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Los huelguistas advierten que irán al fiscal si se recoge la basura en Lugo

El Ayuntamiento se plantea que Tragsa limpie las calles, mientras la empresa expedienta a los 11 miembros del comité de huelga

La secretaria de la Federación de Servizos de la CIG, Carmen Antas, anunció esta mañana que en el momento que los trabajadores de Urbaser, concesionaria del servicio de la limpieza de Lugo, tengan “constancia” y “se confirme” que la empresa pública Tragsa empieza a recoger la basura apilada en las calles de la ciudad acudirán a la fiscalía. Ya en el cuarto día de huelga, y a unas horas de que se inicie la fiesta histórica del Arde Lucus, se acumulan en Lugo casi 400 toneladas de desperdicios que rebosan los contenedores.

El gobierno local mantiene la intención de contratar a esta empresa pública, Tragsa, para que empiece hoy con la recogida, lo que interpreta la sindicalista de la CIG “como una vulneración clarísima del derecho de huelga”. “En el primer momento que tengamos constancia y eso se confirme, directamente presentaremos denuncia por vulneración del derecho de huelga ante la fiscalía para que abra expediente y cada cual pague por la responsabilidad que tiene en este conflicto”, amenaza Antas.

Con diez despidos, y dos más a falta de concretarse, la representante de los trabajadores de Urbaser anticipa que en las próximas horas podrían producirse más salidas, ya que ayer se les comunicó la apertura de expedientes disciplinarios a los 11 miembros del comité de huelga. “Nos hace pensar que en breve serán los próximos despedidos”, sostiene. Antas carga sobre todo contra el Ayuntamiento de Lugo, gobernado por el socialista José López Orozco, por “imponer” el 100% de servicios mínimos para las fiestas de exaltación del pasado romano y castrexo de la ciudad bimilenaria durante el fin de semana. Para la sindicalista de la CIG eso “significa en la práctica anular el derecho de huelga de los trabajadores”.

El presidente de la Diputación de Lugo y secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, que acaba de proponer la imposición de cláusulas sociales a las concesionarias públicas para evitar que impulsen recortes laborales en sus plantillas, aseguró este mediodía que, pese a lo que está ocurriendo con Urbaser, el Ayuntamiento de Lugo se unirá a su recomendación en el futuro. “La evolución de la contratación futura del Ayuntamiento de Lugo irá por vía de cláusulas sociales”, afirmó Besteiro.

Dichas cláusulas, que ya han sido incorporadas por la Diputación lucense, exigen que las empresas contratadas por la Administración respeten los derechos laborales de sus trabajadores, condición inexcusable para no romper esos contratos. A preguntas de los periodistas, con el conflicto abierto en Lugo con Urbaser, Besteiro se limitó a recordar un compromiso de la concejala de Economía, Sonia Méndez, para en algún momento incorporar esos requisitos. “No tengo nada que recomendar, cuando el propio Ayuntamiento dice que en sus futuras contrataciones va a tener en cuenta también el contenido social”, zanjó el líder de los socialistas.

Con quien sí fue crítico  Besteiro fue con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, por no haber aceptado estas cláusulas en la Xunta cuando el PSdeG las propuso en el Parlamento gallego. “No lo entiendo. Simplemente si le parece una buena idea lo que tiene que hacer [Feijóo] es adaptarla y no perder el tiempo en justificar si la hace uno u otro”, reprochó.

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