La justicia obliga a Aranjuez a demoler un edificio municipal

El Ayuntamiento de Aranjuez (PP) tiene 90 días de plazo para demoler el 30% de un edificio que alberga la mayor parte de las dependencias municipales de atención al ciudadano por haber invadido una propiedad privada. Un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aranjuez ha decretado la ejecución de la sentencia de 2012 contra la sociedad del Suelo de Aranjuez, que daba la razón al particular que denunció los hechos y que, además, obliga a devolver el patio a su estado primitivo a costa del municipio. La rehabilitación del inmueble supuso una inversión de 1,7 millones, que fue financiada con los fondos estatales del Plan E. A la inauguración, en febrero de 2011, asistió Manuel Chaves, en aquel momento vicepresidente tercero del Gobierno.

 “Nos vemos obligados a trasladarnos, porque tirar esa parte del inmueble afecta a su totalidad. Ahora estamos sopesando alternativas”, explica el popular Fernando Gutiérrez, concejal de Urbanismo. En las tres plantas del edificio, de más de 1.000 metros cuadrados, se localizan la sección de Recaudación, Urbanismo y Obras, Medio Ambiente, Personal e Informática, entre otras concejalías. “El 90% del tráfico diario municipal se realiza en ese edificio, por eso el traslado es un gran destrozo”.

La anterior corporación, del PSOE, decidió invertir los fondos que les ofrecía el Estado en unas nuevas dependencias municipales. El Ayuntamiento adquirió la finca, situada en la calle Stuart 79-81, a unos 100 metros de la Casa Consistorial, por medio de una permuta, en 2009. “En la escritura pública se especificaba que la parcela contaba con patio, y eso es lo que consta en el Registro de la Propiedad. No existía ningún problema para emprender la obra”, asegura el socialista David Estrada.

Para el propietario de la finca colindante (Promociones Alpajes), sin embargo, el uso de ese espacio era común a las parcelas que componen el inmueble. Así lo advirtió en un escrito dirigido al Ayuntamiento en abril de 2010. Siete meses más tarde, y dado que las obras continuaban, presentó una demanda en el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad.

El fallo, que llegó dos años más tarde, era claro: el uso del patio de forma privativa por el Ayuntamiento era “contrario a la ley”. Se trata de un elemento común y la entidad demandada “no podía ocuparlo ni anexionarlo a su local”. El patio origen de la discordia estaba concebido como un espacio abierto, para iluminar y airear los habitáculos interiores del edificio. El Ayuntamiento lo incorporó a su propio inmueble como superficie habitable, dotándolo de un cerramiento acristalado.

El Ayuntamiento recurrió la sentencia sin obtener el resultado esperado. La Audiencia Provincial Civil de Madrid ratificó la decisión en 2013, pero hasta ahora las dependencias han continuado funcionando sin que se procediera a demoler la parte edificada ilegalmente.

Desde el PSOE se preguntan cómo es posible que desde que se dictó la sentencia en primera instancia el Ayuntamiento no haya llegado a un acuerdo con el demandante. “La alcaldesa prefiere derribar el edificio, porque es un símbolo del anterior equipo de Gobierno”, sospecha Estrada. “Eso lo tendrían que haber pensado ellos antes, para que el asunto no hubiera llegado a mayores”, responde el edil de Urbanismo. A pesar de todo, asegura que lo han intentado, ofreciendo alternativas al propietario. “Pero estamos en sus manos, porque todo pasa por indemnizarle, y con una deuda de 175 millones que nos dejó el PSOE no podemos ofrecerle nada. Bastante tenemos con sacar adelante la gestión diaria del Ayuntamiento”, concluye”.

Es la primera noticia que hemos tenido hoy a través de los medios, no nos han dado traslado de nada. El Ayuntamiento adquirió la finca en 2009 por una permuta y en la escritura pública dice que es con patio, eso consta en el Registro de la Propiedad y esa ha sido la defensa del abogado. Esta señora prefiere derribar un Ayuntamiento, nos preguntamos que ha hecho en estos dos últimos años en los que la sentencia es de primera instancia. Yo diría que ni siquiera es una imprudencia, se adquirió una vivienda con patio. Es un símbolo de la anterior gestión. Hay una sentencia que declara ilegal el parking y esta señora no lo recurrió, debería haber alegado, luchar por los intereses de Aranjuez.