Puig acusa al PP de intentar blindar las alcaldías que van a perder

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha acusado hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de irresponsabilidad por alterar la convivencia intentando cambiar el sistema de elección de los alcaldes para intentar conservar las principales alcaldías del PP en las próximas elecciones municipales. "Cuando los ciudadanos piden listas abiertas, el PP intenta blindar las alcaldías que van a perder", ha afirmado Puig, que ha anunciado que el PSOE ha solicitado la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno "para que explique toda esta cadena de despropósitos, tras incumplir sus propias promesas".

El líder de los socialistas valencianos, que ha comparecido acompañado por los alcaldes de Benidorm, Quart de Poblet y Vila-real, se ha reunido hoy con los principales alcaldes de su partido para analizar la propuesta del PP sobre la manera de elegir a los munícipes en las próximas elecciones.

"El PP acudió dopado, con financiación ilegal, a las elecciones municipales de 2007 y 2011 y ahora quiere acudir dopado con un cambio de reglas", ha indicado el dirigente de los socialistas valencianos y miembro de la Ejecutiva del PSOE. "Lo que está en cuestión", ha proseguido Puig, "es la democracia local, que sufre un doble ataque. Por un lado, una ley que quita competencias a los ayuntamientos y, ahora, otra que les quita democracia". "El problema del PP para regenerar la democracia es la corrupción, como ocurre en el Ayuntamiento de Alicante", ha continuado, "y lo primero que tiene que hacer es acabar con sus ediles corruptos".

Puig ha anunciado que el PSOE presentará mociones municipales en las que propondrá una alianza de todos los partidos para fijar las reglas de juego y que los socialistas valencianos realizarán asambleas ciudadanas para explicar su posición. "Queremos hacer planteamientos con voluntad de acordar, porque se necesitan cambios reales, no partidistas", ha recalcado Puig, que ha abogado por las listas abiertas, el voto a los 16 años, el reconocimiento de la singularidad de las autonomías o la limitación de mandatos.