La Comunidad ultima la cesión de la Academia al Ministerio del Interior

La Comunidad de Madrid está ultimando la cesión de los edificios de la ya extinta Academia de Policía al Ministerio del Interior, según confirmaron fuentes regionales. Las instalaciones permanecen cerradas desde diciembre del año pasado, cuando el Ejecutivo presidido por Ignacio González decidió acabar con esta institución de más de 30 años de historia. El motivo era un simple ahorro de dos millones de euros en un presupuesto regional de 17.060 millones. De esta forma, al región es una de las pocas que se queda sin este centro de formación para agentes.

La decisión del futuro de la Academia está en el tejado del Ministerio del Interior, que será el encargado de ver a qué lo destina y bajo qué paraguas legal se ceden los edificios de este centro de formación ubicado en la carretera de Colmenar Viejo, en la zona de Valdelatas. Hasta el momento, las conversaciones parecen apuntar a que allí se trasladará alguna dependencia del Cuerpo Nacional de Policía, según fuentes del Gobierno regional.

El conjunto de edificios de Valdelatas depende orgánicamente de la Consejería de Presidencia y Justicia, con Salvador Victoria a la cabeza. La Dirección General de Seguridad es la que está negociando con el Ministerio del Interior. Las primeras informaciones apuntan a que la antigua academia, que todavía luce los carteles y todas las señales de acceso, podría ser la nueva sede de las Unidades de Intervención Policial (UIP, más conocidos como los antidisturbios). Al tratarse de un lugar con un amplísimo aparcamiento para decenas y decenas de coches, sería muy adecuado para estacionar las furgonetas de esta unidad.

También dispone de grandes aulas que podrían utilizarse para la formación de los agentes y hay espacio más que suficiente para instalar las taquillas. Hasta ahora, la UIP se encuentra en la sede policial de Moratalaz, en la calle de La Tacona, donde adolece de falta de espacio y cuenta con un edificio y unas instalaciones más antiguas. Solo la 1ª compañía de la UIP, que corresponde a la región madrileña, supone unos 640 agentes.

Según fuentes del Ejecutivo regional, otra ventaja que han apreciado los responsables del Ministerio del Interior es que la zona de Valdelatas cuenta con buenas vías de comunicación para entrar en la ciudad y no se molestaría a ningún vecino, con la entrada y salida de vehículos, como ocurre ahora en los edificios de Moratalaz. En el caso de la antigua Academia no hay residentes en la zona y los edificios más cercanos son los de un instituto y una residencia, pero se hallan a una distancia considerable. La M-607 les permitiría llegar con rapidez a la M-40, a la M-30 y al paseo de la Castellana, con lo que podrían llegar a cualquier sitio en un tiempo razonable, según fuentes regionales.

Y el Gobierno autonómico no cesa en su empeño, vendiendo para ello las excelencias de las instalaciones, entre las que se encuentra una pista de atletismo homologada, un moderno polideportivo e incluso un chalé para hacer las prácticas de entrada y registro en domicilio por parte de los agentes de la UIP. Dentro de esa venta, se encuentra una de las más modernas galerías de tiro, inaugurada en marzo de 2005. Consta de 24 puestos de disparo, cámara acorazada para 200 armas y más de 200.000 cartuchos.

El final definitivo de estos inmuebles no se sabrá hasta dentro de unas semanas, cuando se sienten los responsables de Interior y del Gobierno regional. “Lo que está claro es que siempre van a tener un final público. No se van a alquilar a empresas privadas ni a particulares, como se nos ha acusado. Es más, siempre dijimos que estaría relacionado con la seguridad en la medida de que fuera posible”, destacan fuentes regionales.

Otro destino que se ha barajado desde su cierre es que las instalaciones puedan ser utilizadas por los servicios caninos y de caballería de la Guardia Civil. Esto parece más improbable ya que el servicio cinológico cuenta con un centro de adiestramiento bien equipado en El Pardo.

El cierre de la Academia supuso tan solo un ahorro de dos millones de euros. Y eso pese a que en la misma no se formaban solo los futuros policías municipales, sino también los agentes forestales y los voluntarios de Protección Civil, entre otros colectivos. También se realizaban los exámenes de los controladores de accesos de bares de copas. Su cierre no ha supuesto un ahorro total para las arcas regionales. El mantener la seguridad por parte de una empresa privada acarrea un desembolso anual de 100.000 euros, además el personal ha sido redistribuido por otros departamentos autonómicos.

La oposición y los colectivos profesionales de las policías municipales de la región siempre han criticado su cierre. Lo han considerado como “el ahorro del chocolate del loro” y un intento de lavado de cara ante la opinión pública del presidente regional Ignacio González.