6.000 fallecidos ‘cobraron’ ayudas públicas en los dos últimos años
La Comunidad reclama cinco millones a los herederos por recibir indebidamente fondos de Dependencia El Gobierno regional ha recuperado ya la mitad del dinero
La Comunidad de Madrid reclama más de cinco millones de euros a los herederos de casi 6.000 beneficiarios de la prestación de dependencia que la siguieron recibiendo una vez fallecidos estos. El Gobierno regional ha recuperado ya 3.054.546 euros de los 5.812 casos detectados entre 2013 y 2014. Todavía quedarían pendientes de abonar otros 2,2 millones de euros.
A 31 de diciembre de 2013, las personas beneficiarias con derecho a prestación en la región eran 89.098 de una población de 6.495.551 habitantes, lo que supone el 1,37% de los residentes en Madrid. Las personas que solicitaron la prestación de dependencia fueron 175.555 (2,70%). De ellas, 29.719 (26,96%) son cuidadas por sus parientes, 21.356 reciben ayuda a domicilio (19,37%), 18.617 cuentan con atención residencial (16.89%) y 11.742 acuden a centros de día (10,65%).
173 días para obtener la prestación
- Los ciudadanos que recibían una prestación por dependencia en la región eran 89.098 a 31 de diciembre de 2013 (1,37% de la población). En total, 175.555 (2,70%) personas solicitaron una ayuda.
- El plazo medio de reconocimiento de la prestación era de 173 días, por debajo de la media estatal, con un plazo medio de 210 días.
- De los 5.812 casos de personas fallecidas cuyos familiares siguieron recibiendo la prestación, 3.151 corresponden a 2013 y 2.661 se detectaron este año.
- El Ejecutivo autonómico exige a los herederos la devolución de 5.264.693,01 euros, de los que ya ha integrado 3.054.546,54 euros. Quedan pendientes 2,2 millones.
Los requerimientos del reintegro de las cuantías percibidas indebidamente se dividen entre quienes percibían la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) —se les transfiere una cantidad que los familiares gestionan para el cuidado del dependiente— y aquellos que obtenían una Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS), acudiendo de forma regular a los centros de día de la Consejería de Asuntos Sociales. En el primer caso, la cuantía fue de 2,5 millones, cuya devolución ha provocado la apertura de 3.520 expedientes. En este tiempo, el Ejecutivo de Ignacio González (PP) ha recuperado algo más de la mitad solicitada (1.280.731 euros). La cifra es ligeramente superior en el caso de los PEVS, con 1.773.815 euros reintegrados de los 2.766.194 requeridos. El número de expedientes abiertos en este caso es de 2.292.
La mejora de los controles ha permitido al Ejecutivo madrileño reingresar 12.562.091 euros (tres millones proceden de los casos de ciudadanos fallecidos) por ayudas desde 2009 abonadas de forma improcedente o por la extinción del derecho a recibirlas por más causas que el fallecimiento del beneficiario de la prestación (traslado, revisión, incompatibilidad...). Así, de los 10.410 expedientes revisados en los últimos cinco ejercicios, la Comunidad ha recuperado 12.562.091 euros de los 17.133.548 euros que exige. También se han dado casos en los que, fruto de la falta de control, se pagaban por ejemplo 30 euros de más a los perceptores de ayudas. Al cabo de varios años, esa cantidad de más suponía una suma de 2.000 euros.
De ellos, 4.089.145 euros —reclama 600.000 euros más— corresponden a 2.967 expedientes entre 2009 y 2011. El número de casos fraudulentos aumentó de forma considerable en 2012, cuando la Administración autonómica detectó irregularidades en 4.797 informes. De los 8.548.888 euros requeridos en ese ejercicio, la Consejería de Asuntos Sociales ha obtenido hasta la fecha casi 7 millones. El menor número de casos se produjo en 2013 (2.646), con un importe de 1.476.356 euros reintegrados (3.895.289 reclamados).
El Gobierno madrileño señala que realiza el control de las situaciones de las bajas por fallecimiento de los beneficiarios con una periodicidad mensual. Para ello, emplea los datos que el IMSERSO deja a disponibilidad de la Comunidad en un servidor, a los que incorpora la fecha del fallecimiento. En cuanto al control de posibles duplicidades, el Ejecutivo regional apunta que la aplicación informática controla, al efectuar el alta del expediente, si previamente existen otros expedientes para el mismo solicitante. De darse esa situación, el sistema alerta mediante un mensaje.
El Tribunal de Cuentas subraya que las comunidades autónomas han “incrementado las medidas de control de fallecidos”. De esta forma, la actualización de los censos de beneficiarios ha contribuido “a depurar los casos de duplicidad o de fallecimiento”, requiriendo en su caso los correspondientes reintegros.
14.300 euros de media por dependiente
Madrid fue la comunidad autónoma que más presupuesto destinó de media a la dependencia en el ejercicio de 2012: 1.163 millones que supusieron 14.314,61 euros por cada uno de los beneficiarios de entonces (81.275). Con 190.160 beneficiarios de las ayudas de dependencia, Andalucía, aun siendo la región que más dinero dispuso de forma global (1.278 millones), fue en cambio la autonomía con menos gasto por beneficiario: 6.720,66 euros.
Cataluña aportó 1.205 millones a repartir entre 137.269 personas (8.781,15 euros por individuo). En el caso de Valencia, con un presupuesto de 447,5 millones y 42.816 beneficiarios, el gasto medio fue de 10.451,93 euros. La media nacional fue de 9.209,24 euros.
Las personas que tenían reconocida la condición de dependientes en Madrid pero aun así se encontraban pendientes de percibirla eran 10.455 a 31 de diciembre de 2013, lo que supone un 10,5% sobre los dictámenes emitidos por la Consejería de Asuntos Sociales, según los datos del Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia o SISAAD.
Por encima de Madrid, la espera afectaba a su vez a 12.739 habitantes de Canarias (52,74% de los beneficiarios sin prestación), 18.076 en Murcia (39,27%), 18.106 en Galicia (31,86%), 18.213 en Valencia (30,37%), 53.981 en Andalucía (24,35%), 10.766 en Castilla-La Mancha (22,88%) y 20.077 en Cataluña (12,59%), entre otros. Por contra, en Castilla y León únicamente se encontraban pendientes del reconocimiento de la prestación el 1,66% de los dependientes (1.046 personas).
Por otro lado, el plazo medio de reconocimiento de la prestación en Madrid era, a finales del año pasado, de 173 días, por debajo de la media estatal (210 días). Andalucía rebajaba el promedio a 141 días, como Cataluña (168). El tope legal fijado para reconocer la prestación es de seis meses.
Asuntos Sociales fue, con 1.303 millones, la cartera económica que más creció en el presupuesto elaborado por el Gobierno de Ignacio González para este año: 55 millones (un 4,4%). El consejero, Jesús Fermosel, afirma que el aumento “ratifica el compromiso” de la Comunidad con los más necesitados. La oposición replica que la cifra simplemente refleja la ejecución presupuestaria realizada en ejercicios anteriores.
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