Català: “No podemos esperar grandes inversiones del Estado”

El Consell no tiene ninguna fe en los presupuestos generales del Estado para 2015 aprobados ayer por el Consejo de Ministros. “Se está recuperando la economía, pero de forma tranquila y pausada. No podemos esperar grandes inversiones”, admitió la portavoz del Consell y consejera de Educación, María José Català.

“Cuando el Consell conozca el contenido de los presupuestos haremos la valoración y decidiremos si vamos a hacer alguna enmienda”, admitió la consejera. La manifestación de la portavoz hubiese sido previsible con un Gobierno central socialista, pero no con uno del PP. Y revela, además, la falta de sintonía entre ambas Administraciones populares.

El Ejecutivo, que preside Alberto Fabra, tan solo espera que se mantengan los proyectos ya iniciados y que tienen consignación presupuestaria de ejercicios anteriores. El Consell tiene depositadas sus esperanzas, sobre todo, en que las dotaciones previstas para el corredor mediterráneo no disminuyan.

La Generalitat apoya las exigencias empresariales pero no las vota

Durante su comparecencia, tras la reunión semanal del Consell, Català indicó que, tres meses después de solicitar una entrevista con Cristóbal Montoro, el Ministerio de Hacienda sigue sin fijar fecha para recibir a los representantes de las organizaciones empresariales valencianas. “El sentimiento es de decepción”, admitió la portavoz tras reconocer que no hay fecha para la entrevista a la que se comprometió el propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que ahora ha quedado atrapado en el fuego cruzado entre el Gobierno central y los empresarios.

Tras meses de reivindicaciones sin éxito, el PP no puede seguir manteniendo el mismo tono crítico con el Gobierno central, pero tampoco desairar a quienes han apoyado sus políticas económicas. En este escenario tan complicado, Català tuvo que realizar una rocambolesca explicación para justificar porqué no han apoyado esta semana en las Cortes Valencianas una iniciativa del PSPV en la que se exigían a Madrid las inversiones que reclaman las organizaciones empresariales.

“En el debate parlamentario, el PP busco pactar una enmienda transaccional con la oposición [para incluir en el texto que recogía la literalidad de las reivindicaciones de los empresarios una referencia a desaladoras]”, continuó Català, “que no quiso admitirla”. Y añadió: “Además, se votó en un paquete que incluía otras iniciativas y el PP votó en contra”.

El sentimiento con el Ministerio de Hacienda es de “decepción”

A pesar de ello, la portavoz insistió en que el PP y el Consell apoyan “a los empresarios y sus reivindicaciones”. “Es una reivindicación que asumimos. El presidente siempre ha demostrado con hechos que está al lado de los valencianos”, remachó.

Por si fuera poco, en este complicado juego de equilibrios, el Consell se vió finalmente obligado a mantener un pulso con el Gobierno sobre quién tiene la competencia para regular, y cobrar, el impuesto bancario.

El Consejo de Ministros decidió ayer recurrir ante el Tribunal Constitucional el impuesto de la Generalitat a las entidades de crédito y, en respuesta, el Consell decidió recurrir el impuesto bancario del Gobierno, aprobado el pasado 4 de julio.

Fuentes del Consell explicaron que el recurso del Gobierno contra el impuesto de la Generalitat era esperado, ya que entró en vigor el pasado 1 de enero y el plazo para recurrir caducaba el próximo 1 de octubre. Con ese tributo, la Consejería de Hacienda confiaba en recaudar este año 230 millones de euros, de los que hasta el pasado mes de abril habían recogido 67. La próxima liquidación corresponde hacerla el próximo 20 de octubre, pero una vez el Constitucional admita el recurso, el cobro del tributo quedará paralizado. La medida alejará, aún más, al Consell del cumplimiento del objetivo de déficit fijado para 2014, por lo que exigirá una compensación al Gobierno.