Tira y afloja para devolver 10 millones

“Nunca, nunca, nunca hemos tenido un caso como este. En el lío que ha dejado este hombre al morir (…) la parte notarial es completamente tangencial. Los rumores sobre lo que hizo en otros ámbitos son espantosos”. La perplejidad del presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collantes, sobre el escándalo que destapó el suicidio del notario sevillano Pedro Romero Candau la pasada primavera, abre una puerta a investigaciones policiales o judiciales que aclaren un enorme y turbio legado de impagos. La deuda destapada de 50 millones de euros esconde sospechosos movimientos a través de sociedades interpuestas. Parte de esta ingeniería financiera ya fue denunciada por la Agencia Tributaria, que la tradujo en multas y débitos con Hacienda que hoy superan los cuatro millones de euros.

Al margen del fraude cometido con capitales de origen incierto, estos días el órgano que representa a los notarios del país intenta que los clientes de Romero Candau recuperen su dinero, por ahora tasado en 10 millones, un propósito que le afecta de manera esencial porque está en juego un bien intangible como la imagen de los notarios: los impagos a 300 perjudicados que confiaron sus depósitos y provisiones de fondos al notario con afán de empresario de éxito.

De sus clientes, de momento solo 120 ciudadanos han presentado sus quejas a la aseguradora Berkley España, aunque es previsible que este número aumente de manera considerable, aseguran fuentes del caso. Entre los damnificados destaca la Universidad de Sevilla, que confió 5,5 millones con fe ciega al notario y este lo invirtió en sus negocios a través de su empresa OCP Asesores, gestionada por su mano derecha para los negocios, Luis Pérez.

El escenario es una negociación sensible a tres bandas. Por un lado, el Consejo General del Notariado defiende el interés de los perjudicados frente a la aseguradora Berkley para lograr que el agujero generado por el fedatario sevillano se reintegre a sus clientes. Y en paralelo, el seguro cierra uno por uno cada caso para intentar arañar parte de esos 10 millones. Cuando ve grietas que no están claras, el bufete Muñoz Arribas, contratado a tal efecto, aprovecha para rebajar la cuantía estipulada en principio. La tentación de evitar juicios ulteriores es muy alta para todos, aseguradora y damnificados, y en ocasiones se producen quitas de entre el 10 y el 15%. Eso sí, con el acuerdo de ambas partes y protegidas por una cláusula de confidencialidad. El letrado que representa a Berkley, José Antonio Muñoz Arribas, rechaza la mayor y defiende su negociación: “Nosotros no hacemos quitas por pronto pago. Nosotros negociamos. El derecho no son las matemáticas y lo lógico es negociar. Jamás he visto que se trate un asunto con tanta generosidad a favor del asegurado”.

En el fondo de este espinoso asunto late la naturaleza semipública del notario, un profesional que ejerce una función en sustitución del Estado. Por ello, para proteger a los ciudadanos, se recurre a un seguro obligatorio pero que no está regulado por ley, sino que queda al arbitrio del Consejo General del Notariado, tomador del mismo, y de la aseguradora. Y este grave caso ha desvelado las grietas del sistema.

El Real Decreto 45/2007 establece que el usuario nunca debe sufrir perjuicio. Sin embargo, la garantía que debería ser del 100%, ahora depende de lo que el Consejo (o la aseguradora Berkley) quiera en cada caso. “Es una formulación general. También la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a trabajar”, alega Agustín Pérez-Bustamante, delegado del Consejo en materia de seguros.

El órgano renovó el seguro con Berkley la pasada primavera, aunque con una subida del 10%, y algunos notarios vieron cierta precipitación en la decisión, condicionada por el escándalo de Romero Candau. “Me enfadé porque Berkley medio nos chantajeó. Yo no estaba de acuerdo con renovar tan precipitadamente. La póliza les asustó y les dio miedo que nos quedáramos sin cobertura”, explica un directivo que pide el anonimato. Pérez-Bustamante discrepa: “No hubo ningún chantaje y siempre era mejor seguir con Berkley que cerrar la puerta y decir entiéndanse ustedes, que sería mucho peor para los damnificados”. Sobre las negociaciones entre los damnificados y Berkley, el presidente García Collantes asegura: “El Colegio no tiene constancia oficial de que se estén produciendo quitas (...) Aunque yo no puedo controlar si un expediente está bien o mal hecho”, señala.

Al margen de las provisiones de fondos, otros clientes cerraron préstamos personales seducidos por la poderosa personalidad de Romero Candau. Unos préstamos ajenos al seguro de responsabilidad civil. Entre estos clientes resalta el religioso de iniciales A. C. O. M., que confió 2,5 millones al notario y hoy busca recuperarlos, de momento sin éxito. El religioso es socio de Indosuez Gestión, que como Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), el instrumento predilecto de las grandes fortunas para gestionar su patrimonio, cotiza en Bolsa.