El Poder Judicial avala la actuación de Alaya ante el Parlamento andaluz

Las informaciones de este lunes sobre el caso de los ERE no han salido del despacho de la magistrada Mercedes Alaya. Al contrario, han llegado. Y por dos vías. Por un lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado la actuación de la juez ante el Parlamento andaluz. Según la carta remitida a la Cámara, el órgano no “aprecia anomalía o irregularidad imputable” a la instructora por ordenar investigar el papel que jugó el Parlamento andaluz ante estas irregularidades. Y, por el otro, la Audiencia Provincial de Sevilla ha solicitado a la instructora que acredite si el último atestado de la Guardia Civil sobre el IFA e Idea “está concluso y ha sido remitido” a su juzgado.

La carta del CGPJ responde a la queja que el presidente del Parlamento, Manuel Gracia, remitió a principios de abril al órgano regulador de los jueces. En ella, Gracia señalaba que Alaya no respeta “el principio de separación de poderes” y la “inviolabilidad” de la Cámara porque “parecía que se pretendía investigar al Parlamento, a una comisión o a los diputados”. En los autos del 3 y 13 de marzo —el primero fue recurrido por la Fiscalía Anticorrupción—, la magistrada solicitaba a la Intervención General del Estado que estudiara “qué pudo conocer” el Parlamento “sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales”. Ahora, el CGPJ le dice a la Cámara que “no aprecia anomalía”, por lo que entiende que “no procede la adopción de medida alguna”.

“No se aprecia irregularidad imputable” a la juez, dice el CGPJ

Según el órgano, la finalidad de las diligencias de la juez Alaya “no es, en ningún caso, derivar responsabilidad al Parlamento andaluz”, sino que “obedece a la tesis sostenida” por las defensas de algunos imputados para garantizar el “derecho a la tutela judicial efectiva sin mermar el derecho de defensa de los imputados”. En su carta, el CGPJ solicita al Parlamento información sobre los debates presupuestarios en comisión y señala que ha pedido a la juez “un informe sobre sus alegaciones y la remisión de una copia de las resoluciones que motivaron la iniciativa”.

La carta del CGPJ se ha sumado a la petición de la Audiencia para que Alaya “certifique” si el último atestado elaborado por la Guardia Civil sobre las actividades del IFA e Idea “está concluso y ha sido remitido” a su juzgado, a fin de poder resolver un recurso interpuesto por varios ex altos cargos. La Audiencia pide a la juez “fecha de entrada, en su caso”, de dicho atestado y que se le dé “traslado a las partes”.

El órgano pide a la Cámara los debates presupuestarios en comisión

Este recurso fue presentado, entre otros, por el ex director general de Trabajo Javier Guerrero y los ex directores generales de Presupuestos Buenaventura Aguilera y Antonio Lozano. En el escrito, los abogados insinuaban que Alaya podía tener retenido dicho documento. La falta de este atestado ha sido otro de los argumentos dados por algunos imputados para acogerse a su derecho a no declarar, entre ellos, el presidente de Unicaja, Braulio Medel.

El silencio también ha sido protagonista. Solo uno de los ocho imputados que han comparecido accedió a responder. Ramón Polo, exconcejal del PP en La Carolina (Jaén) y supuesto intruso —persona ajena a la empresa—, aseguró ante Alaya que trabajó durante seis meses en la compañía que después le despidió. También comparecieron Alfredo Pérez (supuesto intruso) y Ramón Morales, presidente del consejo de administración de Industrias del Guadalquivir (Invirsal), para quien el fiscal pidió una fianza de ocho millones. Quien no acudió fue José María Ruiz-Mateos (hijo) porque su abogado tenía otro juicio.