El tribunal da validez a los registros de los domicilios de los neonazis

El tribunal de la Audiencia de Valencia declaró válidos y legales los registros efectuados en los domicilios de los 18 acusados por tenencia ilícita de armas y asociación ilícita. Gracias a esos registros, la Guardia Civil se incautó de numerosas armas de fuego (un lanzagranadas, escopetas, revólveres, bolígrafos pistola), así como machetes, hachas y puños americanos prohibidos. Todo este material constituye una prueba clave en el juicio contra los supuestos integrantes del neonazi Frente Antisistema, desarticulado por los agentes en 2005 en Valencia en la llamada Operación Pánzer.

En la segunda sesión de la vista, el tribunal argumentó que la jurisprudencia más actual sanciona la obligatoriedad de la presencia del abogado cuando un acusado declara ante las fuerzas de seguridad o en las ruedas de reconocimiento, pero no en los registros, como habían solicitado las defensas para impugnar la actuación.

La intervención en los domicilios se precipitó ante el temor a agresiones por odio racial, sexual o ideológico, según declaró uno de los responsables de la investigación de la Guardia Civil, testigo de la fiscalía y de la acusación popular . El temor se fundaba en las conversaciones grabadas a los ultraderechistas, en las que se habla de la organización de "cacerías" de "guarros o punkis" en Villena. Para evitar agresiones, se "desplegó un equipo" en la ciudad alicantina. Varios de los imputados hicieron referencia a una paliza a un "punki", añadió el agente, aunque no encontraron ni denuncia ni parte de lesiones, si bien hay constancia de que algunos de los procesados estuvieron en Villena y realizaron pintadas con simbología fascista. "El riesgo era inasumible y por eso se decide incautar", explicó. También enumeró otros delitos, como robos o estafas, que según la investigación planeó este colectivo, y señaló que disponían de una página web para la venta de libros sobre teorías negacionistas del holocausto y temas similares, si bien la Guardia Civil no constató ninguna venta.

La sesión, cuyo inicio estaba previsto para las 10, empezó con más de una hora de retraso debido a la ausencia de dos de los quince procesados. Una mujer, acompañada por su bebé, no encontraba sitio para aparcar, según su abogado. Y un hombre, que se desplaza en silla de ruedas, se había quedado en su casa por recomendación médica para que guardase reposo por un día, según su letrado. El presidente del tribunal, Pedro Castellano, se impacientó. Ordenó al abogado que llamase a su cliente y se presentase de forma voluntaria y advirtió de que mandaría a la policía a por él si no lo hacía. Ambos aparecieron en menos de una hora.

De modo que el juicio se reanudó con la presencia de 15 de los 18 procesados, entre los que se encuentra un concejal de España 2000 de Silla (Valencia), Alejandro Serrador, dos militares y el asesino confeso de Guillem Agulló, Pedro Cuevas, mientras que dos se encuentran en rebeldía y uno está ingresado en un centro psiquiátrico.

Los acusados se negaron a responder a la fiscalía y a la acusación popular, que tuvieron sus diferencias con el presidente del tribunal a cuenta de su exigencia de agilidad en el interrogatorio. La acusación pidió ayer más sesiones para ejercer sus derechos y elevará la petición de penas, que suman ahora más de 42 años.   

Cooperante y escalador

Cuatro procesados sí respondieron a sus letrados. Negaron haber pertenecido al grupo FAS, aunque un guardia constató la incautación de un listado. Uno destacó que está en una ONG “en la que se atiende a todo tipo de personas”. Otro sostuvo que conocía a algunos compañeros de banquillo porque lleva 20 años “escalando" y le conocen de las montañas que escala. Cuando el acusado estaba dando esta respuesta, el abogado de la acusación popular se aprestó a protestar, y el acusado le espetó: “Por favor, cállate”. El presidente le llamó la atención y el imputado aprovechó para denunciar que durante los registros que efectuaron a su vivienda y a su empresa —dedicada a la rotulación de vehículos policiales, a vallas publicitarias o a la fabricación de lonas— se llevaron tres armas suyas, sobre las que tenía licencia, y “han desaparecido”. Se lamentó, al igual que su esposa, también procesada, de que les trata “como a animales” desde hace nueve años y que ha perdido todas sus propiedades.