El jefe de Policía Municipal dimite tras su imputación en el ‘caso Madrid Arena’

El juez Eduardo López Palop, al frente del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, ha concluido la investigación sobre la tragedia del Madrid Arena con un total de 16 acusados, tal y como adelantó EL PAÍS. Entre los procesados, a los que imputa cinco delitos de homicidio por imprudencia grave (penado con entre uno a cuatro años de cárcel) y diez delitos de lesiones, se encuentran el organizador de la fiesta de Halloween del 1 de noviembre de 2012 en la que murieron cinco adolescentes, Miguel Ángel Flores, y el jefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo. El responsable policial ha presentado su dimisión tras conocerse el auto, según han informado fuentes del Ayuntamiento de Madrid a la agencia Europa Press.

El magistrado imputa también a los doctores a cargo del dispositivo médico del evento, Simón y Carlos Viñals, por tres delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, y acuerda el sobreseimiento provisional para el exconcejal de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad, Antonio de Guindos, y para el resto de la cúpula de seguridad y emergencias del Consistorio.

En un auto fechado el pasado 29 de agosto y notificado este lunes a las partes, el magistrado transforma las diligencias en procedimiento abreviado, lo que supone la conclusión de las pesquisas tras dos años de instrucción. Ahora, el juez da un plazo de un mes a las partes para la presentación de recursos y escritos de acusación de cara a la celebración de la vista oral.

El juez concluye que Miguel Ángel Flores, propietario y máximo responsable de DIVIERTT, la empresa organizadora del evento, "tuvo directísima participación en el número de entradas que se vendieron y en el caudal de personas que entraron en la fiesta, produciendo un sobreaforo que (...) tuvo una importancia decisiva en los acontecimientos que posteriormente habrían de producirse". A pesar de que el aforo autorizado para la fiesta era de 10.620 personas, llegaron a venderse en torno a 23.000 entradas. "Existe por parte del imputado una notoria actuación de mala fe", añade el auto, ya que Flores ocultó además a la investigación parte de las urnas con las entradas vendidas, con "intención premeditada y maliciosa".  "El imputado es plenamente consciente de que existe un inmenso sobreaforo", indica el juez, "que tal sobreaforo es responsabilidad de él mismo, y de su desmedido afán de beneficios económicos, sacrificando la seguridad". El magistrado culpa también a Flores, que ha eludido entrar en prisión provisional con el pago de una fianza de 100.000 euros, de dar instrucciones para que la requisa de elementos peligrosos a la entrada de la fiesta se volviera más liviana o directamente no se hiciera.

El jefe de la Policía Municipal es imputado como responsable último de que el cuerpo policial no evitara el botellón que se celebró en el exterior del recinto. La policía, dice el juez, "estuvo en el lugar de los hechos de forma manifiestamente insuficiente, esporádica y con una pasividad totalmente inadecuada para la gravedad de los hechos que estaba aconteciendo". Y prosigue: "La Policía Municipal ni evitó, ni palió, ni aminoró [el macrobotellón] sino que tuvo una actitud que benévolamente puede ser calificada de contemplativa y en todo caso muy alejada de sus estrictas obligaciones". Y el macrobotellón, "realizado en un espacio público y perfectamente ilegal", destaca el auto, "tuvo una importancia decisiva como desencadenante de la tragedia que posteriormente habría de producirse". Por dos motivos: porque la aglomeración de personas fuera del recinto impidió a las ambulancias acceder al mismo para socorrer a los heridos, y porque al inicio de la actuación del Dj Steve Aoki "una auténtica multitud de personas bebidas" entró en la pista de forma tumultuaria y sin control alguno. A partir de ese momento "todo lo que hay es un caos", escribe el juez.

La del 1 de noviembre de 2012 en Madrid fue una "noche de despropósitos", describe el magistrado. Además del exceso de aforo, de la multitud de asistentes ebrios y de los fallos de seguridad (el determinante, el cierre de cinco de los ocho pasillos de evacuación de la pista central, lo que desencadenó la avalancha), el equipo médico no estaba capacitado para un evento de esas características, ni tenía medios para afrontar lo que luego sucedió.  "No es irrelevante señalar que el director del referido equipo, Dr. Simón Viñals, tenía alrededor de 80 años en la fecha del evento, lo cual, por razones más que evidentes, cuestiona que una persona de tal edad esté en condiciones de ponerse al frente de los servicios médicos de un acontecimiento como el que estamos analizando", dice el auto. El doctor aceptó además asumir su función en un "habitáculo no concebido para enfermería, sin ventilación alguna, escasa e insuficiente iluminación y ya en un auténtico lujo de despropósitos, sin tener ni siquiera agua corriente". No solo eso: el director médico entró "en una suerte de situación de estupefacción". El juez concluye que el doctor "ni pudo ni supo hacer frente a la situación gravísima que se le planteaba". Tres de las cinco adolescentes fallecidas llegaron a la enfermería en parada cardiorespiratoria, y la actuación del médico ante tales acontecimientos fue "insuficiente, incompetente, y en opinión de este juzgado, carente de toda profesionalidad".

Los doctores Simón y Carlos Viñals (este último, el hijo de Simón,también imputado), "son incapaces de detectar que las tres chicas que llegaron a la enfermería están en parada cardiorespiratoria y diagnostican que han fallecido". Carlos Viñals declaró, de hecho, que su padre y él "diagnosticaron claros signos de muerte" en las adolescentes, y así actuaron. Una afirmación "incompetente", reprocha el juez, dado que el médico del SAMUR que acudió a asistirlas declaró "que en ningún momento vio a personas clínicamente muertas", hasta el punto de que una de las fallecidas, Rocío Oña, pasó a tener pulso cardiaco tras la medicación intravenosa que los efectivos del SAMUR le suministraron.

De la empresa organizadora, Diviertt, el juez imputa (además de a Flores) a su director, Santiago Rojo, y al jefe de personal de las barras, Miguel Ángel Morcillo. El primero no intervino para que se pusiera fin al sobreaforo en la fiesta, censura el juez, y tampoco evitó que se abriera el portón de la cota cero, el que daba a la pista central, por el que entraron unas 3.000 personas que participaban en el botellón y que dio origen a la posterior avalancha en los vomitorios. El segundo era responsable de las barras de bebidas que bloqueaban total o parcialmente la mayoría de salidas o vomitorios que debían haber servido para la evacuación de la pista central.

Cuatro son los procesados de la sociedad municipal Madrid Espacios y Congresos (Madridec), la que gestiona el pabellón Madrid Arena. Se trata del director de Seguridad y Emergencias de Madridec, Rafael Pastor Martín, que como responsable de seguridad declaró desconocer que tuviera que existir un espacio de enfermería, que ignoraba que algunas de las puertas de cota cero estuvieran precintadas, y que aseguró no tener potestad para parar el evento aunque hubiera detectado fallos de seguridad.

El coordinador de proyectos de la sociedad municipal, Francisco del Amo, declaró desconocer las cláusulas del contrato de Madridec con la empresa DIVIERTT. Pero el juez le responsabiliza, sobre todo, de haber dado la orden de abrir el llamado "portón de cota cero", la puerta que daba a la pista central y por la que entraron a tropel a la hora de la actuación del Dj varios miles de personas que bebían en los exteriores del recinto desencadenando la avalancha mortal. El técnico de operaciones y producción, José Ruiz Ayuso, y el coordinador jefe de seguridad, José Luis Rodríguez Caamaño, son también procesados por su inacción ante las deficiencias graves de seguridad que observaron en el evento.

El coordinador jefe de Seguriber (la empresa de seguridad del pabellón Madrid Arena), Juan José Paris, es procesado por abandonar "reiterada y temerariamente en diversas ocasiones un servicio de control y vigilancia esencial para la seguridad del desarrollo del concierto". De la misma empresa son procesados los jefes de equipo Raúl Monterde y José Antonio Díaz Romero y el encargado de las cámaras de seguridad, Roberto Mateos, por su comportamiento culpable y negligente. Los dos últimos imputados pertenecen a Kontrol 34, empresa contratada para el control de los accesos y el aforo en la fiesta. Son el socio y apoderado de la compañía, Carlos Manzanares, y el socio minoritario Emilio Belliard.

Con este auto, el juez Palop da por terminada la investigación abierta la madrugada del 1 de noviembre de 2012 tras la muerte de cinco chicas por la fatal avalancha que se produjo en el interior de unos de los vomitorios del pabellón debido al exceso de aforo, cuyo número se triplicó hasta los 22.000. "Estoy muy satisfecho con la instrucción", ha asegurado el magistrado este lunes. Palop decidió mantener la imputación del ya exjefe de la Policía Municipal en contra del criterio de la fiscalía. El Ayuntamiento de Madrid ya ha comenzado el proceso para cubrir el puesto de Monteagudo, de libre designación.