El TSXG investigará a la diputada del PP Marisol Piñeiro por un contrato
La parlamentaria podría haber prevaricado al participar en la incorporación de una asesora municipal cuando era teniente de alcalde del Ayuntamiento de Carnota
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia asumió también ayer la competencia para investigar si la diputada autonómica del PP Marisol Piñeiro incurrió en un delito de prevaricación como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Carnota al participar en la contratación presuntamente irregular de una asesora municipal. El caso fue denunciado por el actual regidor del municipio, el nacionalista Ramón Noceda, que llevó a la justicia la contratación durante el mandato de su antecesor, el popular José Oreiro, de una asesora sin que supuestamente mediase ningún proceso público de selección. Tras ser llamados a declarar el propio Oreiro y el secretario municipal, el juzgado de Muros que instruye el caso consideró que también estuvo implicada en la contratación la entonces teniente de alcalde.
Piñeiro es actualmente diputada autonómica, por lo que está aforada y el juzgado de Muros tuvo que elevar el caso al TSXG. Este tribunal, tras recabar la opinión de la Fiscalía, entiende ahora que debe asumir la competencia para investigar los hechos por poder constituir un delito de prevaricación administrativa. Además de a Piñeiro, investigará también al secretario municipal de Carnota.
En una tercera resolución, al tiempo que asume las investigaciones sobre Pachi Vázquez y Marisol Piñeiro, el TSXG ha decidido devolver al juzgado de origen la investigación sobre un tercer aforado, el exalcalde de Santiago y actual diputado autonómico del PSOE Xosé Sánchez Bugallo. El socialista fue denunciado en abril por supuestas ilegalidades urbanísticas durante su mandato por su sucesor en la alcaldía, el popular Gerardo Conde Roa. El Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago, a cuyo frente se encontraba en aquel momento el juez José Antonio Vázquez Taín, elevó apenas dos meses después la causa al TSXG. Ahora este tribunal pide a ese juzgado de origen que investigue más antes de elevarle el caso y que exponga razonadamente los indicios de criminalidad y las pruebas que se podrían achacar a Bugallo.
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