Lamarca censura las “peligrosas” palabras de Maroto sobre inmigrantes y ayudas

El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, ha recibido los reproches de la oposición y del Gobierno vasco por sus declaraciones sobre los apoyos sociales que reciben argelinos y marroquíes. Este vienes, al largo listado de críticos con el regidor se sumó el ararteko, Iñigo Lamarca, que cree que las palabras del regidor vitoriano, que ha sido secundado por su compañero de partido Javier de Andrés, son “peligrosas y equivocadas”. Maroto no tardó en responder en las redes: “lo peligroso es precisamente no cambiar las normas a mejor”. 

Ante las críticas del PP vasco a la legislación de las ayudas sociales y al sistema de ayudas, que fue reformado en 2011 con un pacto entre PSE y PP, Lamarca resaltó que “el sistema es muy estricto, con un nivel de control tremendo” y ahondó en que es “modélico”. El fraude al que aluden los populares entremezclándolo con los extranjeros que perciben ayudas es “ínfimo”, añadió Lamarca.

El defensor señaló en la Ser que personas como Maroto, con “dos cargos públicos”, el de alcalde pero también el de parlamentario, deben actuar con “rigor”. “La información objetiva dice que la RGI está sujeta a la empleabilidad, no es una renta universal”, insistió, recordando que los perceptores tienen que cumplir primero unos requisitos de acceso y después, mientras reciben la ayuda, un amplio listado de obligaciones, entre ellas la de recibir formación de Lanbide y la de estar disponibles para el empleo.

De hecho, si rechazan uno “adecuado” sin justificación son expulsados de la ayuda. “Pero estamos en una situación de tasa de desempleo muy elevadas”, explicó, y los perceptores de RGI tienen unas condiciones “difíciles” para volver al mercado laboral cuando las ofertas escasean.

El defensor se refirió también a otro alcalde vasco que ha sido calificado de racista, el de Sestao, Josu Bergara. Lamarca ha recibido la notificación de que se han subsanado los casos en los que habían denegado el empadronamiento a inmigrantes, un rechazo judicializado por SOS Racismo.