La Audiencia archiva las acusaciones de prevaricación contra Arriola

La Audiencia de Gipuzkoa ha confirmado el archivo del procedimiento judicial por prevaricación impulsado por Aralar contra el secretario general del PSE-EE y exalcalde de Eibar, Iñaki Arriola, en relación con el denominado "caso Errebal".

En el este procedimiento estaba imputado Arriola y también el actual alcalde, Miguel de los Toyos, también del PSE-EE, aunque las actuaciones contra ellos fueron archivadas en primer lugar el 4 de junio por el Juzgado de Instrucción número 1 de Eibar, en un auto que se corrigió y confirmó el 27 de junio y que Aralar recurrió. La Audiencia de Gipuzkoa ha dictado un auto esta semana en el que se rechaza el recurso de Aralar y se declara de nuevo el sobreseimiento de las actuaciones al no apreciarse delito en la actuación de los gestores socialistas del Ayuntamiento de Eibar.

La operación urbanística que Aralar llevó a los tribunales consistió en la enajenación en 2007 de una parcela municipal a una empresa adjudicataria para que construyese en ella un centro comercial que acogería también al mercado de abastos ubicado en ese lugar. El contrato de adjudicación fijó un precio de 650.000 euros por la parcela, pero el centro comercial no se llegó a construir debido a los problemas de financiación que padeció la adjudicataria -derivados de los retrasos en el proyecto de reparcelación del terreno- y a sus discrepancias con los arquitectos redactores del proyecto, todo ello en el contexto de la explosión de la crisis económica y, más en concreto, en el sector de la construcción.

En 2009 la empresa adjudicataria solicitó la resolución del contrato y finalmente llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento, que le devolvió los 650.000 euros y le pagó además otros 488.000 por los trabajos ya realizados. Aralar recurrió el acuerdo de resolución del contrato por la vía contencioso-administrativo -que consideró que no había habido ninguna irregularidad y dio la razón al Ayuntamiento- y además presentó una denuncia por prevaricación contra los responsables políticos del consistorio eibarrés.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas apreció varias irregularidades en esta operación, aunque la Audiencia de Gipuzkoa considera que de sus conclusiones no puede deducirse una actuación delictiva por parte de los responsables del Ayuntamiento.