decían que era normal, que no nos preocupásemos, que estaban haciendo controles”, contó un edil que pidió no desvelar su identidad “por temor a represalias”.