El Supremo autoriza a Alaya a seguir con la investigación del ‘caso ERE’

La juez Mercedes Alaya ha afirmado que dispone del permiso “telefónico” del Tribunal Supremo para seguir con su investigación del caso ERE, después de haber enviado la exposición razonada sobre los cargos aforados al alto tribunal el pasado agosto. Dicha comunicación entre órganos judiciales es extraordinaria, sobre todo porque fue la propia Alaya la que informó a las partes del caso el pasado martes durante una comparecencia.

Ese día la juez tomaba declaración a diversos exdirectivos de la consultora Vitalia en su despacho, cuando al llegar el turno de Jesús Bordallo, su abogada Ángela Nieto informó a la magistrada de que su cliente no iba a declarar ante ella porque estimaba que no era competente para seguir instruyendo el caso. La respuesta de Alaya a la letrada, con tono severo, fue que sí era competente porque el Supremo le había comunicado por teléfono que contaba con su autorización para seguir instruyendo la causa. El comentario de Alaya se produjo fuera de declaración. Es decir, cuando el secretario no tomaba fe de los testimonios y de lo que sucedía en el juzgado. Al respecto, la respuesta del Supremo confirma la tesis de Alaya: “La juez tiene plena competencia de la instrucción mientras se resuelve la exposición razonada”, informó un portavoz.

En paralelo, el alto tribunal resuelve estos días sobre si asume la causa debido a la presencia de nueve altos cargos aforados, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La cuestión no es baladí dado que está en juego el devenir de la investigación y la competencia de Alaya para seguir instruyendo mientras los jueces del Supremo deciden. Y el margen de maniobra de los magistrados está reglado por el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula la investigación de un juez de instrucción tras haber enviado una exposición razonada sobre aforados al alto tribunal. El texto subraya que tanto el Supremo como la fiscalía o las partes pueden exigir que un juez frene sus diligencias siempre que afecten a aforados, una cuestión que parece clara tras nombrar Alaya por tres veces al parlamentario Francisco Vallejo en su auto del pasado 4 de septiembre.

Como excepción, dicho artículo subraya que el Supremo podrá autorizar “entre tanto que resuelve la competencia, la continuación de aquellas diligencias, cuya urgencia o necesidad fueren manifiestas”. La pregunta clave que plantean fuentes personadas en el caso es si la autorización con formato genérico del Supremo, que ha comunicado de manera verbal Alaya, encaja en la concreción de “diligencias cuya urgencia o necesidad fueren manifiestas”. Dichas fuentes dudan de que la ley ampare una autorización general para continuar con la instrucción del juzgado sevillano: “El Tribunal Supremo está obligado a ordenar a Alaya a que pare toda actuación instructora o a concretarle qué diligencias, por urgencia manifiesta, puede continuar instruyendo por decretarlo así el artículo 21. Sería inconcebible que los magistrados hubieran autorizado una continuación de la instrucción sin límite, sin cobertura legal, por teléfono, a escondidas y a espaldas de los verdaderos interesados, las partes procesales”.

Lejos de apagarse, el caso se ha reactivado de nuevo esta semana con la declaración del expresidente de Vitalia Eduardo Pascual sobre el desvío de 18 millones procedentes del fondo de los ERE para cuatro empresarios “vinculados” al PSOE federal que invirtieron en República Dominicana. La previsible consecuencia de este testimonio será la imputación de dichos empresarios, entre otras personas, dadas las diligencias precedentes en la instrucción de Alaya.