Los tribunales confirman que el PP creó una Administración paralela

Tan lejos como a principio de 2008, la Inspección de Trabajo constató que en la Consejería de Medio Ambiente, que entonces dirigía José Ramón García Antón, fallecido al año siguiente, había un elevado número de empleados de la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA (Vaersa) trabajando en sus dependencias. Un personal subcontratado que, entre otras cosas, redactaba los informes de impacto ambiental. En el departamento dedicado a ello solo había cinco funcionarios y una veintena de empleados de Vaersa.

La oposición denunció que se había creado un aparato paralelo al de la Administración de la Generalitat con el fin de rebajar la exigencia de los controles en plena expansión urbanística. Varias sentencias de carácter laboral confirmaron después que se había producido una cesión irregular de personal a la consejería por parte de Vaersa. Ahora, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha acabado estimando un recurso de Intersindical Valenciana en colaboración con la Confederación General del Trabajo (CGT) y ha reconocido que empleados de Vaersa se han excedido en sus funciones técnicas para suplantar a funcionarios en las potestades de redacción de las preceptivas declaraciones de impacto ambiental. La sentencia no va más allá de ordenar el “cese inmediato” de lo que considera “una vía de hecho”, pero constata la irregularidad del mecanismo aplicado durante años.

Toda la oposición anunció ayer que pedirá la revisión de los expedientes de impacto ambiental realizados por empleados de Vaersa. El diputado socialista Francesc Signes advirtió que “ni los trabajadores de Vaersa ni los funcionarios son responsables de una decisión exclusivamente política y que el PSPV-PSOE llevaba 11 años denunciando”. El diputado de Compromís Juan Ponce, que pedirá la comparecencia de la actual consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, para que dé explicaciones, señaló que “había más técnicos de Vaersa que funcionarios en la consejería, una situación creada con toda intencionalidad por el Gobierno del PP para rebajar los controles necesarios para este tipo de estudios”. Para Lluís Torró, de Esquerra Unida, es imprescindible que la revisión de expedientes se extienda “a otras empresas del Consell que pueden haber estado incurriendo en los mismos defectos”. Se refería a que, como señaló CGT, empresas públicas como la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, SA (Avapsa), en la evaluación de las personas dependientes, o la Empresa de Transformación Agraria, SA (Tragsa), en actuaciones forestales, han actuado de forma similar.

La portavoz del Consell, María José Català, aseguró que la Generalitat recurrirá la sentencia porque, “aunque es verdad que los informes los realizaba Vaersa, un funcionario de la casa supervisaba todos esos informes”. Según Català, se recurrió al procedimiento en “un momento de muchísima actividad en el cual los servicios propios y técnicos de la casa no daban abasto para atender tanto trabajo y hubo que recurrir a la colaboración de las empresas públicas”. La portavoz anunció a los periodistas que “se va a presentar un recurso por parte de la Abogacía de la Generalitat”. Y añadió: “Entendemos que el hecho de que, al final, en el último tramo del proceso, un técnico de la casa supervisara y autorizara la actuación de Vaersa confirma que la Generalitat estaba al corriente y esos informes se tramitaron correctamente”.

La portavoz Català anuncia un recurso que la Abogacía dice que se desestimará

Ni la sentencia ni la Abogacía de la Generalitat ratifican las afirmaciones de la portavoz. De hecho, las desmienten de plano. La sentencia del TSJCV deja muy claro que, pese a que la jefa del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de la consejería sostuvo en su declaración que “siempre ha existido un informe técnico emitido por funcionario, además del emitido por el técnico de Vaersa, lo cierto es que esta afirmación queda, sin embargo, rotundamente desmetida, puesto que no viene corroborada, sino contradicha, por la prueba documental aportada, que pone de manifiesto que la propuesta de resolución solo viene precedida por el informe técnico de Vaersa, y en ningún caso por otro informe emitido por funcionario”.

En el escrito de la Abogacía de la Generalitat sobre la sentencia, por otra parte, se dice textualmente que un recurso de casación “estaría abocado a su desestimación”. Y añade: “Dado que la sentencia únicamente ordena el cese de la vía de hecho, deniega la indemnización y no contempla condena en costas, entendemos que no afecta negativamente a los intereses de esta Administración”. La coordinadora de asuntos contenciosos comunica a la consejería que dirige Isabel Bonig que si, pese a todo, hay que recurrir, lo comunique “a la mayor urgencia”.

El diputado de Esquerra Unida Lluís Torró, que hizo público el informe de la Abogacía, indicó que el Consell sabe que el recurso “está condenado a un estrepitoso fracaso”, pero intenta “desviar la atención” de lo que calificó como “un terremoto administrativo en el seno de la Generalitat”.