La fiscalía dice que tachar a Colau de proetarra es libertad de expresión

La activista Ada Colau se ha quedado sola en su demanda judicial contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que la vinculó el año pasado a grupos proetarras. Colau, que era entonces portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), exige a Cifuentes una indemnización de 75.000 euros por vulnerar su derecho al honor. En el juicio, celebrado hoy en Barcelona, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han reconocido que aquellas declaraciones supusieron una afrenta para Colau. Las dos instituciones, sin embargo, han defendido que a Cifuentes le ampara la libertad de expresión.

Colau, candidata a la alcaldía de Barcelona a través de la plataforma de izquierdas Guanyem Barcelona, ha reclamado a la delegada que se "disculpe públicamente" y le ha exigido el pago de una indemnización. La activista ha anunciado que, en caso de que prospere la demanda, destinará ese dinero a pagar las multas que Cifuentes ha impuesto, en Madrid, a raíz de diversos escraches promovidos por la PAH contra responsables políticos.

Cifuentes hizo sus polémicas declaraciones en una entrevista en Radio Nacional de España, el 25 de marzo de 2013. La delegada declaró que en la PAH había "ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras". Aquellas palabras provocaron un alud de insultos y amenazas de muerte a Colau y su familia, según han explicado en el juicio dos testigos: el responsable de prensa de la plataforma y la pareja de la activista. Este último, Adrià A., ha explicado que las declaraciones marcaron un "punto de inflexión" en sus vidas. El titular del juzgado de primera instancia número 57 de Barcelona ha eximido a la delegada del Gobierno de acudir a la vista.

Tras el juicio, Colau se ha mostrado "muy enfadada" por la actitud de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que han pedido que se desestime la demanda pese a reconocer que las palabras de Cifuentes son "reprochables".