La fiscalía investiga pagos de Empleo a 95 entidades por 57 millones

El ministerio público reclama a la Junta que detalle todos los cargos implicados

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, en octubre en el Parlamento.
El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, en octubre en el Parlamento.e. a.

La Fiscalía Superior investiga la gestión de la Consejería de Empleo para las 95 Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) a las que abonó 57 millones de euros entre 2010 y 2012, una época en la que estuvo al frente el exconsejero y diputado socialista Manuel Recio. Es otra investigación que se suma a las ya existentes que conciernen a la Consejería de Empleo, como las de los ERE y los cursos de formación.

La fiscalía solicitó a la Junta el pasado viernes un listado con los responsables de estas unidades territoriales que han funcionado durante una década hasta su cierre en 2012, así como los altos cargos que ordenaron los pagos por 57 millones en los tres años señalados. La notificación fue entregada tanto en la sede de la Consejería de Economía como del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). El ministerio público busca determinar si existen cargos aforados, ya que en caso contrario debe derivar las investigaciones a las fiscalías provinciales en vez de retenerla.

Tras recibir una denuncia, el fiscal superior, Jesús García Calderón, ordenó a la policía judicial que elaborara un informe sobre la gestión de estas unidades, y los agentes han concluido que existen indicios que justifican la continuación de la investigación. “La policía estableció un análisis muy breve sobre la estructura orgánica y ahora necesita saber quién ha firmado qué subvenciones. Se trata de confirmar que el dinero tuvo la finalidad para personal y estructura de estas unidades establecida por norma”, explican fuentes del caso.

La Cámara de Cuentas ya censuró irregularidades en la gestión de los centros

Una vez avanzada la investigación, esta determinará si ha habido irregularidades y si estas son administrativas o de ámbito penal. Sin embargo, la Cámara de Cuentas ya emitió un informe que sirve como precedente examinador para estas unidades territoriales, para las que entre 2003 y 2012 trabajaron unos 90 cargos directivos y 697 trabajadores, agentes locales de promoción de empleo (ALPE) que han recurrido su despido ante los tribunales y 106 han logrado sentencias favorable del Tribunal Supremo. Los auditores del órgano fiscalizador acabaron su estudio hace cuatro meses y se presentará en el Parlamento en septiembre.

Las 95 unidades se crearon en 2002 en las ocho provincias para fomentar el empleo local “y acercar a la ciudadanía los servicios de empleo, industria y desarrollo tecnológico de la Junta”. Dependían de la Consejería de Empleo y los consorcios de Administraciones locales, pero el pago de las plantillas correspondía a la Junta a través del presupuesto del SAE.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

El informe de la Cámara detalla que las subvenciones concedidas por el SAE a las Utedlt ascendieron a 23 millones en 2010, 22 millones en 2011 y 5 millones en 2012. A estas cifras se suman 5 millones por subvenciones excepcionales para pagar las indemnizaciones por los despidos. Entre las conclusiones más relevantes, los auditores detallan: “No hay constancia de que las entidades llevaran a cabo un control de la gestión desarrollada por los consorcios, tal y como preceptúan los estatutos”. Todos los centros en 2010, el 75% en 2011 y el 31% en 2012 incumplieron el régimen de celebración de sesiones ordinarias del consejo rector, previsto en sus estatutos. Solo el 67% aprobó en 2010 la liquidación del presupuesto y el 40% cumplió con la obligación de rendir las cuentas anuales ante la Cámara de Cuentas.

Para controlar el gasto de los fondos recibidos el SAE contaba con los contratos programas, pero desde 2009 “los 95 consorcios y el SAE no han formalizado los citados contratos programas”. A pesar de estos incumplimientos el SAE abonó incentivos por 5 millones entre 2009 y 2010, “supeditados a un porcentaje de consecución de objetivos (...) a pesar de que no se había fijado ni evaluado objetivo alguno”, censura el informe. Los auditores destacan: “Aunque todos los ALPE tenían asignadas las mismas funciones y actividades a desarrollar, las retribuciones eran diferentes”.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

Normas

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS