Los comuneros sellan la paz con Defensa por la base de Pontevedra

Los comuneros de Salcedo rubricaron ayer con el Ministerio de Defensa el acuerdo de cesión durante 75 años de los terrenos del monte pontevedrés donde se asienta la base de la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable (Brilat). El acuerdo, que incluye el abono de un canon anual de casi 130.000 euros a la comunidad de montes, pone fin al conflicto entre militares y vecinos por las tierras, que estalló en 2008 con la decisión unilateral de Defensa de ampliar el perímetro de seguridad de la base.

Los vecinos rechazaron desde el inicio aquella decisión, que supuso tener que ver a los militares hacer maniobras de madrugada junto a los jardines de las casas o tener que dar explicaciones a una patrulla armada por ir a dar un paseo por el monte. La tensión fue en aumento en las sucesivas manifestaciones de protesta, que se saldaron con un vecino acusado de maltratar a un militar. Fue absuelto.

Pero los comuneros decidieron entonces cuestionar la propiedad del suelo, de uso comunal desde tiempo inmemorial pero traspasado en los primeros años del siglo pasado por el Ayuntamiento al Ejército. Las instalaciones fueron cárcel tras la Guerra Civil y pasaron a hospedar a la Brilat en los años ochenta. Sucesivas sentencias confirmaron a partir de 2011 que la comunidad de montes eran la propietaria legítima de los terrenos.

Desde entonces las relaciones entre militares y comuneros se fueron destensando hasta dar paso a las negociaciones para la cesión del suelo, un tira y afloja durante el que Defensa incluso amagó con desmantelar la base. “Eso fue un cuento chino”, aseguraba ayer Fernando Pintos, presidente de la comunidad de Salcedo. El líder comunal cree que los militares nunca pensaron en abandonar una base “en una situación privilegiada”.

El convenio prescribe que la comunidad tenga para su uso y disfrute 100 de las hectáreas en litigio, mientras que la base se quedará con 72. “Seremos fiscalizadores para que se cumplan las cláusulas”, advierte Pintos. La comunidad prevé celebrar una asamblea en septiembre que acuerde cómo invertir el canon de este primer año. La sensación de Pintos es que el hito es “histórico”. “Son 130.000 euros que se quedarán en Pontevedra, en una zona abandonada y maltratada que dentro de unos años podrá ser de esparcimiento”.