El caso de las facturas falsas de UGT de Andalucía salpica a toda la cúpula anterior

La Guardia Civil detalla su acusación de financiación ilegal con fondos de la Junta

Manuel Pastrana (a la izquierda) y Francisco Fernández Sevilla, ex secretarios generales de UGT en Andalucía.
Manuel Pastrana (a la izquierda) y Francisco Fernández Sevilla, ex secretarios generales de UGT en Andalucía.PACO PUENTES

Federico Fresneda, extesorero de UGT de Andalucía, achaca a la anterior cúpula del sindicato conocer el fraude sistemático con subvenciones de la Junta que permitió su principal vía de financiación, según sostiene la Guardia Civil. La declaración judicial de Fresneda, incluida en el sumario que investiga el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla y al que accedieron ayer las partes personadas, revela el conocimiento, extendido entre los 15 miembros de la comisión ejecutiva de la organización, de la principal práctica ilegal que censura la investigación: el rápel—descuento concedido por las empresas a UGT como gran cliente, y del que la central no informaba a la Junta pese a que los fondos procedían del Gobierno andaluz, por lo que supuso una financiación fraudulenta—.

Manuel Pastrana, que atraviesa graves problemas de salud, estuvo al frente del sindicato durante 15 años, hasta 2013, cuando cedió el testigo a su sucesor y ex número dos, Francisco Fernández Sevilla, que dimitió el pasado otoño acuciado por la crisis generada ante las evidencias del fraude de las facturas falsas.

Ante el juez, Fresneda describió este supuesto conocimiento generalizado de la excúpula sobre el fraude: “La comisión ejecutiva y sus 15 miembros tenían conocimiento tanto del programa informático Spyro [diseñado para cuadrar las cuentas del sindicato] como del rápel, de cuándo se cobraban los programas y en definitiva de todos los movimientos de UGT; también las uniones provinciales conocían todo lo que les afectaba”. Sobre Pastrana, Dolores Sánchez Montaño, una extrabajadora de la central imputada, explicó de forma gráfica el control absoluto que ejercía: “En el sindicato no se hacía absolutamente nada sin que lo supiera el secretario general”.

La declaración de Fresneda se traducirá en una previsible comparecencia judicial de estos 15 altos cargos del sindicato además de los ocho líderes provinciales de la central, para que expliquen su grado de conocimiento de las supuestas irregularidades que denuncia la Guardia Civil. De momento, ninguno de los tres miembros de la excúpula consultados por este diario han sido reclamados por el juzgado. En la reciente Operación Cirene, la Guardia Civil detuvo a Fresneda y a dos subordinadas suyas, además de 13 personas vinculadas a las empresas proveedoras.

Los investigadores resumen en un informe policial tres métodos que generaron fondos a espaldas de la Administración: en primer lugar el rápel, por el que los proveedores debían aceptar realizar unos descuentos entre el 3% y el 15%. “La factura emitida por el proveedor por el 100% del gasto era imputada a un programa subvencionado (...) Sin embargo, en el momento que el proveedor devolvía una determinada cantidad, este descuento no se comunicaba a la Administración”, censura la Guardia Civil en el informe.

Como segunda vía de ingresos, el bote reportó beneficios al sindicato gracias a las facturas falsas que emitían “determinados proveedores de confianza”. Los agentes lo explican así: “Para justificar determinados gastos imputables a subvenciones, estos emitían facturas al sindicato por servicios o mercancías que no se habían realizado o servido realmente”. Finalmente, cualquier acción formativa exigía la suscripción de una póliza de seguro que siempre se contrataba con la aseguradora ASP, la cual “parece ser propiedad de UGT Andalucía”, y siempre devolvía el 50% del importe de la póliza a UGT por transferencia o talón.

El extrabajador José Miguel Galdeano explicó que los miembros de la comisión ejecutiva cobraran entre 900 y 3.000 euros al mes, y parte de estas sumas se cargaban al programa Organizaciones Sindicales, subvencionado por la Consejería andaluza de Empleo. Su excompañero Francisco Mateos explicó a los investigadores cómo las cantidades que generaron las facturas falsas alcanzaron hasta los 180.000 euros:El volumen que alcanzó esta práctica fue tal que escandalizaba a todo el mundo (...) los propios trabajadores entre ellos comentaban que esta práctica no podía continuar y que iba a explotar”.

Sobre la firma

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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