La juez de la Pokémon aprecia que Paula Prado cometió cuatro delitos

Tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y cohecho. La juez Pilar de Lara enumera en la exposición motivada que remitió al Superior los supuestos delitos que aprecia en la diputada gallega y exportavoz del PP Paula Prado del Río durante su actividad como concejala de Familia, Benestar Social, Muller e Emprego en el Ayuntamiento de Santiago. Hace pocos días se pronunció la Fiscalía Superior de Galicia, que pidió al tribunal que tome el testigo de la investigación sobre Prado y que dé el paso que De Lara no puede dar, el de la imputación, porque la representante popular es aforada.

El escrito de la juez en el que se basa el fiscal, del 17 de junio, al que ha tenido acceso este diario, describe con detalle, a lo largo de medio centenar de folios, supuestos delitos que ya habían trascendido y otros que se desconocían. Según la investigación que corrió a cargo de agentes de Aduanas, Prado podría haber ejercido una influencia “ilícita” para “beneficiar económicamente a su esposo”, el ya imputado Francisco Antonio Otero Illodo, “en su actividad de venta de materiales textiles”, entre otros, “a los Ayuntamientos de Santiago y Boqueixón, empleando para ello a terceros intermediarios a fin de no involucrar su nombre como proveedor”.

Supuestamente, Paula Prado habría influido en colaboración con otros concejales de su corporación, Albino Vázquez y Adrián Varela, y el que era jefe de gabinete del alcalde Conde Roa, Ángel Espadas, gran amigo de la diputada. Por su parte, el marido, propietario de Frandan Moda, SL, según expone la magistrada, “habría utilizado estratagemas como la de facturar por medio de personas interpuestas”. Y lo haría a diversas empresas relacionadas con el Ayuntamiento de Santiago y con el de Boqueixón, entre las que destacan dos concesionarias de servicios públicos que se encuentran en el eje de la trama Pokémon: Sermasa, del Grupo Vendex, y Aquagest.

Según Vigilancia Aduanera, con estos rodeos, en realidad lo que podría haber estado haciendo Otero Illodo entre 2011 y 2012, los años en los que Paula Prado formó parte del gobierno local, sería vender prendas “al Ayuntamiento de Santiago y al de Boqueixón [ambos investigados en el caso Pokémon] utilizando presuntamente a Sermasa o también a Aquagest”. En los primeros meses desde la victoria electoral de Conde Roa, el marido de la diputada habría facturado directamente, y es a partir de noviembre de 2011 cuando “actúa con intermediación” de otro empresario textil. Pero el modelo de factura en ambos casos es “exactamente el mismo”, y hasta se hallaron documentos de un proveedor en los que aparece el correo electrónico del intermediario como dirección de contacto de Otero Illodo.

Según el escrito de la juez, las facturas que los proveedores de Francisco Otero emiten al esposo de la exportavoz del PP coinciden en importe con las que este envía al empresario que participa como intermediario, pero luego el segundo las cursa rumbo a varias empresas concesionarias de organismos públicos por una cantidad mucho mayor. Aduanas detectó beneficios en determinados lotes de facturas del 66% y del 83%.

Hay escuchas que apuntan a este baile de encargos y facturas presuntamente enmascaradas a lo largo del sumario. Y también pinchazos que delatan la supuesta influencia ejercida por Prado y varios ediles. Pero además, los investigadores atribuyen a la diputada el inflado en 3.000 euros de la factura de un espectáculo, la intercesión para parar una multa a un local nocturno, la participación en la búsqueda de un interventor municipal afín o la promoción de enchufes a favor de personas relacionadas con el PP, “llegando a adaptar los currículum a los puestos de trabajo”.