El Gobierno abandona el proyecto del Campus de la Justicia en Valdebebas

El Campus de la Justicia, un proyecto ampuloso que iba a contar con 15 edificios con el sello de los arquitectos más vanguardistas y que costaría unos 500 millones de euros, seguirá siendo una tierra yerma al norte de Madrid, en la zona de Valdebebas. El Ejecutivo de Ignacio González (PP) acordó el pasado 31 de julio, en su última reunión antes del parón de agosto, la disolución de la empresa pública que lo iba a promover. La Consejería de Economía y Hacienda así se lo notificó a la Asamblea de Madrid este lunes, según consta en el registro del Parlamento.

La expresidenta regional, Esperanza Aguirre planteó en 2004, en la primera legislatura de su mandato (2003-2012), agrupar los órganos judiciales de la región en una superficie de más de 200.000 metros cuadrados con buenas comunicaciones, ya que estaría próxima al aeropuerto madrileño de Barajas y a apenas 10 minutos de la plaza de Castilla. Eran los tiempos de la bonanza económica y el plan consistía, ni más ni menos, en concentrar las 19 sedes judiciales existentes en la comunidad autónoma —contribuyendo así a la rapidez del sistema, ya que todos los estamentos jurídicos estarían juntos y no diseminados— en el que sería el mayor complejo de Europa. Diez años después, el Instituto de Medicina Legal, cuyo coste fue de 19,3 millones y es conocido popularmente como el Donut por su figura peculiar, es el único edificio futurista que campa en el lugar, que tiene más de secarral que de campus. Está cerrado.

Los presupuestos autonómicos para este ejercicio preveían unas pérdidas de 98.500 euros de esta sociedad mercantil, ligeramente por debajo de los del año anterior (144.505 euros). Los números rojos también marcaron el resultado de explotación, con unas pérdidas de 100.000 euros según las proyecciones del Gobierno madrileño este curso, frente al saldo negativo de 156.155 euros en 2013. El apartado de personal no ha supuesto ningún coste en 2014, por los 26.155 euros del año precedente (20.119 euros en sueldos y salarios; el resto corresponde al pago de la Seguridad Social a cargo de la empresa).

Frente a las grandilocuentes predicciones que finalmente no se concretaron, el Campus de la Justicia contó con un presupuesto de 100.200 euros para 2014 (158.505 en 2013). Al tratarse de una sociedad mercantil participada al 100% por la Comunidad, y por tanto ser el único socio de la misma, la Junta General del Campus de la Justicia está constituida exclusivamente por el Gobierno regional.

Tras años olvidado, el Gobierno madrileño recuperó el proyecto en febrero de 2012. La intención de la Consejería de Presidencia y Justicia, entonces dirigida por Regina Plañiol (Salvador Victoria la sustituyó en septiembre de ese año, tras el relevo de Aguirre por González) era adaptar la idea original con una versión de la Ciudad de la Justicia low cost. Todo marcado por la austeridad y sin la firma de los arquitectos más prestigiosos del momento. Esto es, adiós a los edificios singulares de reconocimiento internacional. Algo más modesto.

La revisión del Campus de la Justicia pasaba por sacar a concurso la construcción de las instalaciones pendientes y gestionar el complejo privatizando por ejemplo su mantenimiento, la limpieza o la seguridad. Para ello, el todavía Ejecutivo de Aguirre decidió sacar a concurso tanto la construcción como la gestión del futuro campus. Lo haría por unos 33 millones. La cifra no era casual: coincidía con la cantidad que el Gobierno regional abonaba cada año por la mitad de las sedes judiciales bajo su círculo de influencia en la capital. Aguirre precisó que varios fondos de inversión habían propuesto construir los edificios y alquilarlos después a la Comunidad.

Los trámites para resucitar el proyecto debían comenzar una vez liquidada la sociedad del Campus de la Justicia. Las expectativas del Gobierno autonómico eran que el concurso estuviese listo en 2013, después de los estudios de viabilidad económica. Sin embargo, en noviembre de 2012, nueve meses después de animarse a acabar la Ciudad de la Justicia, el Ejecutivo regional concluyó que no contaba con los fondos suficientes para seguir adelante con el macroproyecto. González se acababa de estrenar al frente de la Comunidad con unos recortes de 2.700 millones. “Creemos que hay que seguir con la reagrupación de las sedes judiciales, pero no hay dinero para inversiones en nueva construcción”, explicó entonces Victoria, reconociendo que su departamento no podía afrontar una inversión como la del Campus de la Justicia, en el peor momento de la crisis para Madrid. La disolución de la empresa pública es el último capítulo de un sueño que se quedó en espejismo.