El juez procesa a tres consejeros de Camps en el ‘caso Gürtel’

El juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres ha procesado este jueves a tres consejeros de la etapa del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y a otros 18 cargos de su Administración como presuntos autores de cuatro delitos que habrían cometido al adjudicar a dedo decenas de contratos a la trama Gürtel. El magistrado ha dejado también a un paso del banquillo de los acusados a la plana mayor de la red: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, El Bigotes, y a tres de sus subordinados.

Aunque la pieza separada de la causa que Ceres ha concluido este jueves es conocida como la de los contratos menores de la Generalitat, las empresas del grupo de Correa captaron con estas adjudicaciones más de 760.000 euros.

Los exconsejeros procesados son Alicia de Miguel, que fue titular de Bienestar Social; Manuel Cervera, exresponsable de Sanidad y exdiputado en el Congreso por Castellón, y Luis Rosado, que le sucedió al frente de la Consejería de Sanidad. A ellos y al resto de acusados el instructor les atribuye los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

El juez narra en un auto de 263 páginas la extraordinaria acogida que El Bigotes recibió prácticamente en todos los departamentos y entes dependientes de la Administración valenciana durante la presidencia de Camps y hasta que el exjuez Baltasar Garzón desmanteló la trama en el año 2009.

“La irregular y plural contratación administrativa” se extendió por nueve consejerías, dos agencias, una fundación y cinco sociedades públicas. En todas ellas se produjeron “una gran cantidad de contrataciones con vulneración de los principios de publicidad y libre concurrencia”, con el objetivo aparente de “beneficiar” al entramado empresarial de Correa.

El magistrado recalca la sospechosa coincidencia de que las adjudicaciones presenten “un similar modus operandi pese a tratarse de muy diversas contrataciones y muy diversos órganos de contratación”. Como si en ellas hubiera existido “cierta influencia política”. El juez señala que en aquella época Orange Market, la empresa de la red que dirigía Álvaro Pérez, “organizaba los actos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana”. Y que, según declaró un antiguo empleado de esa sociedad, aquella circunstancia les “favoreció para las adjudicaciones”.

Para eliminar la competencia, el Gobierno valenciano y la red utilizaron, según el juez, un amplio repertorio de corruptelas. La primera vía para asegurar el resultado consistió en emplear “procedimientos negociados de contratación sin publicidad”, en los que bastaba con invitar a tres empresas. Una era “siempre” Orange Market; y las otras dos, empresas del mismo grupo de Correa. “No se encuentra explicación razonable de la causa de realizar invitaciones a sociedades del grupo radicadas en Madrid, que nunca habían trabajado en el respectivo órgano de contratación. Ni que ningún empleado público sepa explicar por qué se seleccionaron para ser invitadas, o quién era su interlocutor y a las que nadie conoce”.

“En muchas otras ocasiones”, prosigue el juez, el procedimiento fue incluso menos sofisticado. La Generalitat recurrió a “la técnica del fraccionamiento de la contratación”. Si un mismo acto era dividido en adjudicaciones inferiores a los 12.020,24 euros, podía concederse directamente.

De ese modo, para la organización del Congreso de Software Libre de 2005 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, por ejemplo, El Bigotes cobró exactamente 12.020,20 euros por el “alquiler, transporte y montaje del mobiliario” en general. Y otros 12.020,20 euros por el “alquiler, transporte y montaje” solo de la moqueta.

“La confianza en la adjudicación era tal” que los empleados de Correa solían empezar los trabajos antes del inicio del procedimiento para adjudicarlos. Los pliegos administrativos en ocasiones “se diseñaban a posteriori, en función de las ofertas” que había presentado El Bigotes. Y otras veces los cargos procesados sugerían a los miembros de la red “cambiar conceptos esenciales de las facturas”, con la presunta finalidad “de obstaculizar la detección de irregularidades”. El juez exculpó al alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, al considerar que los contratos fraccionados que firmó le vinieron dados. Pero no así a sus dos antiguos jefes en la Consejería de Sanidad, Cervera y Rosado.

Los contratos que Sanidad concedió a la trama, con motivo de la organización de los Premios Salud y Sociedad, fueron divididos no solo entre diferentes empresas de la red, sino entre distintos departamentos de la consejería. Todas esas contrataciones son presuntamente “pluralmente irregulares, coordinadas y dirigidas por alguien superior a las respectivas direcciones generales que aparecen formalmente como órganos de contratación”. Los “técnicos cualificados a nivel de contratación” interrogados por el magistrado respondieron que esa “superior coordinación de las facturas y su pago se residencian primordialmente en el consejero [Cervera] y el secretario autonómico”, por entonces Rosado.

Varios testigos y algún imputado (incluido Bataller) declararon que Cervera se reunió con personal de Orange Market, y que la dispersión de las facturas partió del gabinete del consejero. El exjefe de gabinete y su antigua jefa de prensa señalaron, a su vez, “que actuaron cumpliendo las indicaciones” que les dio Cervera.

También ha sido capital para el procesamiento de Alicia de Miguel la declaración de su exjefe de gabinete. Éste “reiteradamente manifestó que fue la señora consejera quien organizó los actos, eligió a la empresa [Orange Market] y que incluso ella fue quien personalmente le presentó a Álvaro Pérez como la persona que se iba a encargar de organizar los actos de la consejería investigados”.

De Miguel, que fue miembro del Consell entre los años 2000 y 2007, tenía delegadas las competencias de contratación y, según su jefe de gabinete, le gustaba controlar todos los detalles: “La decisión sobre qué empresa hacía el acto siempre la tomaba la consejera. Daba cerrado el acto y la empresa”. En similar sebtido declararon otros subalternos de la consejera, que negaron tener “animadversión” hacia De Miguel.