Absueltos seis activistas de Stop Desahuicios que denunció el Gobierno

Nadie desobedeció ni opuso resistencia durante el polémico desahucio, hace ahora un año, de Elisabeth Sanlés, una vecina de A Coruña enferma, madre de tres hijos y con una renta mensual de apenas 200 euros. Fue la conclusión a la que llegó ayer el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de esta ciudad, que decidió absolver a las seis personas que iban a sentarse esa misma mañana en el banquillo, acusadas por la Subdelegación del Gobierno de una falta de desobediencia. Para el juez, fue erróneo imputar a esos cinco activistas de Stop Desahucios y a la sobrina de la afectada, que se encadenaron juntas para intentar impedir un desalojo forzoso que finalmente se llevó a cabo sin incidentes en noviembre de 2013, en medio de un descomunal despliegue policial y las protestas de dos centenares de personas.

 Del atestado policial, según explicó una de las abogadas de los procesados durante el juicio que iba a celebrarse ayer, se deduce que la única persona que aquel día se resistió de forma activa fue la propia afectada. Pero nadie presentó cargos contra Elisabeth Sanlés, por lo que, al transcurrir más de seis meses, prescribió la posibilidad de emprender cualquier acción judicial contra esta vecina coruñesa. “No hubo ningún acto de violencia, ni de desobediencia, fue una protesta pacífica en todo momento”, insistió el letrado de los activistas.

No hizo falta celebrar el juicio. El titular de la sala decretó libres sin cargo alguno las seis personas detenidas y fichadas aquel día en el interior de la vivienda en la que vivía Elisabeth. El abogado Antonio Vázquez recordó el enorme despliegue de agentes para llevar a cabo el desahucio, con la movilización de una decena de furgones policiales. Era el segundo intento de desalojar, por impago, a Sanlés de la vivienda de alquiler en la que vivía, dado que el primero, un mes antes, había sido abortado por las protestas sociales.

Los policías se valieron de una tenaza para cortar la cadena que impedía acceder a la vivienda y dentro se encontraron con un grupo de activistas, así como con Elisabeth y su sobrina, encadenados en la ventana, en la cara externa del edificio. No opusieron resistencia a que se cortara la cadena y finalmente el desahucio se llevó a cabo en medio de “protestas pacíficas”, subrayó Vázquez. Fue a su término cuando la policía detuvo a las seis personas finalmente absueltas ayer, acusadas, según les comunicaron en un primer momento los agentes, de desorden público.

“Nos reprimen a nosotros para asustarte a ti”, rezaban las pancartas de la veintena de personas que acudió ayer al juzgado para arropar a los seis denunciados. Stop Desahucios recordó que tanto la Xunta como el propio juez que ordenó aquel desalojo forzoso de Elizabeth por impago de alquiler reconocieron que la afectada padecía “una situación de vulnerabilidad social” y requería ayuda de las autoridades para buscar una solución a su situación familiar. El Ayuntamiento coruñés tan sólo le ofreció como solución provisional, tras ser expulsada de su piso, ingresar en un centro de acogida. Los activistas de la plataforma Stop Desahucios acumulan ya 7.000 euros en multas por sus protestas.