Los discursos alternativos se abren paso ante la vía única de los trasvases

El agua es una fuente de contrastes. El río Vinalopo (Alicante) la recibe del Júcar (Valencia) y en el área metropolitana de Alicante tres depuradoras de aguas residuales vierten al mar una media anual de unos 25 hectómetros cúbicos. Son cálculos realizados sobre los datos de Aguas de Alicante por Ernest Blasco, responsable del agua del sindicato agrario La Unió de Llauradors i Ramaders: “Ese agua serviría para regadío de árboles y aproximadamente supone la mitad que se quería traer con el trasvase del Ebro a la parte sur de la provincia de Alicante. ¿Es que ese agua que se tira no se puede usar?”.

Una vez firmado el memorando del trasvase Tajo-Segura el pasado octubre por cinco autonomías gobernadas por el Partido Popular, el presidente valenciano Alberto Fabra incide en que se acabó la llamada guerra del agua, que los populares siempre achacaron a la negativa al trasvase del Ebro del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy, en una situación de sequía susceptible de empeorar, el discurso de los trasvases reverbera de nuevo con fuerza en el panorama político valenciano: ahora no es la transferencia del Ebro la que solucionará la vida a los habitantes al sur de la Comunidad Valenciana, son las del Júcar y el Tajo.

Tras llenar la balsa de su campo con agua del Júcar, Ernest Blasco advierte de algo que está hasta en las mismas directrices de la Unión Europea: “No nos negamos a aprovechar los recursos del trasvase con semejante sequía, pero hay que ser lógicos y usar lo propio antes de mirar en otros lugares. Hay muchas formas de obtener agua y convendría también hacer un censo real de las aguas subterráneas”, demanda el sindicalista cuya organización representa a trabajadores del campo tanto en el sur de Alicante como en el de Valencia, dos áreas a la gresca en cuanto se habla de llevar agua del Júcar a ríos alicantinos.

Quizás el trasvase del Júcar al río alicantino para que rieguen en las comarcas del Alto y Bajo Vinalopó, así como L’Alacantí y La Marina Baixa, simbolice el uso político que se ha hecho del agua. Los regantes alicantinos llevaban ocho años negándose a recibir agua del tramo del Júcar del que se ha obtenido, el Azud de la Marquesa, en Cullera. Especialmente la patronal agraria la consideraba de mala calidad pese a que el campo de la Ribera se ha regado siempre con esa agua, la misma que se reparte desde que el presidente de la Generalitat abriera la válvula del trasvase y calificara el momento de “histórico”.

“La política de trasvases es pan para hoy y hambre para mañana. De cumplirse los pronósticos, en el futuro no habrá agua suficiente para trasvasar”, reflexiona el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina: “El debate del agua adolece de principios antiguos y hay otro que no se quiere abordar, el de acondicionarse al medio. O la situación cambia radicalmente en septiembre u octubre o la sequía, que tiene cifras casi subsaharianas, va a complicar todo y mucho”, dice de una condición climatológica cuya dureza supera todos los registros históricos.

El catedrático y otros académicos coinciden en que hay que reutilizar más agua y replantearse cultivos: hay regadíos no rentables, variedades de cítricos que gastan demasiada agua en zonas donde es un lujo. En comarcas como La Marina Baixa el uso agrio ronda el 50% del consumo hídrico total y solo supone un 1% del Producto Interior Bruto de la zona. Desde los años 80, los instrumentos de planificación territorial apuntan a una necesidad de reducir regadíos de cítricos. No significa necesariamente abandonar los campos, sino un cambio de cultivo.

El problema del debate del agua también es el ruido que genera. Muchas veces, al hablar de la problemática, se mezcla el consumo humano con el riego. “Es un bien tan elemental, que apela a lo emocional, tiene una utilización política muy potente. Las grandes demandas de agua surgen en épocas de sequía y en determinados momentos políticos como puedan ser unas elecciones”, recuerda José Miguel Iribas, especialista en diagnóstico territorial, urbanístico y turístico.

Pese a la insistencia de los trasvases, ha cambiado tanto el panorama que el litoral valenciano difícilmente se puede quedar sin agua gracias a las desaladoras, tan vilipendiadas desde los gobiernos y patronales del campo durante la guerra del agua. Frente a las críticas del caro coste del agua desalada, sus defensores rebaten que la tecnología es cada vez más barata, al contrario que los métodos de bombeo propios de los trasvases, que requieren reparaciones de infraestructuras y luz cada vez más caros.

Macrourbanizaciones

“Lo hecho hecho está”, admite Jorge Olcina, “la solución vendrá por varios lados, pero además necesitamos un urbanismo que limite la construcción dispersa y apueste por modelos de concentración”. Hay dos ejemplos muy claros en Alicante: Benidorm y Orihuela. El primero, gusten o no los rascacielos, tiene un consumo de agua diario de 150 litros por habitante. El segundo, de 300 litros por habitante. En modelos como el oriolano, con grandes macrourbanizaciones a más de 30 kilómetros del casco antiguo, se pierde agua por el camino, hay que hacer más infraestructuras, etc.

“¿Y con la cantidad de urbanizaciones que tenemos por qué las casas ya no tienen aljibes como antes?”, se pregunta Blasco, que trabajó durante años en Israel. “Un país que es una potencia agrícola y se parece a la Comunidad Valenciana en tamaño y clima, si bien allí es más radical y solo hay un río”, recuerda. “Piensa en un episodio fuerte de lluvia”, continúa, “un día en el que caen 40L/ m² a un tejado de 100 m², que tiene una buena canalización hacia un aljibe. Eso son 4.000 metros cuadrados de agua recogidos ¿Eso por qué no se piensa? ¿O aquí nadie va a decir nada hasta que el agua tenga el precio de la cerveza?”, protesta.