El alcalde de Borredà, juzgado por prevaricar, se escuda en su secretario

El alcalde de Borredà (Barcelona), Joan Roma, para quien el fiscal pide cuatro años y siete meses de cárcel por prevaricar en la venta de una finca, se ha escudado hoy en el juicio en que su secretario municipal, ya fallecido, avaló el proceso y no creía que pudiera equivocarse. En la sección segunda de la Audiencia de Barcelona ha comenzado hoy el proceso contra el alcalde de Borredà, Joan Roma, del PSC, que ostenta la mayoría absoluta desde 1991, y otros dos concejales de su partido, acusados por el fiscal de un delito de prevaricación y otro de falsedad documental por vender, en 2001, la parcela municipal Fàbrica de Baix sin un expediente previo, ni convocar una subasta pública.

A la espera de que el próximo 18 de noviembre las partes expongan ante el tribunal sus conclusiones definitivas, el fiscal pide inicialmente para los tres acusados una condena de cuatro años y siete meses de cárcel. También solicita ocho años y seis meses de inhabilitación para ocupar cargo público, al considerar que sabían que la venta de la finca se había acordado sin respetar el procedimiento legal establecido.

El fiscal pide para los tres acusados una condena de ocho años y seis meses de inhabilitación para ocupar cargo público

Según el fiscal, los tres acusados aprobaron en marzo de 2001 en un pleno, sin contar en aquella sesión con la mayoría absoluta requerida -debido a la ausencia de un concejal socialista-, la venta de la parcela Fàbrica de Baix a Tejidos Decorativos por 12.000 euros.

El fiscal cree que la venta no se ajustó a derecho porque no se tramitó un expediente administrativo formal para poder acordar una venta directa ni se convocó la preceptiva subasta pública y que, posteriormente, el alcalde firmó certificaciones en las que se hacía constar que la venta se había aprobado en el pleno por mayoría absoluta. Se trataba de un requisito imprescindible ya que la operación superaba el 10% de los recursos ordinarios del municipio.

En su interrogatorio, Joan Roma, que también fue diputado en el Parlament por el PSC, ha alegado que es un "hombre de letras" sin conocimientos en el ámbito urbanístico y que siempre actuó con la confianza de que el secretario municipal, ya fallecido, avaló en todo momento el procedimiento.

Ante el tribunal, Roma ha reconocido que no leyó algunas de las certificaciones que le entregaba el secretario para que las firmara, ya que confiaba en sus conocimientos

Ante el tribunal, Roma ha reconocido que no leyó algunas de las certificaciones que le entregaba el secretario para que las firmara, ya que confiaba en sus conocimientos y está convencido de que siempre actuó de forma honesta y acorde a la legalidad. El concejal ha asegurado incluso, ante la insistencia del fiscal, que el secretario municipal le dijo que podía proceder a la compra directa, por lo que habría sido una "desconsideración enorme" no creerle.

No obstante, ha reconocido que el secretario municipal cometió algún error en el proceso, ya que tendría que haber recogido con más precisión que el pleno en el que se aprobó la venta fue uno que se celebró en diciembre de 2000, con mayoría absoluta, y no el de marzo de 2001, en el que se limitó a informar de las condiciones.

Roma ha alegado, además, que con la compra querían favorecer que la empresa se instalara en la población, ya que su prioridad era evitar la despoblación (cuando llegó a la alcaldía había 441 vecinos y ahora hay 612) y buscar salidas a la crisis del sector textil, que había dejado a Borredà sin empresas.

Además, el alcalde de Borredà ha alegado que cuando llevaron la documentación sobre la operación al Registro de la Propiedad les advirtieron de que no habían llevado a cabo todos los trámites pertinentes, por lo que contactó con los servicios jurídicos de la Diputación de Barcelona, que le especificaron todos los pasos que tenía que seguir para corregir la situación.

Una vez que hubo cumplimentado todos los requisitos, el alcalde comunicó la venta al Departamento de Gobernación de la Generalitat, que no les dio respuesta en los 30 días establecidos en la ley, por lo que consideraron avalado el proyecto por "silencio administrativo".

En el juicio, el presidente del tribunal, Pedro Martín, ha terciado en el acalorado interrogatorio del fiscal al alcalde. Se ha dirigido a Roma indicándole que podía estar tranquilo porque quedaba claro que no era experto en leyes, y ha añadido que en la causa no consta ni que la Generalitat ni el Registro de la Propiedad apreciaran indicios de que prevaricara.