Los despidos bloquean el acuerdo sobre la huelga de basuras en Lugo

“Somos el laboratorio de pruebas de Urbaser para evitar motines en concesiones de otras ciudades”, claman los representantes de los trabajadores de esta filial de ACS, contratista del servicio de recogida de basuras en Lugo, luego de 59 días de huelga y 14 reuniones negociadoras sin ningún éxito. La empresa insiste en mantener los despidos de los 11 miembros del comité de huelga y la sanción de 60 días de empleo y sueldo a otros 78 trabajadores —más de la mitad de la plantilla— por incumplimiento de los servicios mínimos, que en algunos momentos alcanzaron el 100% y fueron suspendidos por un juez. Con decenas de puntos de la ciudad en situación de alerta sanitaria ante la acumulación de desperdicios, sindicatos y empresa, de nuevo ante los mediadores del Consello Galego de Relacións Laborais, seguían negociando en la noche de este miércoles, tras una reunión que comenzó a las cinco de la tarde, sin alcanzar todavía ningún acuerdo. Según fuentes sindicales, pasadas las nueve de la noche no se habían registrado avances.

 Las sanciones son el principal escollo para solventar un conflicto que se inició el pasado 9 de junio y que ha llevado a la federación vecinal de la ciudad a plantearse a partir de la próxima semana movilizaciones y acciones con patrullas ciudadanas para librar las calles de la inmundicia. “Aquí se quiere dar ejemplo. Decir que el que manda es el poder económico y que de aquí no los va a mover nadie”, interpreta Julio Pacio, secretario del comité de empresa. Pacio es uno de los despedidos. No se le han abonado las nóminas de junio y julio y tampoco se le devengó la paga extra, al igual que a sus compañeros del comité de huelga. También el vicepresidente de la Federación Vecinal de Lugo, Xosé Manuel Carballo, arremetió ayer contra Urbaser, a la que acusa de intentar perjudicar al alcalde de la ciudad, Xosé López Orozco, “por ser socialista”. “Aquí hay un interés claro por parte de la empresa en no negociar. Lugo no tiene alcaldía del PP como Santiago o Madrid, donde sí se negoció”, manifestó el dirigente vecinal.

Aunque el concejal de Medio Ambiente, Luís Álvarez, transmitía en la mañana de ayer “esperanza” en que las negociaciones se desbloqueen, los trabajadores no compartían ese optimismo. Y argumentaban que la empresa se opuso este miércoles a suspender la vista judicial de una demanda presentada por los trabajadores por supuesta vulneración del derecho a la huelga. Los sindicatos preferían aplazarla a la espera de las negociaciones y finalmente no se celebró. “Se opusieron a suspenderla tanto la empresa como el Ayuntamiento. Parece que solo tratan de alargar el conflicto”, lamentó Pacio, de UGT. Además de la retirada de las sanciones, los empleados insisten en alcanzar un convenio colectivo con alzas salariales equivalentes al IPC.

Los trabajadores han creado un fondo de solidaridad para atenuar unas economías ahogadas después de dos meses de huelga, con nóminas que en el mejor de los casos apenas superan los 100 euros por cubrir los servicios mínimos que decreta el gobierno municipal. Han recaudado 8.000 euros y también han vendido rifas, a razón de cinco euros cada una, para compensar ese estrangulamiento económico al que se han visto abocados los 139 trabajadores de la concesionaria.

De no mediar una solución a la huelga, que ha llenado de fetidez algunas calles, el movimiento vecinal se apresta a salir a la calle y organizar patrullas ciudadanas. “Es posible que no quede otro remedio que hacer patrullas con escobas, con cubos y sacos para recoger la basura. No sabemos dónde la vamos a depositar, pero por lo menos salir a la calle y adecentar la ciudad”, propone el vicepresidente de la Federación Vecinal.

Con una alarma desatada hace algunos días por la proliferación de ratas, en el grupo municipal del PP la concejala Raquel Castiñeira reclamó al gobierno socialista que se “intensifique el programa de desratización y que se actúe de forma global en todo el municipio en vez de aplicar un tratamiento puntual solo en algunas zonas”. “Hasta nuestra oficina han llegado denuncias vecinales de presencia de ratas en numerosos puntos del municipio, que afectan a zonas tan distantes como San Roque, Sagrado Corazón, calle Chantada, Rúa do Teatro o el barrio da Ponte”, enumera la concejal de la oposición.

Otra de las consecuencias de la huelga son los más de 30 contenedores que han sido pasto de las llamas y cuya destrucción le ha costado a las arcas municipales unos 30.000 euros. La policía detuvo días atrás a una mujer, a la que se tomó declaración en la comisaría, que es hija y esposa de dos trabajadores de la contrata de la basura. Se la interrogó al identificarla con una mujer que aparecía en las imágenes captadas por una cámara de seguridad prendiendo fuego a dos de estos depósitos situados al lado de la sede del PP, en la calle doctor Gasalla. Fueron los sistemas de vigilancia de la oficina de los populares los que captaron las imágenes utilizadas por la policía para acusar a la mujer, que niega los hechos.