Solo 200 familias han podido optar a la moratoria en el pago de luz y gas

Lo advirtieron desde un principio entidades sociales y ayuntamientos y así ha acabado siendo. La tregua invernal para los pobres energéticos, decretada por el Gobierno catalán, ha acabado siendo un fracaso. Solo 172 familias se han beneficiado de la moratoria en el pago de los recibos de electricidad y gas en las diez ciudades catalanas más pobladas -—excluida Barcelona, que se ha negado a facilitar los datos—, que concentran 1,6 millones de personas, el mismo número que la capital catalana.

Ni tan solo la urgencia de evitar el corte del suministro entre enero y marzo, los meses más fríos del invierno, ha servido como reclamo para las familias con menos recursos. Consistorios y organizaciones humanitarias coinciden en que la medida no ha funcionado por la exigencia de las condiciones y porque el importe de las facturas no se condonaba, sino que tan solo se aplazaba la deuda de las familias, lo que supondrá una mayor losa para las familias beneficiarias a partir de ahora, cuando tengan que ponerse al día en el pago de facturas.

Ni las compañías suministradoras (Endesa y Gas Natural) ni la Generalitat ofrecen datos agregados sobre los beneficiarios de la medida. Tampoco la valoran. El Departamento de Empresa y Empleo, responsable de la iniciativa, explica que elaborarán un informe con los datos y las conclusiones extraídas que remitirán al Parlamento catalán. Hasta entonces no habrá comentarios.

Los datos recopilados por este diario aportados por los Ayuntamientos apuntan a que ha habido un beneficiario por cada 9.400 habitantes, aunque esa es una cifra que oscila según los niveles de renta medida de cada municipio. Los servicios sociales de Girona (con una renta familiar disponible per cápita de 19.500 euros) no efectuaron ningún informe favorable. En Badalona (14.500 euros), en cambio, se registraron 48 informes. Y en Badia del Vallès, una ciudad que no consta entre las diez mayores ciudades catalanas pero que es una de las que sufre con mayor crudeza el paro, se elaboraron 15 informes.

“Desde el principio vimos que no era una buena medida porque solo aplazaba el pago de las facturas, pero cuando conocimos las condiciones que se imponían para acogerse, ya asumimos que los ayuntamientos acabaríamos pagando los recibos”, concluye Núria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (120.000 habitantes), donde se han acogido nueve personas.

Para poder beneficiarse de la tregua, las familias debían cumplir tres requisitos. El primero era económico: no se podían superar los 7.967,73 euros anuales de ingresos, en el caso de hogares con dos miembros (a partir del tercero este umbral se incrementaba en un 30%). El segundo de los requisitos era demostrar que se habían aplicado todas las medidas para reducir el consumo de bienes y servicios y, el tercero, acreditar que se tiene contratada la tarifa social en el contrato de electricidad. Los servicios sociales daban fe de que se cumplían esas condiciones mediante un informe que los ciudadanos debían llevar a las suministradoras.

Desde los Ayuntamientos dejan claro de que el diseño de la tregua ha sido desacertado. “La problemática de la pobreza energética existe, lo que ha fallado es la medida”, apuntan desde el Ayuntamiento de Sabadell. Y para demostrarlo, echan mano de las ayudas municipales que otorgan. Si desde diciembre a marzo solo recibieron 11 solicitudes para la tregua invernal, de las que solo cuatro cumplían los requisitos, en ese mismo periodo 783 familias recibieron ayudas por valor de 68.200 euros del Ayuntamiento para pagar los recibos de luz y agua. En este caso, la diferencia radica en que el Consistorio es el que se hace cargo del pago de las facturas en los casos más extremos. “Es una forma de evitar que a las familias les corten la luz y no demoras la deuda”, resumen .

Lo mismo sucede en L'Hospitalet de Llobregat, la mayor población catalana tras Barcelona. Veinte de sus familias se han beneficiado de la tregua invernal, mientras que el Ayuntamiento dio 592 ayudas para suministros de hogar en 2013. En Santa Coloma han otorgado 214 ayudas en el primer trimestre de este año (en todo 2013 dieron 202). Y en Lleida, donde se han concedido 15 moratorias, las ayudas municipales cubren a 181 familias. “Hay muchas familias que antes pedir la moratoria y para evitarse todo el trámite optan por reducir al máximo el consumo y se duchan con agua fría”, apunta Manel Pérez, teniente alcalde del área de Servicio a las Personas del Ayuntamiento de Terrassa.

Las entidades sociales también critican con dureza cómo se ha diseñado la moratoria. Desde Cáritas, su responsable del Programa Sin hogar, Teresa Bermúdez, tacha la medida de “insuficiente” y de “operación de maquillaje que no soluciona el problema”. “Es muy difícil que si no han podido pagar el recibo, puedan hacerlo tres meses después y además con los importes acumulados. Así que si no te lo cortan en diciembre, lo harán en abril o mayo. Es alargar la agonía”, asegura Bermúdez, que exige a las administraciones más intervención para que “no se deje todo en manos del mercado libre”.

Eloi Badia, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, cree que la tregua invernal se montó como “una cortina de humo y de nuestras conversaciones con las compañías distribuidoras se demuestra que ellas tampoco querían que funcionara”.