Un caso difícil de enterrar

La Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid ha obligado a que reabra por segunda vez la investigación judicial por la muerte de dos trabajadores durante el incendio registrado el 26 octubre de 2012 en los túneles de la M-30. Los magistrados entienden que existen indicios en el procedimiento que pueden ser constitutivos de delito, por lo que ordenan que se continúe con el procedimiento. La decisión supone un varapalo —el segundo— a la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, Mercedes Gutiérrez Suárez.

Las muertes se produjeron por la tarde, cuando los responsables de mantenimiento de la Empresa de Mantenimiento y Explotación SA (Emesa) Gregorio Camacho Díaz, de 52 años, y Sergio Martínez Pérez, de 36, bajaron al pozo número 4 en la M-30 tras declararse un incendio en el mismo. Pese a que los bomberos y la policía se lo prohibieron en varias ocasiones, hicieron caso omiso y descendieron a la zona siniestrada. Perdieron la vida al inhalar gases sulfurosos procedentes de unas baterías situadas en la misma estancia, según las autopsias.

Ruth Porta (PSOE):

La juez Mercedes Gutiérrez había sobreseído la causa en abril de 2013, al entender que no existía causa efecto entre el fallo del sistema antiincendios y el fallecimiento de ambos empleados. Se limitaba a acusar de “falta de diligencia” a Emesa, la responsable de mantenimiento del sistema de agua nebulizada, que debería haber apagado el fuego nada más iniciarse.

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, personado como acusación popular, recurrió el auto de sobreseimiento y la Audiencia Provincial le dio la razón. Debía reabrirse el proceso porque había diligencias que no se habían practicado y existían indicios racionales de delito. En esta segunda apertura, la titular del Juzgado de Instrucción número 21 practicó nuevas diligencias. Citó a varios testigos y recabó el informe redactado por el técnico de prevención del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid.

Los magistrados aprecian indicios de delito tras las pruebas practicadas

Tras estas pruebas, la juez dictó un auto el pasado 11 de agosto en el que de nuevo archivaba la causa. En su opinión, los defectos de mantenimiento señalados por la Inspección de Trabajo carecían de relevancia. No se les podía aplicar la normativa posterior, por no estar vigente, sobre los sistemas de extinción por agua nebulizada.

La Sección 15 de la Audiencia Provincial, de cuyo auto ha sido ponente la magistrada María José García-Galán, discrepa de la juez de instrucción. Esta mantuvo que las nuevas pruebas practicadas apuntaban a que no existía delito. Los magistrados de la Audiencia afirman que esa valoración no le incumbe a la juez: “Ante la presencia de dichos indicios, el procedimiento debe seguir, sin perjuicio de que puedan ser desvirtuados en el plenario y apreciado por el órgano de enjuiciamiento, sin que corresponda tal valoración de la prueba al órgano instructor”, concluye el auto.

Los representantes de Emesa y de la compañía de seguros a cargo de la responsabilidad civil alegaron contra la legitimidad del PSOE para personarse como acusación popular en el procedimiento. De nuevo, los magistrados apoyan esta iniciativa al entender que la defensa de la seguridad e higiene en el trabajo está recogida en el artículo 40 de la Constitución Española y que corresponde a los poderes públicos su defensa. “No cabe duda de que se trata de un interés general que trasciende el de los dos trabajadores que resultaron directamente afectados. Este es el marco legal en el que hay que entender la sanción penal de las conductas más graves. Es una materia de claro interés público”, añaden los jueces de la Audiencia Provincial.

La portavoz socialista de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Ruth Porta, ha criticado que el PP no haya actuado contra Emesa y defendido a los dos trabajadores fallecidos. “Parecen el abogado defensor de Emesa, y eso es gravísimo”, destaca la edil socialista. En su opinión, existen muchas preguntas por responder. También considera “muy grave” lo que ocurrió el 26 de octubre de 2012, cuando fallaron todos los sistemas de seguridad. “Se puso en riesgo la seguridad de los madrileños que estaban circulando esos días por los túneles de la M-30”, añade.

El Ayuntamiento de Madrid está a la espera de que concluya la instrucción o exista una sentencia firme para denunciar el contrato con Emesa, de forma que deje de prestar servicio en los túneles de la M-30.