La fiscalía pide a Alaya que envíe solo parte del ‘caso ERE’ al Supremo

La Fiscalía Anticorrupción considera que el caso ERE debe ser enviado al Tribunal Supremo por el señalamiento de siete cargos aforados, pero solo una parte de la investigación. El ministerio público estima que el alto tribunal debe instruir solo la rama que atañe a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros, junto a las pesquisas de la Sierra Norte sevillana. Anticorrupción ha respondido a Alaya en un escrito previo a la remisión del sumario por parte de la juez, que entiende que la causa es “inescindible” y debe ser analizada en su conjunto por los jueces de la Sala de lo Penal del Supremo.

“Se debe de proceder a elevar no toda la causa en su integridad sino solo, en el estado actual de la instrucción el conocimiento de las siguientes dos piezas [del diseño del fondo y la Sierra Norte de Sevilla]”, reza el escrito de Anticorrupción. La investigación que atañe a los aforados, iniciada hace un año, ya está concluida tras la declaración de 20 ex altos cargos de la Junta ante Alaya, y la juez culmina estos días la exposición razonada sobre los indicios recabados para enviarla al Tribunal Supremo.

Además de Chaves y Griñán, Alaya ha señalado a los exconsejeros José Antonio Viera —diputado a Cortes—, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila, estos últimos diputados en el Parlamento andaluz. Los diputados a Cortes Chaves y Viera y el senador Griñán están aforados ante el Supremo y los parlamentarios andaluces ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pero el Supremo prevalece a la hora de asumir una investigación que implica a estos aforados.

Los dos fiscales de Anticorrupción argumentan en su escrito las razones por las que debe dividirse el caso en piezas separadas “para concluir en un plazo razonable la instrucción” con la utilización “racional y eficiente de los recursos humanos y materiales de la justicia”. Es decir, dado el altísimo número de imputados y para lograr avanzar en la investigación y cerrar en parte el caso, es necesario despiezarlo, tal y como ha señalado la fiscalía en escritos anteriores.

Los fiscales entienden que la causa se puede dividir en una pieza para los ERE y las ayudas directas a empresas, otra para las sobrecomisiones derivadas de los pagos de los ERE, una tercera sobre el diseño del fondo, y una última sobre la Sierra Norte sevillana, que acaparó la mayoría de las ayudas directas.

En la causa sobre las ayudas directas a empresas, el escrito hace hincapié sobre cómo estas subvenciones demuestran “el más absoluto desconocimiento del procedimiento legalmente establecido, la arbitrariedad en su concesión (...) y que terminasen a disposición de los cargos públicos que lo gestionaban”. Anticorrupción subraya que la instrucción sobre el diseño del fondo está “suficientemente avanzada”, mientras que sobre las piezas relativas a los ERE y las ayudas directas a empresas, “la situación es dispar”. La investigación de la Guardia Civil ha avanzado en escasos expedientes y sobre “un gran número” de ERE las pesquisas aún no han sido iniciadas. En caso de que la causa se mantuviera unida como defiende la juez, el retraso perjudicaría a los imputados y sobre todo pondría en riesgo el resultado de la instrucción por las dilaciones indebidas. Estos retrasos serían aprovechados por las defensas para declarar nula la causa. “La situación (...) conlleva alargar el sometimiento de personas imputadas (...) a un largo proceso judicial y al manterimiento de medidas cautelares que se prolongarían excesivamente en el tiempo”, concluye el escrito.

A pesar de que las sugerencias a Alaya para que remitiera la causa al Supremo comenzaron el pasado otoño por parte de la Audiencia de Sevilla y la fiscalía, la magistrada ha tomado declaración durante todo el invierno a diferentes altos cargos y solo ha cerrado la parte del diseño del fondo seis meses después.