Convivencia en el alambre en Castellar

La historia vuelve a repetirse en Castellar (Jaén) seis años después. Una riña entre dos familias del pueblo, una paya y otra gitana, desencadenó hace un par de semanas un conflicto social que levantó a algunos de los vecinos y motivó la marcha forzada de buena parte de la comunidad gitana asentada en esta localidad de 3.600 habitantes de la comarca de El Condado. Los gitanos volvieron poco después a sus casas y la Guardia Civil se ha visto obligada a mantener desde entonces un amplio dispositivo para garantizar su protección. Solo la sentencia condenatoria, en un juicio rápido, a los autores de los destrozos y de la agresión a una familia paya ha atemperado los ánimos, aunque no ha disipado los recelos mutuos.

Los hechos ocurridos en Castellar parecen haber reproducido el escenario de octubre de 2008, cuando el centenar de gitanos censados abandonaron despavoridos el pueblo tras la revuelta social y las concentraciones masivas de vecinos pidiendo su expulsión. Seis años después se vuelve a poner de manifiesto la difícil convivencia entre payos y gitanos en este municipio que, por otra parte, presenta unos muy bajos índices de delincuencia.

La chispa prendió por una riña entre niños, a la que se sumaron posteriormente varios adultos y terminó con parte del pueblo levantado y la quema parcial de una vivienda gitana. A través de las redes sociales se convocaron varias concentraciones, no autorizadas, para “echar a los gitanos”, y en el Ayuntamiento se entregaron más de 1.200 firmas pidiendo más seguridad. “Yo no convoqué ni apoyé ninguna manifestación, pero tampoco soy quien para prohibirlas”, señala el alcalde, Gabriel González, del PP, a quien las comunidades gitanas culpan de no haber frenado las protestas vecinales.

El alcalde intentó desde el principio mediar entre las dos partes en conflicto para calmar los ánimos. “Muchas familias gitanas abandonaron voluntariamente el pueblo y a otras les aconsejé que se fueran unos días, pero al día siguiente de irse volvieron y eso crispó más los ánimos”, admite González. Esta misma semana, el Juzgado de Villacarrillo ha condenado a seis personas como autoras de un delito de daños, dos faltas de lesiones y otra de maltrato a una multa de 1.440 euros cada uno y a indemnizar con 8.229 euros al padre y a la hija de la familia agredida.

Pero la parte más controvertida de la sentencia es la que les impone penas de alejamiento de las víctimas en un radio de 50 metros durante seis meses. “La sentencia la respeto, pero no la veo justa porque permite a los agresores seguir muy cerca de los agredidos”, comenta el alcalde, tras anunciar la disposición de las víctimas a recurrir el fallo.

Con todo, el juicio rápido ha calmado, al menos temporalmente, los ánimos en la población y ha motivado que la unidad de intervención de la Guardia Civil abandone su presencia permanente en Castellar. “Mantenemos un par de patrullas vigilando la zona”, señala el subdelegado del Gobierno en Jaén, Juan Lillo, que se congratula de la escasa concurrencia que han tenido las últimas concentraciones vecinales convocadas esta misma semana. Eso sí, la Guardia Civil está investigando a los convocantes de las concentraciones no autorizadas sin descartar que puedan ser imputados por este hecho.

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha pedido que se respete a la Justicia y ha lamentado que se tienda a generalizar contra todas las familias gitanas. “Estos hechos siguen las mismas pautas que otros recientes ocurridos en Estepa (Sevilla) con culpabilización y generalizaciones a toda la comunidad gitana, manifestaciones vecinales convocadas a través de redes sociales para obligarles a abandonar el pueblo e incendios en sus viviendas”, indicó este colectivo en un comunicado. La situación de tensión en Estepa se produjo después de que un grupo de vecinos asaltara a principios de julio seis casas y quemara otras dos viviendas de un grupo de gitanos conocido como los Chorizos a los que acusaban de perpetrar innumerables robos en los inmuebles del resto de vecinos de la localidad, de 12.600 habitantes.

Según la Fundación de Secretariado Gitano, toda esta clase de actos “pueden ser constitutivos de delitos de odio racial étnico”. La fundación ha enviado un escrito de queja al Defensor del Pueblo Andaluz y cartas a la Delegación del Gobierno en Sevilla y al alcalde de Castellar. Unión Romaní, Sinando Kalí, la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas y la Hermandad Gitana de Andalucía son otros colectivos que han pedido que se deje actuar a la Justicia en estos casos.

Lo que sí parece evidente es que el paso del tiempo no ha servido para restañar las heridas en Castellar. Hace seis años, con ocasión de unos incidentes similares, tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía anunciaron un plan de promoción de la comunidad gitana y la demolición por su mal estado de la barriada de El Polvorín, donde viven varias familias gitanas. “Es cierto, no se ha hecho nada desde entonces, porque son viviendas privadas que están ocupadas y no podemos actuar”, se escuda el alcalde de Castellar.