Caso de los ERE

Un exconsejero intenta desmontar ante Alaya su implicación en el ‘caso ERE’

Martín Soler evita declarar, pero entrega un escrito en el que se desliga del fraude

El exconsejero de Innovación andaluz Martín Soler, imputado por malversación y prevaricación, ha alegado ante la juez Mercedes Alaya que ya había dejado el cargo cuando su departamento conoció en mayo de 2010 el ERE de la empresa Abantia Ticsa, por el que ayer volvió a los juzgados para comparecer ante la magistrada del caso ERE. A pesar de que la instructora envió en agosto la exposición razonada al Tribunal Supremo sobre la supuesta implicación de nueve cargos aforados, esta continúa con la instrucción del caso. Tras imputar hace dos semanas a 20 personas más (ya acumula 227), ayer citó en su juzgado a cuatro ex altos cargos de la Junta, entre ellos dos exconsejeros del Gobierno andaluz. Todos ellos se negaron a declarar por no considerar a Alaya juez competente en el caso.

A pesar de su silencio, Martín Soler ha presentado un escrito para subrayar que la reciente ampliación de su imputación es insostenible porque ya había cesado como exconsejero cuando Innovación fue informada del ERE de Abantia por Empleo [consejería que concedía las ayudas]. “Un dato sustancialmente relevante en el contexto de la decisión adoptada de ampliación de la imputación (...) es la fecha de la resolución por la que el Director General de Trabajo acuerda ordenar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía el pago del 75% de la ayuda (...) 65 días después de estar cesado Martín Soler como Consejero de Innovación”, arguyó el ex alto cargo andaluz.

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Alaya achaca a Martín Soler su participación en la autorización del pago de la subvención a Abantia Ticsa, concedida el 15 de marzo de 2010 por 450.000 euros con cargo a los fondos de la Consejería de Innovación, según la providencia dictada este mes. Soler matizó en su descargo que además desconocía el informe de cumplimiento de 2010 sobre la agencia Idea [perteneiente a Innovación] elaborado por la Intervención General de la Junta, ya que se conoció en 2011.

Mientras, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández estaba citado como imputado, pero no ha comparecido debido a que su madre había fallecido el día antes. Tampoco ha acudido al juzgado la exdirectiva de la consultora Vitalia María Vaqué. Por el contrario, sí comparecieron ante Alaya los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Justo Mañas, el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez y el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, pero todos optaron por guardar silencio ante la juez. Tras comprobar los duros interrogatorios de la juez, la estrategia del silencio se ha extendido en el último año y la inmensa mayoría de imputados opta por acogerse a su derecho a no declarar ante Alaya.

La juez amplió recientemente la imputación de los cinco ex altos cargos por los ERE de las empresas Hitemasa, Samec, Primayor e Inverjaén. Además de estas subvenciones que la instrucción considera ilegales, Alaya censuró la subvención excepcional de cinco millones concedida en 2011 a la empresa Astilleros de Huelva. Por esta ayuda la magistrada imputó al exjefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo Antonio Lamela, que emitió un informe al respecto. Alaya censuró la opinión jurídica del letrado y decidió su imputación porque haber emitido el informe “siguiendo indiciariamente las instrucciones políticas del viceconsejero Justo Mañas, del que dependía jerárquicamente”. Eso sí, la juez no aportó pruebas de esta supuesta orden política que sirvió para poder sustentar legalmente la ayuda del Gobierno andaluz.

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