Los Mossos desalojan a la PAH de una oficina de Catalunya Caixa

Los Mossos d'Esquadra desalojaron anoche a un grupo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que ocupaba una sucursal de Catalunya Caixa en la esquina del Paseo de Gracia con la calle de Provença. El desalojo empezó a las 23.30, cuando los agentes sacaron a una treintena de integrantes de la PAH de la oficina. Los Mossos, que contaban con 16 furgones policiales, habían acordonado la zona. "Nos dieron 30 minutos para salir. Lo han hecho cuando ya no había actividad en la Casa Milà, para que los turistas no vieran todo esto", relataba J. Y., uno de los participantes, quien explicaba que los agentes llegaron poco después de que acabara la proyección del documental Siete días en la PAH Barcelona. Los activistas organizaron una concentración frente a los furgones, en la que corearon lemas como Sí se puede, antes de marcharse. La PAH tiene prevista para hoy una acción de protesta por el desalojo alrededor de Plaza de Catalunya, aunque no ha aclarado su localización exacta.

Los integrantes de la Plataforma llegaron a las 13.45 a la sucursal de Catalunya Caixa en la esquina del Paseo de Gracia con la calle de Provença, después de haberse encerrado durante más de 24 horas en una céntrica oficina de Catalunya Caixa de Barcelona para exigir un alquiler social asequible para un matrimonio de más de 70 años que padece diabetes y cuya salud ha empeorado en el último año. Unos cuarenta activistas habían pasado la noche del martes en la sede de la entidad en la esquina de las calles de Caspe y de Roger de Llúria, ante la negativa del banco a negociar, y también ocuparon otras oficinas en el número 92 de Paseo de Gracia y en el 39 de la Rambla de Catalunya ayer por la mañana, antes de trasladar la protesta a una sucursal en la esquina del Paseo de Gracia con la calle de Provença. "Hemos decidido movernos a un sitio más céntrico, para hacer más visibles nuestras reivindicaciones", explicaba Susana Ordóñez, una portavoz de la PAH.

Una unidad de los Mossos d'Esquadra pidió la identificación de los miembros de la PAH instalados  en la oficina de la calle de Caspe. "Nos negamos a darla, dijimos que hacíamos desobediencia civil pacífica y nos identificamos como miembros de la Plataforma", explicaba la portavoz. Después de solicitar la identificación de los activistas, los agentes se marcharon del lugar. Ordóñez asegura que intentaron negociar con la entidad bancaria, pero que esta se niega a hablar acerca del caso. 

Fuentes de Catalunya Caixa explican que prefieren posponer cualquier negociación con la plataforma hasta después del encierro: "En estos momentos no podemos hablar con la PAH, porque lo que han hecho es una acción ilegal. Entendemos que se puede hablar con ellos de este caso, pero en un contexto distinto". Añaden que la política de la entidad es buscar una solución a los problemas de impago hipotecario. "Hemos hecho muchas propuestas en los últimos meses [a la pareja afectada], que incluyen la dación en pago y el alquiler social".

Jorge Ferrer y María Cara, de 75 y 73 años, están a punto de perder su vivienda por haber avalado un préstamo a su hija por el valor de 65.000 euros. Hace un año que no pueden hacer frente a las mensualidades de más de 600 euros con la pensión de 733 euros que él recibe, según explican fuentes de la PAH. La Plataforma ha tratado de negociar con Catalunya Caixa, que accedió a darles un alquiler social por 275 euros, un precio demasiado alto para la pareja, residente en el barrio barcelonés de Sant Antoni. "Con los recortes, ahora se gastan cerca de 300 euros al mes en medicina para ambos. Solo podrían pagar entre 100 y 150", afirma Ordóñez.

"No podíamos afrontar la mensualidad del piso, y, además, había que pagar la comunidad, el IBI, la luz, el agua, el gas y el teléfono. No quedaba para nada", explica Cara, quien explica que en alguna ocasión ha tenido que acudir al banco de los alimentos para comer. Explica que fue su marido quien firmó el préstamo, cuando ella aún estaba convaleciente de una operación. "Mi marido no se encontraba bien, y tuvo que firmar", recuerda.

La situación ha hecho mella en la salud del matrimonio. Sus vecinos denuncian que Ferrer perdió la visión en un ojo hace dos meses y que Cara ha intentado suicidarse un par de veces. "Sus vidas están en peligro", asegura Ordóñez, que explica que el caso no se puede llevar a la Mesa de Emergencia porque aún no hay una fecha de desahucio. "Pero hemos decidido actuar porque es una situación extrema", ha zanjado.

Ferrer no pudo participar en el encierro, que comenzó a las diez de la mañana, por estar convaleciente de una operación y Cara estuvo presente hasta las siete de la tarde. La PAH denuncia que tiene en la actualidad alrededor de 200 casos de afectados de Catalunya Caixa "atascados" porque la entidad "ha cerrado el grifo" a las daciones en pago y los alquileres sociales desde el pasado mes de junio.