El fiscal del Madrid Arena, en contra de la imputación del exjefe de la policía local

Exculpados ya por el juez todos los concejales a los que se investigó por su posible responsabilidad en la tragedia del Madrid Arena, el único elemento del caso con alcance político es la imputación del hasta el lunes inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, al que el gobierno local de Ana Botella (PP) ha defendido hasta ahora y, a tenor de lo dicho por el abogado municipal, seguirá defendiendo.

El fiscal discrepa del juez sobre la responsabilidad de Monteagudo, que dimitió el lunes, y estudia recurrir su imputación al creer que “carece de responsabilidad penal” por su actuación.

El magistrado, Eduardo López-Palop, considera que la aglomeración de jóvenes bebiendo alcohol en los alrededores del pabellón “fue una de las causas de la tragedia, y como la encargada de impedirlo era la Policía Municipal, el máximo responsable debe responder por su negligencia”. Así, en el auto con el que terminaba la instrucción del caso, conocido el lunes, imputaba a Monteagudo por cinco presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave, uno por cada una de las cinco jóvenes aplastadas en una avalancha en el interior del pabellón municipal en la fiesta celebrada el 31 de octubre de 2012.

El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, no está de acuerdo sin embargo de esta interpretación. En su opinión, el inspector jefe “carece de responsabilidad penal” porque “el comportamiento que se le atribuye no constituye el riesgo generador del resultado”. Es decir, independientemente de que, como afirma el juez, los agentes municipales mantuvieran una actitud “contemplativa” y “una pasividad totalmente inadecuada” ante el botellón celebrado por miles de jóvenes en las cercanías del pabellón; o incluso de que el despliegue policial fuera insuficiente para vigilar el entorno de una fiesta a la que estaba previsto que acudieran hasta 10.620 jóvenes (finalmente se juntaron, según la investigación judicial, hasta 30.000), todo esto no influyó en la tragedia, achacable según el fiscal a “otras conductas imprudentes anteriores, simultáneas y posteriores”.

Es por ello que Moix estudia recurrir el auto judicial en lo que se refiere a la imputación de Monteagudo, según comunicó a la agencia Efe, al creer que los argumentos del magistrado no son acertados. El inspector jefe también recurrirá su propia imputación, y el Ayuntamiento estudia adherirse a ese recurso.

A partir de las declaraciones de un agente y de Cándida Jiménez, responsable del operativo del Madrid Arena, quien no ha sido imputada, el juez concluye que la policía “tuvo que haber evitado el botellón y no lo evitó”. El botellón, siendo ilegal, “no es, obviamente, constitutivo de un ilícito penal”, admite el juez, pero en su opinión sí tuvo “una importancia decisiva como desencadenante de la tragedia”. Unos 3.000 jóvenes que bebían en las proximidades entraron en un momento dado de la noche al pabellón, agravando el exceso de aforo en la pista. La entrada de esos jóvenes no es achacada por el juez a la actuación de la policía, a la que tampoco se culpa de lo ocurrido en el interior del recinto. De hecho, si esos miles de jóvenes no hubieran estado bebiendo sino simplemente hablando en el exterior del recinto, y luego hubieran entrado como lo hicieron, nada podría imputarse a la policía.

La fiscalía considera que el número de agentes enviados a patrullar en la zona fue adecuado a las normas, teniendo en cuenta el aforo legal previsto; y que los agentes llevaron a cabo sus funciones en el exterior sin poder saber lo que ocurría dentro porque nadie les dio aviso de ello.

“Se produjeron circunstancias posteriores a la actuación de la policía, absolutamente extrañas, ajenas e imprevisibles para la policía, que impiden la imputación objetiva del resultado”, asegura el fiscal en sus conclusiones finales sobre el caso.

Moix insistió hoy en que el botellón “no tiene nada que ver” con lo ocurrido dentro. Reconoce que “allí nadie hizo ningún esfuerzo para disolver el botellón”, pero llama la atención además sobre un dato en su opinión sorprendente del auto judicial: se imputa al inspector jefe, que ni siquiera está en el Madrid Arena o sabe lo que está ocurriendo allí, y en cambio no se imputa a Jiménez, la responsable del dispositivo policial esa noche. Entre Monteagudo y Jiménez había tres oficiales en la cadena de mando.

El propio Monteagudo tiene una explicación: se considera “cabeza de turco” o “chivo expiatorio”, según afirmó su abogado, Salvador Díaz, a Efe, tras anunciar que recurrirá su imputación ante la Audiencia Provincial. En opinión del letrado, la decisión del juez responde a un acto de venganza o a un intento de contentar a la opinión pública. Llama la atención también sobre el papel de Jiménez, que debería haber actuado como “cortafuegos” a la hora de saldar posibles responsabilidades penales y sin embargo no ha sido imputada.