El nuevo plan de El Cabanyal debe cumplir la orden de Cultura

El nuevo plan urbanístico de El Cabanyal, aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Valencia con los únicos votos del PP en el pleno del pasado julio, “está condicionado a los informes técnicos internos [del Ministerio de Cultura] y a los informes de instituciones externas independientes”, reitera el Gobierno español en respuesta a la senadora socialista Carmen Alborch, que preguntó por la situación de las negociaciones con el Consistorio que preside Rita Barberá.

La respuesta del Gobierno recuerda el preacuerdo al que el Ministerio de Cultura llegó con el Ayuntamiento el pasado 30 de mayo por la que ambas partes se comprometían al diseño de un planeamiento para el barrio que “permitiera salvaguardar un escenario de seguridad jurídica y de protección del patrimonio histórico”. En contrapartida, la Generalitat y el propio Gobierno se comprometían a desmontar la cascada de recursos y contrarecursos en los tribunales por el conflicto de El Cabanyal.

El gabinete de Barberá accedió a cumplir con lo dispuesto por la orden ministerial firmada por la ministra socialista Ángeles González Sinde en 2009, que proponía un plan alternativo que no expoliase el barrio como el original, aprobado por el PP en 2001. La alcaldesa dio a conocer en julio el nuevo planeamiento, que cosechó entre vecinos y oposición parecidas críticas que el primero.

Los nuevos planos incluían, igual que los anteriores, la creación de una avenida que atravesaría el barrio y supondría el derribo de cientos de casas y la alteración de la trama original de El Cabanyal, han denunciado los vecinos de Salvem el Cabanyal, que se han opuesto al proyecto con la presentación de miles de alegaciones.

Período de alegaciones

El plan está en periodo de alegaciones y a expensas de que Cultura redacte los informes técnicos que lo validen desde el punto de vista estrictamente patrimonial. Por eso, el Gobierno concluye: “Finalmente y una vez comprobado, si los cambios recogidos en la nueva propuesta del Ayuntamiento cumplen con la orden, el ministerio analizará la posibilidad de revocarla”.

El Gobierno se ha pronunciado en el mismo sentido en contestación a las preguntas formuladas por el diputado de UPyD en el Congreso Toni Cantó sobre el impacto en el patrimonio cultural que implicaría la aplicación del plan.