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Nuevo embargo a Arturo Fernández en la Asamblea

La Agencia Tributaria reclama más de 646.000 euros al Grupo Cantoblanco por las deudas pendientes Máquinas de bebida y comida como alternativa al cierre de la cafetería

José Marcos
La cafetería de la Asamblea de Madrid, cerrada desde hace un mes.
La cafetería de la Asamblea de Madrid, cerrada desde hace un mes.KIKE PARA

El Ministerio de Hacienda reclama al Grupo Cantoblanco Colectividades SL, empresa perteneciente al presidente de la patronal madrileña y vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, un importe de 646.269,96 euros por sus deudas con la Agencia Tributaria en la Asamblea de Madrid. No es el primer embargo que afecta a la concesionaria del servicio de hostelería en el Parlamento regional: la Tesorería General de la Seguridad Social presentó en el hemiciclo, ya en diciembre de 2012, una notificación por una facturación de 418.566,82 euros. Desde entonces se han producido otros requerimientos.

“Eso no es lo peor... ¿Qué va a pasar con los 16 trabajadores de la cafetería?”, reflexionaban ayer distintos diputados autonómicos. El Grupo Cantoblanco renunció a principios de agosto a la gestión de la cafetería y el restaurante de la Asamblea argumentando motivos económicos (está en suspensión de pagos). Paradójicamente, el cierre se produjo cuando tres meses antes la compañía de Fernández había solicitado una prórroga del contrato hasta marzo de 2015. Una petición llamativa cuando la compañía cifra en 90.000 euros las pérdidas mensuales en la Cámara madrileña.

A tres días del debate del estado de la región, que se celebrará el jueves y viernes en dos tandas, la Mesa de la Asamblea se mostró receptiva a disponer máquinas expendedoras de agua, café, refrescos y bocadillos como remedio a la cafetería clausurada. “También se colocará un microondas a la espera de una solución definitiva, que esperamos para final de año”, apuntaron fuentes del Parlamento. En la Asamblea calculan que para diciembre habrá una nueva compañía concesionaria. El concurso ya está preparado y saldrá previsiblemente adelante la semana que viene. Tanto la oposición (PSOE, IU y UPyD) como responsables del PP en privado coincidieron en sus críticas a Fernández por echar el candado al servicio de hostelería de forma repentina en agosto, sin apenas margen para buscar un sustituto al Grupo Cantoblanco.

“Se habló de hacer un contrato menor mientras se hacía un contrato de libre concurrencia de varios años, como el que tenía Arturo. Pero de la media docena de empresas a las que se tanteó solo mostraron interés dos y no cumplían con los requisitos exigidos. Además, un contrato de estas características no se puede hacer de un día para otro; creemos que en unos dos meses estará solucionado”, explicaron otras voces del Parlamento.

Frente a la solución de las máquinas expendedoras, la opción de disponer un servicio de catering los días de pleno de aquí a final de año —no solo con motivo del debate del estado de la región— se descartó, salvo un cambio de última hora, por razones de logística. “El catering se ha medio desechado por distintas razones. Por ejemplo, por la dificultad que suponía en tan corto espacio de tiempo habilitar los tickets para poder consumir los alimentos y bebidas”, explicaron en la Cámara. El catering sería de pago, aunque no quedó claro ni cuánto costaría ni quién lo daría. Otro inconveniente del servicio de catering es que no mantendría los 16 puestos de trabajo dado que se darían únicamente los jueves de cada mes (excepto el último), coincidiendo con los plenos. El resto de la semana catefería y restaurante permanecerían cerrados. “Teniendo en cuenta los días que se daría el servicio, los ingresos no cubrirían los gastos... La ventaja del contrato menor es que podía forzar una subrogación, por lo que se podría contratar a los empleados afectados”, añadieron fuentes del hemiciclo.

Entretanto, la Agencia Tributaria declaró embargados, en esta ocasión, los créditos a favor del Grupo Cantoblanco pendientes de pago a 19 de agosto (fecha de la diligencia), de acuerdo con la notificación que el pasado viernes entró en el Registro de la Asamblea. El embargo afecta a las cantidades facturadas, pendientes de facturar o que no requieran facturación. También afecta a aquellas cantidades que sean “consecuencia de de prestaciones aún no realizadas” derivadas de cualquier tipo de contrato en vigor con el citado obligado al pago. El requerimiento también alcanza a las retenciones efectuadas en garantía de los servicios prestados.

La Dependencia Regional de Recaudación insta al Grupo Cantoblanco a concretar el estado de los créditos embargados en un plazo de diez días. A los 646.269,96 euros se llega por la deuda no ingresada en periodo voluntario, el recargo de apremio ordinario, los intereses y las costas del procedimiento de apremio. En apenas un año el Grupo Cantoblanco ha perdido la concesión del Congreso de los Diputados, Ifema, el Club de Campo o los comedores de RTVE.

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Sobre la firma

José Marcos
Redactor de Nacional desde 2015, especializado en PSOE y Gobierno. Previamente informó del Gobierno regional y casos de corrupción en Madrid, tras ocho años en Deportes. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense y Máster de Periodismo de EL PAÍS. Trabajó en Starmedia, Onda Imefe y el semanario La Clave.

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