Arturo Fernández cede su último bastión, la cafetería de la Asamblea

La empresa de Arturo Fernández (Madrid, 1945), presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, envió la semana pasada un burofax a la Asamblea de Madrid en el que renuncia a su último gran bastión, la concesión de la cafetería del parlamento regional. En menos de un año ha perdido el Congreso de los Diputados, Ifema y el Club de Campo, entre otros. Arguye motivos económicos —la compañía está en suspensión de pagos—, pero la Asamblea no ha aceptado la retirada el 7 de agosto e insta a cumplir el contrato que vence el 17 de marzo de 2015. Fuentes de Cantoblanco aseguran estar dispuestas a mantener el servicio abierto hasta que se falle un concurso.

 Ese en un paso más en el proceso de hundimiento de Fernández, quien pese a su millonaria deuda volvió a ser elegido jefe de los empresarios madrileños la pasada primavera, con el apoyo del presidente de la Comunidad, Ignacio González, y el de la CEOE, Joan Rosell, del que es vicepresidente.

La intención del Grupo Cantoblanco es dejar de prestar servicio el siete de agosto. Ese día terminaba el contratato inicial, pero hace tres meses pidieron una prórroga hasta marzo. Fuentes de la compañía aseguran que pierde unos 90.000 euros al año con esta cafetería, que resulta deficitaria por contar con 16 trabajadores y precios muy bajos. Y sostienen que se pidió una prórroga porque pretendía reducir plantilla —aprovechando el “proceso de restructuración” (es decir, el preconcurso de acreedores)— lo que debía convertirles en rentables.

Fuentes de la Asamblea explican que accedieron a la ampliación del contrato pese a conocer sus problemas económicos — en diciembre había habido ya un primer embargo a Cantoblanco por una deuda de 1,4 millones— porque ninguna otra adjudicataria se presentó al concurso. A las pocas semanas de la firma, la Asamblea dejó de pagar las mensualidades de 14.000 euros al empresario. Lo hizo por orden de la Agencia Tributaria que quería de esta forma embargar los pagos por la deuda que tiene Cantoblanco con el erario público.

Por este compromiso hasta marzo, el Parlamento regional exige ahora al grupo que cumpla su contrato. La cuantía del acuerdo no permite ceder la concesión a otra empresa así que, si dejan de trabajar el jueves, habrá que cerrar la cafetería y comenzar un nuevo proceso de concurso que llevará meses. Ante esta situación, en Cantoblanco aseguran estar dispuestos a continuar hasta que llegue la nueva empresa y a liquidar lo adeudado a los empleados, que asciende al menos a dos mensualidades.

Además, el vicepresidente de la CEOE está siendo investigado desde el pasado diciembre por fraude a la Seguridad Social, al no haber declarado horas extraordinarias. Algunos testigos aseguran que la mitad de su sueldo provenía de este dinero negro.

Con la pérdida de la cafetería de la Asamblea se tumba una compañía que en sus mejores momentos —su auge coincidió con la llegada de Esperanza Aguirre “íntima amiga” al Gobierno regional— llegó a dar de comer al Congreso (desde 1996 con los socialistas), ministerios, AENA, el Teatro Real, el Club de Campo, hospitales, colegios públicos, Ifema….

Aunque para el empresario el 2013 fue “el peor año” con la retirada de muchas concesiones, este curso pinta aún peor. En el mes de julio ha dejado de trabajar en el hospital Infanta Leonor, la Universidad Europea de Madrid y el Caixa Forum, además del anuncio de la Asamblea y sus ganancias están embargadas por deudas con la Hacienda pública.

El burofax de Fernández es el punto y seguido de meses de desencuentros con la Asamblea. Además de las dos órdenes de embargo, hace un mes el Ayuntamiento emitió un informe sobre el estado de la cafetería tras la intoxicación en abril de 30 personas. En él se concluía que el tamaño, la estructura y el diseño de la cocina no permitía la elaboración de los menús que servía “sin comprometer la seguridad alimentaria de los mismos”.

Maite Uceda, de la federación de Hostelería de Comisiones Obreras, explica que los miércoles los trabajadores de las cafeterías de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y de los centros de trabajo de Orange y Telefónica Distrito C —todos explotados por Cantoblanco— se manifiestan para reclamar el pago de sus salarios. Les adeudan un mes y la paga extraordinaria de verano.

La Asamblea desconoce cuales son los planes de Fernández, hoy camuflado como accionista del grupo, más allá de desalojar la cafetería. En Ifema, donde arrastraba una deuda de 1,27 millones, dijo haberla saldado al dejar la vajilla (que valoró en 1,4 millones), mobiliario y alimentos. En sus manos queda aún la hostelería del Teatro Real y la Cámara de Comercio que preside y le da de comer más caro que las adjudicatarias perdedoras.