González y Cifuentes protagonizan su último desencuentro

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, han añadido hoy, a ocho meses de las elecciones autonómicas y municipales para las que el Partido Popular no ha designado aún a sus candidatos, un rifirrafe más a su hoja de desencuentros. La chispa, en esta ocasión, ha prendido a raíz del supuesto maltrato en 2011 a un inmigrante en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. El agredido, de nacionalidad colombiana, denunció amenazas y malos tratos de los agentes que le escoltaron hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde fue deportado.

Nada más conocer los hechos, el dirigente autonómico ha instado a la delegada a "clarificar cuanto antes" lo ocurrido. "Me imagino que la Delegación de Gobierno tendrá que dar las explicaciones correspondientes y clarificar cuanto antes esto", ha dicho. También ha pedido que la justicia actúe con "celeridad" para investigar el presunto maltrato al inmigrante. La delegada realizó una visita al CIE de Aluche en febrero de 2012, cuando llevaba apenas un mes en el cargo. En esos días se publicaron distintas informaciones que denunciaban las condiciones de vida de los internos. "Se hablaba de un centro en condiciones tercermundistas, con unas deficiencias inaceptables en cuanto a alimentación, atención médica e instalaciones y lo que yo vi es que los internos están perfectamente bien alimentados y con unas instalaciones muy austeras; pero absolutamente en condiciones sanitarias, higiénicas y dignas", valoró entonces la delegada.

La respuesta de Cifuentes ha llegado pasadas las cinco y media de la tarde. La delegada del Gobierno ha empleado su cuenta de Twitter para “puntualizar” lo sucedido hace tres años en el CIE de Aluche. “Condeno rotundamente cualquier caso de maltrato, provenga de quien provenga. La justicia tendrá que actuar”, ha arrancado Cifuentes, que acto seguido ha matizado que los hechos “ocurrieron en mayo de 2011, siendo ministro del Interior [Alfredo Pérez] Rubalcaba y delegada del Gobierno Dolores Carrión, ambos del PSOE”. Con independencia del año en que se produjo la agresión, la delegada alegó que no es competencia suya por más que visitó el centro de internamiento un mes después de ser nombrada en enero de 2012.

La delegada también ha querido aclarar, “ante declaraciones infundadas” –una manera implícita de referirse a las palabras de González por la mañana-, que los CIEs son competencia del Ministerio del Interior, y por tanto no del representante de turno del Gobierno en la región. Por último, Cifuentes ha recordado que el asunto “está siendo investigado por un Juzgado de Instrucción de Madrid” y se ha despedido esperando “que la justicia llegue hasta el final”.

El desencuentro entre González y Cifuentes se produce la misma semana en la que la delegada se ha mostrado partidaria, como una reflexión a título personal, de que los militantes del Partido Popular elijan a sus candidatos autonómicos mediante un proceso de primarias. La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, también coincidió con Cifuentes. El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha llamado hoy al orden a las dos candidatables a relevar a Ana Botella en el Ayuntamiento (Cifuentes también suena para la Comunidad). “Cuando uno milita en un partido político debe saber cuáles son las reglas de funcionamiento”, ha zanjado Alonso.

La final de la Champions entre Real Madrid y Atlético el pasado mayo desencadenó la última bronca en el PP de Madrid. La intención de González de instalar una pantalla gigante en la Puerta del Sol para seguir el partido no contó con el respaldo de Cifuentes y finalmente se desechó. La Delegación advirtió que la instalación requería el permiso de la Junta Electoral, debido a que el encuentro tuvo lugar la víspera de las elecciones europeas.

Antes, Comunidad y Delegación discreparon por el número de manifestaciones que se producen en Sol. Mientras el Gobierno regional consideraba que eran excesivas (un millar según sus cálculos) y perjudicaban a comerciantes, vecinos y turistas, la Delegación redujo las protestas a 391 en 2013 -175 contaron con menos de 50 participantes- y subrayó que no tenía competencias para prohibirlas en la zona. "La Delegación no decide dónde se llevan a cabo las protestas, lo deciden los organizadores", apostilló Cifuentes.