Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

La fiscalía pide a Alaya que envíe solo parte del ‘caso ERE’ al Supremo

Anticorrupción estima que debe elevar las pesquisas que atañen a los aforados

Los fiscales Manuel Fernández y Juan Enrique Egocheaga. Ampliar foto
Los fiscales Manuel Fernández y Juan Enrique Egocheaga.

La Fiscalía Anticorrupción considera que el caso ERE debe ser enviado al Tribunal Supremo por el señalamiento de siete cargos aforados, pero solo una parte de la investigación. El ministerio público estima que el alto tribunal debe instruir solo la rama que atañe a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros, junto a las pesquisas de la Sierra Norte sevillana. Anticorrupción ha respondido a Alaya en un escrito previo a la remisión del sumario por parte de la juez, que entiende que la causa es “inescindible” y debe ser analizada en su conjunto por los jueces de la Sala de lo Penal del Supremo.

“Se debe de proceder a elevar no toda la causa en su integridad sino solo, en el estado actual de la instrucción el conocimiento de las siguientes dos piezas [del diseño del fondo y la Sierra Norte de Sevilla]”, reza el escrito de Anticorrupción. La investigación que atañe a los aforados, iniciada hace un año, ya está concluida tras la declaración de 20 ex altos cargos de la Junta ante Alaya, y la juez culmina estos días la exposición razonada sobre los indicios recabados para enviarla al Tribunal Supremo.

Además de Chaves y Griñán, Alaya ha señalado a los exconsejeros José Antonio Viera —diputado a Cortes—, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila, estos últimos diputados en el Parlamento andaluz. Los diputados a Cortes Chaves y Viera y el senador Griñán están aforados ante el Supremo y los parlamentarios andaluces ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pero el Supremo prevalece a la hora de asumir una investigación que implica a estos aforados.

Los dos fiscales de Anticorrupción argumentan en su escrito las razones por las que debe dividirse el caso en piezas separadas “para concluir en un plazo razonable la instrucción” con la utilización “racional y eficiente de los recursos humanos y materiales de la justicia”. Es decir, dado el altísimo número de imputados y para lograr avanzar en la investigación y cerrar en parte el caso, es necesario despiezarlo, tal y como ha señalado la fiscalía en escritos anteriores.

Los fiscales entienden que la causa se puede dividir en una pieza para los ERE y las ayudas directas a empresas, otra para las sobrecomisiones derivadas de los pagos de los ERE, una tercera sobre el diseño del fondo, y una última sobre la Sierra Norte sevillana, que acaparó la mayoría de las ayudas directas.

En la causa sobre las ayudas directas a empresas, el escrito hace hincapié sobre cómo estas subvenciones demuestran “el más absoluto desconocimiento del procedimiento legalmente establecido, la arbitrariedad en su concesión (...) y que terminasen a disposición de los cargos públicos que lo gestionaban”. Anticorrupción subraya que la instrucción sobre el diseño del fondo está “suficientemente avanzada”, mientras que sobre las piezas relativas a los ERE y las ayudas directas a empresas, “la situación es dispar”. La investigación de la Guardia Civil ha avanzado en escasos expedientes y sobre “un gran número” de ERE las pesquisas aún no han sido iniciadas. En caso de que la causa se mantuviera unida como defiende la juez, el retraso perjudicaría a los imputados y sobre todo pondría en riesgo el resultado de la instrucción por las dilaciones indebidas. Estos retrasos serían aprovechados por las defensas para declarar nula la causa. “La situación (...) conlleva alargar el sometimiento de personas imputadas (...) a un largo proceso judicial y al manterimiento de medidas cautelares que se prolongarían excesivamente en el tiempo”, concluye el escrito.

A pesar de que las sugerencias a Alaya para que remitiera la causa al Supremo comenzaron el pasado otoño por parte de la Audiencia de Sevilla y la fiscalía, la magistrada ha tomado declaración durante todo el invierno a diferentes altos cargos y solo ha cerrado la parte del diseño del fondo seis meses después.

Una instrucción ingente

El peligro de que el caso ERE se haga eterno es el principal argumento de la Fiscalía Anticorrupción para alegar que debe ser despiezado en diferentes ramas. Los fiscales recuerdan “el volumen de las piezas” y “la demora en la investigación policial”. El fondo de los ERE incluyó 126 ERE que costaron a la Junta 582 millones y 275 ayudas directas a empresas por 127 millones.

Pues bien, las pesquisas de las empresas directas superan la veintena y el análisis de los ERE lleva una velocidad mínima, ya que Anticorrupción solo ha pedido la imputación de varios acusados por dos expedientes: los relativos a las empresas Altadis y A Novo Comlink. Dos firmas de la primera selección de 39 sociedades realizada por la instrucción. Sin embargo, los argumentos de los fiscales sobre el riesgo de prescripciones que podrían conllevar la nulidad de la investigación ha sido replicado en repetidas ocasiones por la juez.

Cuando la Audiencia de Sevilla le pidió a Alaya que remitiera el caso al Supremo, la respuesta de la juez fue desoír a sus superiores y retener la causa bajo la excusa de que la mayor parte era “inescindible”. Ahora la magistrada puede previsiblemente repetir esta argumentación, según fuentes judiciales. En su escrito, los fiscales ya se adelantan a esta hipótesis, y le piden a la juez que “si considera procedente elevar la causa en su totalidad por pérdida de la competencia a favor de órgano superior, deberá suspender la tramitación de la causa”. Es decir, al elevar el caso al Supremo la juez debe inhibirse salvo para instruir diligencias urgentes que atañen a los imputados en el caso y que deben realizarse desde el juzgado sevillano. Anticorrupción avisa de esta circunstancia: “En caso de defender la inescindibilidad de las actuaciones”, una tesis que Alaya ha repetido en sus autos desde que el pasado septiembre señaló a los siete aforados.

Tras este auto la fiscalía recurrió y la Audiencia tumbó la resolución de Alaya por no estar suficientemente motivada. En diciembre la magistrada dictó un nuevo auto para argumentar sus acusaciones contra los aforados, decisión que no fue recurrida por la fiscalía.