A Coruña apremia el desalojo de 12 familias para edificar 1.200 viviendas

La madre de Álvaro, de 72 años, llora desconsolada desde la visita de apoyo, ayer, de un edil del BNG. Nada sabía de la notificación del Ayuntamiento de A Coruña urgiendo el inmediato desalojo de la casa con huerta en la que nació y que ahora comparte con su hijo, de 50 años, y su nieto, de 26. Estos le habían ocultado la llegada, en pleno agosto, de la carta de Urbanismo. “A la vecina de al lado, de 90 años, tampoco le dijeron nada sus hijos, vive sola y el disgusto puede matarla”. Son dos de las 12 familias de expropiados forzosos que aún resisten viviendo en suelo destinado al conocido como Parque Ofimático, una urbanización de unas 1.300 viviendas promovida por la Xunta y cuya construcción, tras dos décadas de rocambolescas modificaciones, continuas denuncias judiciales y un sinfín de obstáculos, arrancó al fin esta primavera.

 Se trata de todo un nuevo barrio residencial a la entrada de la ciudad. Nada que ver con el proyecto original del Gobierno gallego que consistía, y de ahí su nombre, en un polígono de oficinas, con campo de golf, helipuerto y apeadero de tren incluidos. Pero aquel plan fue reconvertido en promoción inmobiliaria. Eso sí una vez expropiados forzosos y a bajo precio, en aras de su “utilidad o interés público”, 157.000 metros cuadrados de fincas.

Ansiosos están por ver avanzar las obras unos 300 propietarios de los futuros pisos, muchos de ellos de protección oficial, que, agrupados en cooperativas, llevan años pagando los créditos que contrajeron sin ver, hasta ahora, una grúa en acción. Los trabajos de urbanización y la construcción de algunas de las torres de viviendas empezaron finalmente, pero sin que se haya dado solución a los últimos resistentes, antiguos dueños de los solares expropiados sin su consentimiento. Queda una docena de familias que no quiso o no pudo vender el terreno que le dieron en compensación por sus propiedades, ni tampoco tienen dinero para afrontar los gastos de dotar el nuevo barrio de aceras, farolas o alcantarillado. En su mayoría ancianos, se niegan a marcharse de la casa en la que llevan toda la vida o casi. “Nos metieron a promotores por la fuerza, pero no lo somos, ni tenemos dinero para construir o promover nada”, insiste Álvaro.

La casa con huerta que construyó su abuelo, carretero de profesión, ni siquiera está en el ámbito del Parque Ofimático, sino del otro lado de la avenida Alfonso Molina, la arteria de seis carriles de entrada a la ciudad. Una propiedad expropiada por decreto, al igual que otras cuatro viviendas colindantes, con el fin de albergar equipamientos públicos, como un colegio, para los habitantes de la futura urbanización. Y mientras llegan las notificaciones del Ayuntamiento advirtiendo de que si no desalojan de forma voluntaria, se ejecutará por la fuerza, los afectados, con ayuda de Stop Desahucios, retomaron sus movilizaciones. “Por las buenas no vamos a entregar las llaves, no van a conseguir que baje las orejas”, advierte Álvaro. Por de pronto, aún está esperando que el Ayuntamiento responda a sus alegaciones —está en plazo— y su ruego de no verse afectado. “No pido más que quedarme como estoy”.

Cuando fueron expropiados, —por la fuerza, insiste— sus terrenos de 1.500 metros cuadrados, la Xunta les compensó con 197.000 euros por la casa de dos alturas y los árboles frutales de su huerta así como con un solar de 500 metros cuadrados en el futuro Parque Ofimático. Pero el dinero no lo vieron: fue íntegramente para pagar gastos de urbanización de un terreno que “no vale nada tampoco”. “Ni nosotros tenemos para construir allí, ni lo quiere ningún promotor profesional tal como está la construcción”, asegura. “Incluso ofrecimos el terreno libre de cargas a cambio de una vivienda, y ni así”. Les negaron también un piso de alquiler social “porque al ser promotores forzosos en el Ofimático, se supone que tenemos dinero”. La pescadilla que se muerde la cola. “Teníamos una propiedad libre de cargas y nos la cambian por otra con cargas y sin casa”, añade otra afectada. Hasta 125.000 euros son los que debe pagar por los gastos de urbanización del terreno con que le compensó la Xunta. Seguirán luchando, advierten. El Ayuntamiento, por teléfono, les aseguró que no hicieran caso de la notificación de desalojo. “Que estemos tranquilos, nos dijeron. Pero ¿cómo vamos a estarlo?”. Álvaro no se cree nada.